Reformar a una tipificación por tentativa de feminicidio, aún queda pendiente entre las recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para el Congreso del Estado de Baja California.
“Incluso cuando emitimos la recomendación del feminicidio de Dariela, les mandamos una copia al Congreso del Estado, porque hay un punto en los considerandos en el cual pedimos que se legisle, tipifique, el delito de tentativa de feminicidio, tipo penal que no está en Baja California en el Código Penal explícitamente”, compartió Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Ante ello, la diputada Michel Sánchez Allende, señaló que es un tema en el cuál se continúa trabajando, pues se inició con las diversas agravantes al tipo penal de feminicidio, pero estiman que este año pueda presentarse la iniciativa.
“Quedamos en este compromiso por qué la Comisión de Derechos Humanos emitió recomendaciones al poder legislativo de hecho, sobre el tema de legislar la tentativa de feminicidio. Entonces estamos trabajando en un borrador para después irnos a un foro, a una mesa de trabajo, invitar a víctimas, escucharlas, avanzar a presentarlas. Es mi interés que este año se presente, para eso ocupo hacer unas mesas de trabajo; sin embargo es un compromiso de esta servidora”, aseguró.
Fue el año pasado, en 2024, cuando presentó la reforma al tipo penal de feminicidio, con agravantes si el delito era cometido por una persona que usa una plataforma de movilidad, es hecho por más de dos personas, es realizado frente a la familia, es contra una mujer indígena, embarazada o una niña.
“La verdad es que trabajamos con enfoque de derechos humanos está reforma, sin embargo, el tema de la tentativa no lo pudimos sacar, por el tema de tiempos, mesas de trabajo, fiscalía”, abundó.
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Asimismo, destacó que ante la aprobación de la Ley Dariela se busca la manera de presionar a las autoridades a que estén capacitadas en materia de igualdad y prevención de violencia, pues a partir de febrero de 2026 será obligatorio que los poderes judicial, ejecutivo y legislativo planteen sus lineamientos de capacitación en dichas materias. En caso de que no asistan puede haber sanciones administrativas, e incluso impedimento de ascensos en puestos laborales.
Para dichas capacitaciones, este jueves 27 de marzo, se realizó una firma de convenio de colaboración entre el Congreso del Estado de Baja California y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para brindar las capacitaciones en las diversas materias.
“El hecho de formalizar los acuerdos para llevar a cabo capacitación al personal del congreso del estado, hay una apertura, de parte del congreso para que la comisión demos capacitaciones en distintos temas”, compartió.
Y agregó: “algo muy importante, si nos piden una opinión, es una gran oportunidad, para que en un momento dado se hagan las modificaciones pertinentes para que se aplique con esta perspectiva; y no al rato estemos presentando una acción de inconstitucionalidad”.