Era fin de semana y un tijuanense departía con amigos en algún bar de la calle Sexta del centro de la ciudad, ahora tan promovido por el alcalde y su asesor estratégico, Carlos Torres; un brindis, otro y uno más, para al retirarse del lugar solicitar un transporte de aplicación (Uber) para no manejar, como se recomienda con algunas copas de más. El conductor tomó hacia la calle Segunda y en la prolongación de la misma, pasando el panteón Jardín, le esperaba un retén de alcoholímetro. No se anticipaba problema, pues el conductor de Uber no había ingerido bebidas alcohólicas, pero el policía municipal le hizo una extraña pregunta: que dónde había recogido a su pasajero. Cuando le informó que de la calle Sexta, el oficial se centró en hostigar al usuario del transporte que iba en el asiento trasero. Con lámpara en mano, le echó la luz, le exigió que bajara el vidrio y, en un tono elevado, empezó a cuestionarlo: ¿De dónde viene? ¿Tomó? ¿Qué trae en esa bolsa? E incluso, contra toda norma -dado que el pasajero era eso y no manejaba además de no haber cometido disturbio alguno-, le pidió que se bajara del auto. Por supuesto el pasajero le dijo que no lo haría, porque no había motivo. Aunque tal reacción no fue del agrado del municipal, lo “dejó ir” después de la inspección. La cuestión es que la misma policía municipal recomienda que si tomas, no manejes; que se elija a un conductor sobrio o se contrate un servicio de transporte. Pero ahora les da por interrogar a los pasajeros. Las denuncias contra el personal de los filtros de alcoholemia, que involucran a policías operativos, sindicatura, servicios médicos y jueces municipales, ya se han convertido en un problema para el Ayuntamiento de Tijuana. Sobre todo, las quejas contra los grupos llamados “Operativo Tornado” y “Operativo Cimarrones”.
Policías abusivos

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