El Congreso morenista de BC puede promover iniciativas desde la ignorancia jurídica y presumirlo, sin importarles que sus propuestas no pasen la prueba de legalidad de la SCJN
Desde el mes de julio del 2019, nada fue igual en el Congreso de Baja California, e independientemente de los diputados que precedieron a la XXII Legislatura -la última de mayoría panista-, la práctica legislativa ha quedado exhibida por sus propias deficiencias e ignorancia, tanto de diputados como de sus mismos asesores legales.
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El pasado lunes 26 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se vio obligada a volver a dejar en ridículo al Congreso de Baja California con la reversa a las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado, que permitía a policías preventivos extender su periodo de uso de armas de cargo, como una medida de protección ante la realidad de violencia que se vive en la entidad.
El planteamiento fue promovido por los diputados Juan Manuel Molina y Diego Echevarría de Morena y PAN, respectivamente, quienes abrieron las puertas del Congreso a abogados y policías para articular una ley que definiera las condiciones en las que un agente pudiera mantener su arma de fuego fuera del horario laboral.
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La SCJN se fue por lo más sencillo y dejó claro que el legislador local no tiene injerencia en modificar normatividad relacionada con el uso de armas de fuego, pues es de competencia exclusivamente federal, sepultando así las ilusiones de quienes impulsaron la iniciativa.
Desde el 2019 que asumieron los diputados morenistas al poder, un gran porcentaje ha logrado alcanzar la reelección directa y parlamentarios, como Juan Manuel Molina, Araceli Geraldo, Ramón Vázquez Valadez y Julia Andrea González, por mencionar algunos, que han repetido todas las legislaturas morenistas, pero, aun así, un número considerable de reformas siguen siendo rechazadas por instituciones jurisdiccionales.
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Basta con recordar que, en julio del 2019, a escasos días de concluir la Legislatura, el Congreso de Baja California aprobó el fraude constitucional coloquialmente conocido como Ley Bonilla, con la que el ex senador y ex ingeniero Jaime Bonilla Valdez, intentó llevar a cabo un abuso al ampliar el mandato del gobernador de dos a cinco años, uno de los escándalos legislativos más grandes registrados en los últimos años en el país.
Luego de ser severamente criticado y que hasta los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se escandalizaron por el intento de los entonces bonillistas, la propuesta fue sepultada.
A estos se les suman las reformas al Poder Judicial que pretendía suprimir el Consejo de la Judicatura del Estado, además de abrir la posibilidad de que el gobernador o gobernadora pudiera designar directamente a los magistrados; la reforma fue desechada.
También recordar los impuestos creados en contra de empresas gasolineras, donde hasta Pemex terminó por ampararse ante la posibilidad de que le cobraran impuestos ilegales.
Así podemos ir en diversos rubros, como en la creación del Instituto de Movilidad Sustentable, donde varios artículos fueron derogados por considerarlos ilegales. O incluso la reforma constitucional y a la Ley de Partidos Políticos, que provocó un recorte al financiamiento de los organismos locales, pero que incrementó sustancialmente el recurso de prerrogativas al PES, de la familia Hank, hasta superar los 100 millones de pesos, es decir, más de tres veces más que el recurso que recibe Morena, cuando en la última elección recibió una votación que apenas alcanzó el tres por ciento.
No hay otra forma de explicarlo que mediante una mala práctica legislativa.
El Congreso de Baja California tiene diputados que repiten en los cargos, pero aun así proponen y aprueban iniciativas sin el menor temor al rechazo o la ilegalidad; han normalizado empujar reformas ilegales o carentes de sustento, bajo el argumento de que se busca la “transformación del país”.
Los diputados de Baja California son el ejemplo claro de porqué la profesionalización de los legisladores no se concretó con la reelección.
