Dentro de un predio campestre asentado en el corazón del Valle de Guadalupe, en Ensenada, fueron localizados anexos cutáneos (uñas y piezas dentales) al interior de una residencia de donde el contratante aseguró que desaparecieron cinco de sus jornaleros.
Los hechos ocurrieron el viernes 6 de marzo en una propiedad de diez hectáreas, ubicada en la intersección de calles Tierra Santa y Monte Parnaso, camino hacia Los Olivares, en el Ejido El Porvenir. El sitio fue asegurado por la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE)
Esa misma noche, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informaron que detuvieron en esa misma calle a seis personas en posesión de armas y droga, presuntamente metanfetamina.
Los detenidos fueron identificados como: Rogelio Abraham Moreno Castaño, de 26 años; Jesús Manuel Casares Palma, de 22; Jesús Juven Vida Zazueta, de 19; Ricardo González Rubio, de 53; Mario Alfonso Vizcarra Cárdenas, de 39; y Gilberto Epifania Niebla Heredia, también de 39.
El hombre que denunció a los desaparecidos informó que los detenidos también eran sus trabajadores.
Sobre los desaparecidos, hasta el momento sólo se ha identificado a tres: Juan Edgardo Pérez, Efrén Rai Ordaz y Ángel “N”. La FGE informó que únicamente tiene documentada una denuncia por desaparición relacionada con el caso.
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De acuerdo con el jefe de los 11 trabajadores y posesionario del rancho, identificado como Arturo, él viajó personalmente a Culiacán, Sinaloa, para contratar a siete de ellos, por lo que se siente responsable del bienestar del grupo laboral.
“Por los de Sinaloa fui -refiriéndose a los trabajadores- porque un tío me dijo, literal: ‘allá se están muriendo de hambre, la están pasando mal, no hay trabajo por la inseguridad’”, relató.
En el caso de Ángel, uno de los desaparecidos, su familia lo espera en Sinaloa.
“Yo fui por él -trabajador- a su casa, vi a su hijo, me despedí de su esposa y de su familia”, agregó el empresario.
Acerca de las armas aseguradas a los detenidos, el empresario reconoció que dos de ellas le pertenecen y que están registradas. “Son para defenderme”, afirmó.

FUERON GROSEROS Y CIRCULABAN A EXCESO DE VELOCIDAD
De acuerdo con la versión oficial, fue el viernes 7 de marzo, alrededor de las 7:20 p.m., en la delegación de El Porvenir, cuando los agentes municipales realizaban un recorrido preventivo sobre la carretera Olivares.
El parte policiaco dice que mientras patrullaban detectaron que una camioneta negra circulaba a exceso de velocidad, por lo que ameritaba una infracción al Reglamento de Tránsito. Sumado a esto, el conductor no respetó el alto y por ese motivo los agentes encendieron los estrobos.
El conductor de la camioneta continuó su ruta y se detuvo hasta llegar a la calle Monte Parnaso.
Mencionaron en el parte policial que al aproximarse, el conductor adoptó una actitud agresiva, con groserías y se negó a proporcionar la identificación o los documentos del vehículo.
En ese momento descendieron cinco ocupantes más, con la misma actitud presuntamente agresiva, provocando que los policías los esposaran y les revisaran el automóvil, donde encontraron droga, armas y cartuchos.
Los detenidos fueron trasladados a la Estación Central de Policía, donde se les realizó la certificación médica correspondiente, y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por los probables delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos útiles y probable posesión de sustancias ilícitas.
EXISTE UNA DISPUTA POR ESA PROPIEDAD; HAY AMENAZAS
Arturo, el empresario de Tijuana, relató que en 2024 inició los trámites para adquirir el rancho que en aquel entonces se llamaba “Alemath”. Se trata de un predio de diez hectáreas, que meses después descubrió que el vendedor lo había comercializado con otra persona. Esto desató un conflicto que escaló rápidamente.
El empresario aseguró que tanto él como el otro comprador convivieron con el vendedor dentro del rancho, pero la tensión aumentó hasta llegar a amenazas de muerte.
“Hubo momentos de crisis en los que nos enfrentamos verbalmente. Yo no quería salir porque ya había invertido en remodelaciones como césped, pintura y otras mejoras. Pedía que me devolvieran parte del dinero”, explicó.
Desde entonces, el vendedor dejó de responderle y sólo le dijo que su vida corría peligro.
“Me advirtió que el nuevo dueño está molesto y que es parte de la mafia”, denunció y presentó los audios al Semanario ZETA.
Respecto al interior de la propiedad, después de la desaparición, hay imágenes que muestran signos de violencia y vandalismo en las habitaciones. La casa quedó en completo desorden, con ropa, zapatos, cabello y dientes esparcidos en el suelo.
El empresario narró que, al enterarse de la desaparición de sus trabajadores, intentó contactar al vendedor para proponerle abandonar la propiedad con una sola condición: que regresaran con vida.
“Si el señor quiere que me vaya, me voy, pero que devuelvan a la gente”, suplicó.
Horas antes de la detención y desaparición, Arturo había llevado a 11 trabajadores al rancho, asegurándose de que tuvieran comida y agua. Al día siguiente, intentó comunicarse con ellos, pero sus llamadas no fueron respondidas.
“Se me hizo raro, porque en esa zona han ocurrido muchas desapariciones”, comentó.
Admitió que las armas incautadas eran de su propiedad, no de los jornaleros.
“Las tenía para mi seguridad, porque ya hay antecedentes de asesinatos en ese lugar. El anterior dueño del rancho fue asesinado y sólo supe de esto después de cerrar el trato de compra”, reveló.

Por ello, Arturo defendió su derecho a portar armas.
“Tengo permiso y estaban dentro de mi propiedad. Cuando me enteré del homicidio del dueño anterior, decidí protegerme. Aquí, si llamo a la policía, puede que nunca lleguen o que sean ellos mismos quienes me entreguen”, dijo.
Sobre el giro del negocio que pretendía operar en el rancho, aseguró que su familia ha estado en el sector turístico en Tijuana por años y que su intención era dedicarse a la renta de cabañas en la Ruta del Vino.
Además, junto con su equipo, planeaba sembrar calabaza, tomatillo verde y cilantro para exportación a los Estados Unidos.
Por eso, mencionó que los trabajadores eran jornaleros de Sinaloa, acostumbrados al cultivo de tomate y maíz.
“Estuvieron aquí un mes o dos. Jamás imaginé que al día siguiente de dejarlos en el rancho pasaría esto”, lamentó.
Aunque la comunicación con los jornaleros no era constante, ya que había un encargado de cuadrilla llamado Rodrigo, reiteró que eran personas dedicadas al campo. Ahora, exige respuestas sobre su paradero y la seguridad en la zona.
DESAPARICIONES GENERAN INCERTIDUMBRE
En Ensenada, el tema sigue activo principalmente en redes sociales. En cuanto a la detención de estas personas, el director de Seguridad Pública, Alejandro Monreal Noriega, respondió que hasta el lunes 10 de marzo no tenían ninguna denuncia formal sobre la desaparición.
“No hay nada formal en este tema, con la agencia de homicidios hemos estado trabajando desde el sábado. Hay que recordar que ese lugar donde mencionan en esas redes sociales, es el lugar donde fue detenido un grupo delictivo, los seis detenidos con armas de fuego, droga y cartuchos”, indicó Noriega.
“En este momento se está llevando a cabo la audiencia; estoy en comunicación con la subdelegada de la Fiscalía de la República para su turnación”, agregó.
También comentó que iba bien el avance para judicializar el caso de este grupo delictivo, y pidió a las personas dejar de crear pánico en redes sociales sobre este tema de desaparecidos.
“No le da una buena imagen a la comunidad de Ensenada, y el trabajo que está haciendo la autoridad municipal en coordinación con los tres niveles de gobierno debe resaltarse en este tema”, mencionó y pidió a la audiencia replicar este discurso.
FGR VINCULA A LOS SEIS
La audiencia de vinculación a proceso de los seis detenidos por la policía municipal se llevó a cabo el viernes 14 de marzo, por el delito de portación de arma así como de drogas.
El defensor de los detenidos presentó tres testimonios de familiares de los trabajadores desaparecidos, pero el juez determinó que en ese punto del proceso no afectaban el caso.
El juez escuchó los argumentos presentados por la fiscalía y determinó que había elementos suficientes para proceder con la vinculación. Aunque previamente analizaron las evidencias para evitar que algún error pudiera afectar la investigación.
Para iniciar la carpeta de investigación, y ampliar las pruebas, la FGE y la FGR realizaron trámites para el intercambio de información con la fidelidad de esclarecer el delito y dar con la ubicación de los buscados.