La Fiscalía General del Estado (FGE) ha registrado 102 denuncias por sustracción de menores durante 2025, en Tijuana. Aunque no en todos los casos, continúan repitiéndose situaciones en las que los hijos se convierten en rehenes indirectos, ante la negativa de uno de los padres de permitir la convivencia con el otro.
Entre el centenar de casos en el municipio fronterizo se encuentra el de Alejandra Villanueva, madre de dos mellizos de 11 años, a quienes no ha logrado ver desde el pasado 30 de enero. Aquel día iría por ellos, pero su expareja, Rafael N., ya no le permitió verlos.
Publicidad
“Nosotros tenemos un convenio firmado, en donde no existe ningún impedimento para ver a los niños, puedo verlos cuando yo quiera, solamente le tengo que avisar”, explicó. Sin embargo, éste fue incumplido.
Según abundó Villanueva, aquel día, cuando intentó verlos, el padre de los niños le solicitó firmar unos documentos para tramitar el pasaporte de los menores, pero ella prefirió ver el caso con su abogado.
Publicidad
Actualmente, está recibiendo un tratamiento médico en Estados Unidos, por lo que realiza el seguimiento de la denuncia a distancia, pero instó a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación transparente e imparcial para que pueda ver nuevamente a sus hijos.
“Cada día que pasa sin verlos es una batalla en mi corazón. No hay un solo instante en el que no piense en ustedes, en sus risas, en sus abrazos, en los momentos que nos han sido arrebatados. Estoy luchando con todas mis fuerzas para volver a estar con ustedes, porque mi amor de madre es más fuerte que cualquier obstáculo”, compartió.
Publicidad
Estephania Plascencia, cofundadora del Colectivo Cesodi, compartió que la fundación ha brindado acompañamiento a múltiples casos de sustracción de menores, la cual se ha utilizado como una forma de violencia vicaria, en la que los agresores retienen a hijas e hijos para ejercer poder y castigar a las madres, muchas veces con la omisión o incluso la validación del sistema judicial.
“Actualmente, en México no existe una base de datos pública y centralizada que permita conocer con precisión cuántas niñas, niños y adolescentes han sido sustraídos, ya sea en contextos de violencia familiar, vicaria o por conflictos de custodia. La información se encuentra dispersa entre distintas instancias y suele clasificarse bajo términos generales como ‘retención de menores’ o ‘secuestro’, lo que impide dimensionar adecuadamente la magnitud del problema”, complementó.
Por ello, destacó que, con base en una estimación realizada a partir del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI) y datos de la OMS sobre la prevalencia de violencia en menores, en Baja California más de 580 mil niñas, niños y adolescentes viven en contextos de violencia o procesos judiciales, siendo Tijuana la ciudad que encabeza la lista con más de 271 mil casos.
“Cuando el sistema falla en escuchar y proteger a las infancias, también perpetúa la violencia”, concluyó.
