Mientras AMLO utilizó su popularidad para usar la revocación de mandato como una estrategia política y movimiento de masas, los gobernadores decidieron no arriesgarse y sepultar el ejercicio democrático
El legado político del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, es cada vez más una herramienta hueca de legitimación y menos un ejemplo o ideología de gobierno, pues en la medida que avanza el nuevo gobierno de su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, las viejas propuestas y promesas que lo hicieron llegar a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal en 2018, se van perdiendo.
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Durante la campaña presidencial de López Obrador, una de las principales promesas de campaña fue la de “empoderar” a la ciudadanía mediante la definición de mecanismos de revocación de mandato. Sí bien se trató de un ejercicio de retórica y de simulación, la realidad es que cumplió con su compromiso a mitad de su sexenio.
Pero su ejemplo no permeó en los gobernadores de Morena, entre ellos el de la mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien “olvidó” una de las principales promesas de Morena, que pretende materializar aquello de “el pueblo pone, el pueblo quita”, tan socorrido por el ex presidente.
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Ya pasaron los tres años y la gobernadora no promovió ni estructuró una reforma constitucional para abrir la posibilidad a la revocación de mandato mediante el voto popular, como la que plasmó el patriarca vinotinto.
El artículo 12 de la Constitución Política de Baja California, establece claramente cuáles son los mecanismos de revocación de mandato disponibles para la ciudadanía, en caso de que decida remover al titular del Poder Ejecutivo, sea cual sea el motivo. La Ley establece el juicio político ante el Congreso del Estado como la vía para remover a un mandatario; también establece una probable responsabilidad penal grave y una incapacidad de cualquier índole para ejercer el cargo, así como una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Con un poder abrumador como el que tiene Morena en el servicio público, prácticamente todas esas opciones son imposibles para cualquier mandatario.
La gobernadora ignoró por completo definir mecanismos legales para permitir la revocación de mandato mediante el voto popular, mediante un marco legal sencillo y factible, pues como es sabido, las herramientas de participación ciudadana son letra muerta en Baja California.
No hubo un compromiso por evaluarse ante la ciudadanía ni en ofrecerle una nueva herramienta para evaluar a sus servidores públicos. En cambio, la Oficialía de Partes del Poder Ejecutivo llamada Congreso del Estado, demostró una y otra vez que cuando la mandataria estatal desea alguna reforma -incluso constitucional- sólo basta que chasque los dedos para que sea su voluntad.
Sí no lo consideran creíble, basta con recordar cuando Ávila Olmeda aseveró que si ella deseara emprender una reforma a la Ley de Issstecali, bastaba con presentarla porque -aseguró- tenía los votos en el Congreso para hacerlo; o bien, la atropellada forma en que se activaron el Poder Ejecutivo y Legislativo para impulsar la reforma judicial en Baja California, con la intención de someter al voto popular el nombramiento de personas juzgadoras.
Desde el mes de agosto del 2020, los diputados tienen una iniciativa donde se define jurídicamente la revocación de mandato mediante el voto popular. La reforma impulsada por el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, era pésima y el 80 por ciento de la misma era un plagio de otra reforma presentada a nivel federal por el PT, en el año 2012.
Por tratarse de un gobierno de dos años, resultaba prácticamente imposible que Bonilla Valdez se sometiera a la revocación de mandato, pero aun así preparó una iniciativa y la dejó para su análisis en el Poder Legislativo. Sin embargo, tras casi cinco años del último esfuerzo por legalizar la revocación de mandato, es el único esfuerzo de un gobierno morenista por tratar de hacerlo una realidad.
A los morenistas se les olvidaron las inconformidades de la ciudadanía y las promesas que los llevaron al poder. Cuando muchos de ellos eran activistas, impulsaban la participación ciudadana; pero ahora, en la comodidad del poder, pareciera que las prioridades cambiaron.
Esto no es responsabilidad exclusiva de la gobernadora, pues todos los diputados morenistas conocen los estatutos de Morena y la historia de cómo llegó su líder moral a la Presidencia de la República.
Entendiendo que se tuvieron dos oportunidades, pues tanto en 2024 y 2025 se tenían agendadas elecciones, ¿qué pasaría sí la gobernadora se sometiera a la revocación de mandato mediante el voto popular?
¿Sería avalada o rechazada? ¿La ciudadanía saldría votar de forma desbocada para respaldar o rechazar a Ávila?
Las preguntas se quedan cortas ante la realidad: a nadie le importa seguir la narrativa de AMLO.
