La Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión desechó, el 20 de marzo de 2025, iniciar un análisis de proceso de desafuero en contra deCuauhtémoc Blanco Bravo -gobernador morelense, desde el 1 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2024-, acusado del delito de violación en grado de tentativa, presentada por su media hermana, Nidia Fabiola “N”.
“La Sección Instructora desechó la solicitud de declaración de procedencia contra Cuauhtémoc Blanco, ya que la carpeta presentada por la Fiscalía de Morelos carece de una investigación técnica y profesional”, escribió Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de dicha instancia legislativa en San Lázaro.
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Después de la votación, la cual contó con tres sufragios contra uno para desechar iniciar el proceso contra Blanco Bravo, el proyecto presentado por Flores Cervantes pasaría al Pleno de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, donde se preveía que fuera rechazada, con lo cual regresaría a la Sección Instructora de San Lázaro.
“La solicitud de juicio de procedencia presentada por la Fiscalía de Morelos carece de elementos para cumplir los requisitos para ejercer acción penal. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados no puede sobrepasar sus funciones y se apega a lo establecido por el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, indicó Flores Cervantes, en un comunicado.
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El diputado federal señaló que “en la Carpeta de Investigación únicamente se apreciaba que la institución ministerial recibió la denuncia y realizó su ratificación. Sin embargo, de la propia denuncia se podía advertir que en el lugar de los hechos, donde presumiblemente se desplegó la conducta infractora, se encontraban diversas personas en ese día y hora, cuyas entrevistas en ningún momento fueron recabadas por el órgano ministerial”.
“Tampoco se llevaron a cabo diligencias pertinentes e idóneas para acreditar el hecho delictuoso y la presunta responsabilidad, como pudieran ser la técnica pericial para recabar mayores datos de prueba, el informe detallado del lugar de los hechos, la intervención de perito en materia de criminalística o alguna inspección ocular. Asimismo, tampoco se desprende algún otro dato que precisamente ubique la conducta que se denuncia”, agregó Flores Cervantes.
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“En este momento, únicamente se cuenta con dos dictámenes periciales en psicología que resultan contradictorios. En uno de ellos se concluye que la víctima no presenta daño psicológico como consecuencia de un delito de carácter sexual, mientras que el segundo, realizado dos meses después, establece que, de acuerdo con los datos obtenidos en la pericial, sí se presenta una afectación emocional de la víctima derivada de un delito sexual”, abundó el diputado federal.
“Sin embargo, ambos peritajes fueron realizados con la misma técnica y por peritos de la misma Fiscalía. Además, su contenido contempla deficiencias y, sobre todo, no se sometieron a los lineamientos y directrices ordenados en dicho Protocolo. Ante ello, es posible advertir que la Carpeta de Investigación adolece de una mayor investigación que arroje hasta este momento elementos que permitan atender la solicitud de Declaración de Procedencia en los términos en que se formula”, enfatizó Flores Cervantes, quien insistió que la determinación de la Sección Instructora era “absolutamente jurídica y no tiene ninguna consideración de carácter político”.
“No puede basar sus decisiones en una investigación deficiente, ya que no tiene entre sus facultades la investigación; no es ni Ministerio Público, ni fiscal, ni juez. Es importante mencionar que se dejan a salvo los derechos de la presunta víctima en virtud de los propios supuestos de la ley. Esta situación corresponderá directamente a la Fiscalía del Estado de Morelos, que actúa en su función de representante social”, finalizó el diputado federal.
