Hoy viernes 4 de abril las autoridades estatales concluirán el análisis de los resultados de los Exámenes de Control y Confianza que se ordenaron para los 264 policías municipales de Rosarito. De acuerdo a información extraoficial proporcionada a ZETA, alrededor de 100 elementos, el 40 por ciento, tuvieron resultados no aprobatorios,
Al cierre de la presente edición, las autoridades detallaron que los resultados precisos se darán a conocer el sábado 5 de abril.
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De lo que sucederá con los policías, Héctor Manzo Ruvalcaba, secretario de Seguridad Ciudadana de Rosarito, dijo que quienes no hayan aprobado “serán suspendidos de manera inmediata y sus expedientes se pasaran a las Mesa de Honor y Justicia para que se inicie el proceso para su remoción”.
Respecto a la presencia de los agentes estatales en Rosarito, Hugo Torres, hotelero y presidente del Consejo Coordinador Empresarial, manifestó: “Ha sido terrible, están extorsionando a taxistas, ciudadanos, los restauranteros se quejan también, a todos; tenemos poca presencia de turistas y a ellos también los detienen, los abordan violentamente con armas largas, llegan en manada hasta cuatro patrullas, les quitan los celulares y los asustan, supuestamente se iban en diez días y llevan casi un mes”.
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En 27 días de actividades, cuatro elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) han sido reubicados, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido cinco denuncias y el órgano interno de la Secretaría de seguridad Ciudadana del Estado ha iniciado tres carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos por elementos de la FESC.
Previo a este reemplazo temporal, los elementos de la Policía Municipal de Rosarito fueron señalados anónimamente de cometer extorsiones, secuestro vehicular, cobro de piso, dar seguridad a criminales, permitir los escapes de asesinos y narcomenudistas e incluso de participar en privaciones de la libertad y homicidios. Algunos fueron investigados en carpetas de las fiscalías especializadas del Estado sin que hubiera consecuencias, salvo algunos casos de abuso policiaco, pero sólo dos agentes locales habían sido denunciados en la fiscalía en lo que va del año.
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Los policías locales de Rosarito fueron relevados el 6 de marzo para someterlos a Exámenes de Control y Confianza, y a punto de cumplirse un mes, la incidencia criminal en el quinto municipio bajacaliforniano se mantiene a la baja.
El primer bimestre de 2025, previo al relevo, se contabilizaron 33% menos denuncias con relación a los últimos meses de 2024 y 41% menos carpetas iniciada en comparación con el primes bimestre del año pasado. En marzo, ya en temporada del relevo, la reducción en comparación con el año anterior fue del 20%.
En el tercer mes del año se acentuaron los reportes de más aseguramientos de drogas, destacando los 58 kilos de cocaína -valuados en un millón 274 mil dólares- incautados el 1 de abril, tras una denuncia anónima presencial en la colonia Benito Juárez de Rosarito, donde la FESC localizó 47 cajas con 54 kilos 820 gramos del polvo blanco que eran manipuladas por tres sujetos detenidos frente a una casa en espera de ser cateada; también aprehendieron a dos hombres circulando en un auto en Calle Leyes de Reforma, en posesión de tres paquetes que contenían 3 kilos 376 gramos de la misma droga.
RECLAMOS PÚBLICOS
Durante esta breve gestión de la FESC en Rosarito, han destacado denuncias contra agentes estatales. El 21 de marzo, una veintena de manifestantes se presentaron en las oficinas del Ayuntamiento rosaritense para acusar a elementos de la Fuerza Estatal -que han suplido a los uniformados locales- de abuso de autoridad y robos.
En octubre de 2024, cuando la FESC relevó a 196 agentes del Valle Sur en Mexicali, las quejas fueron similares: agricultores y residentes se quejaron que, al igual que los municipales, los uniformados estatales “abusaban del cargo” y “cobraban”, argumentando “conductas sospechosas”.
En Rosarito, el escenario fue completado por un supuesto narcovideo de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con mínima presencia en el municipio, de acuerdo a información de Inteligencia de las corporaciones en la Mesa por la Paz y Seguridad de Baja California, ya que está controlado criminalmente por la fracción de Los Mayos del cártel de Sinaloa, a través de los operadores de los hermanos Alfonso y René Arzate, defienden a la FESC y evidencian relaciones criminales conocidas en la mencionada municipalidad.
En la imagen, cinco sujetos, dos de cada lado con armas largas, “escoltan” a uno al centro que mantiene un teléfono celular frente a sus ojos, todos visten de negro, encapuchados, con chalecos en los que se leen las letras CJNG en blanco al frente. Según el discurso de los criminales, es un mensaje para el pueblo de Baja California, en el que a nombre de un cártel dedicado al tráfico de droga, homicidios, secuestros y diversos delitos, acusan la existencia de “corrupción y narcogobierno” en Rosarito y Tecate. Los delincuentes señalan a la ex alcaldesa Aracely Brown y al policía Hugo Hernández Juárez de apoyar a Candelario Arcega, empresario del transporte detenido y liberado en 2009 por sus presuntas ligas con cárteles; y al ex subdirector de la Policía de Rosarito, César Pedro Silva Ibáñez, señalado e investigado por supuestas relaciones con la mafia sinaloense, sin que haya sido acusado judicialmente ni procesado.
Extrañamente, el encapuchado también defiende la administración del ayuntamiento encabezado actualmente por Rocío Adame Muñoz y la presencia de la FESC en el municipio, asegurando que las quejas públicas, manifestaciones y denuncias son parte de una campaña orquestada también por Brown y Hernández, apoyados por una reconocida reportera de Rosarito.
“Por análisis de indicios determinamos que el video es nuevo y real, el objetivo no es defender a las autoridades, sino afectar al cártel rival que es preponderante”, dijo el General Laureano Carrillo, titular estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
DENUNCIAS
Hasta el jueves 2 de abril, cinco ciudadanos habían presentado denuncias formales ante la FGE, todas, iniciadas por el delito de abuso de autoridad, y en dos de las carpetas agregaron robo.
Una fue el señor que publicó en redes que, en el exterior de su domicilio en Bulevar Guerrero, agentes de la FESC lo interrogaron, después ingresaron a su vivienda y se llevaron 8 mil 700 pesos en efectivo. Otro dijo que lo bajaron del auto para inspeccionarlo, y cuando se fueron, se dieron cuenta que se habían llevado 30 mil pesos que estaban en una bolsa.
Consultado al respecto, el fiscal regional de Rosarito, Arturo Mandujano Quezada, expresó que todas las víctimas refieren un modus operandi similar: “Ellos siempre trabajan en dos unidades, por el tipo de capacitación que tienen, cuando llegan a abordar algún vehículo y descienden los cuatro elementos de la unidad con arma larga. Lo hago en referencia porque es muy diferente a la forma de abordar de un policía municipal o incluso los agentes estatales de investigación”.
Una vez que los abordan en la calle -refieren las víctimas-, regularmente les piden nombre completo, una identificación, tarjeta de circulación y teléfono celular, que de acuerdo al fiscal, sólo se pueden requerir sin orden de un juez, cuando existe un señalamiento o denuncia directa, ya que técnicamente el teléfono no es objeto de delito.
Después inspeccionan el vehículo, ordenando que no bajen nada y ponen a los dueños a metros del auto. En algunos casos, bajaron a los denunciantes la fuerza y con insultos: “Bájate, hijo de tu puta madre”, les preguntan “¿Para quién trabajas?” y “¿Dónde están las drogas?”, con la amenaza de que si no cooperan, les sembrarán droga, los detendrán o subirán a la patrulla.
“Las investigaciones están en proceso, la información no está totalmente corroborada, aún falta acreditar la preexistencia del dinero denunciado. Sólo en dos carpetas, las patrullas y los agentes fueron directamente señalados”, explicó el fiscal.
Son los cuatro agentes que reubicaron en otro municipio para que no afectaran la investigación. “Para las otras solicitamos el rol de servicio y estamos revisando cámaras de vigilancia en la zona y horarios señalados por las víctimas para identificar las unidades, los reportes al C5, porque ellos deber reportar cuando van hacer una intervención”, agregó.
“La FESC trae 21 unidades, todas con GPS, activas aquí en el municipio, si consideramos que operan en grupos de dos. Entonces, traen 10 unidades y un supervisor, en los diferentes sectores. Entonces, no es tan complicado que podamos obtener la información, la semana pasada nos reunimos con el director de la Fuerza Estatal”.
Con información al calce, oficialmente el 6 de marzo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado informó que los policías de Rosarito serían reemplazados por 180 oficiales de la FESC, usualmente circulan tres o cuatro por patrulla; para movilizarlos, serían necesarias 45 unidades.
En cuanto a la denuncias, “es importante recalcar que en muchos de los casos las víctimas no le dan el seguimiento, por ejemplo, nos podrían dar acceso a la geolocalización de sus teléfonos al momento que fueron abordados, para avanzar, pero no sucede y se complica, pedimos a las víctimas que confíen y denuncien, estamos trabajando, sólo en lo que va del año hemos recibido dos denuncias contra policías municipales por abuso de autoridad y en una ya tuvimos sentencia”, concluyó Mandujano.
El señor Ramón Cubillas, quien en la manifestación aseguró que los FESC le sembraron droga para detenerlo en el Bulevar Popotla junto con su hijo de 14 años, los golpearon y esposaron, robándoles celulares y dinero, para depués ser liberados porque se declaró ilegal la detención, no ha presentado denuncia por abuso ante la fiscalía estatal.
Tampoco ha acudido a la FGE la mujer que en redes sociales se identificó como Camila y denunció que elementos de la FESC la detuvieron en la colonia Reforma, revisaron su celular, donde encontraron fotos sexuales que compartió con su pareja e hicieron que su padre les entregara 35 mil pesos para que no las difundieran por internet.
En entrevista con el General Laureano Carrillo, a su vez titular del Centro de Coordinación Operativa Estatal (CECOE), reiteró que no se permitirán, que además de las carpetas iniciadas en la fiscalía en las que están cooperando con información, el órgano de control interno retomó tres denuncias de redes sociales y el personal está rastreando a los denunciantes, pero aún no los han localizado.
Se le preguntó por la chica que dice que les cobraron para no exponer fotografías de su desnudez: “Por ejemplo, no la hemos encontrado. No tenemos a la parte afectada, pero a los agentes sí los tenemos, sabemos quiénes estuvieron en la zona en los horarios señalados, pero obviamente ellos niegan los señalamientos, por eso seguimos buscando elementos para confirmar los señalamientos”.
Al mismo tiempo, con trabajo de Inteligencia investigan que una parte de los reclamos que no se han oficializado en carpetas de investigación, pueden ser por “la molestia de algún sector que pudiera no estar contento con nuestra presencia por los resultados que estamos obteniendo” expuso el director de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.
“No hemos detenido objetivos prioritarios con mando, no hemos detenido, la mayoría de los 40 aprehendidos tienen que ver con narcomenudeo, sin embargo, consideramos que la molestia es que por el hecho de estar ahí ya es una cuestión disuasiva, y el que no estén los policías también afecta porque no tienen libertad de acción”.
Para finalizar, “hay personas que se han acercado conmigo, empresarios, ciudadanos, que nos han dado su apoyo y han manifestado que están a gusto porque está la Fuerza Estatal ahí”, expuso el General Carrillo.
Como parte de este proceso de relevo y depuración en Baja California, en el caso de la zona Valle Sur de Mexicali, durante octubre de 2024, de 197 oficiales municipales relevados, 160 elementos aprobaron los exámenes y 36 los reprobaron. Igualmente, en enero de 2025, en Tecate 91 policías aprobaron y 100 reprobaron los tamizajes de confianza; en este caso, el alcalde Román Cota informó que la Comisión de Desarrollo Policial decidiría cuántos de ese centenar serían dados de baja y a cuántos se les daría una segunda oportunidad al remitirlos a un segundo examen.
