La titular de la Contraloría del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Cristina Buendía Soto, confirmó que han iniciado la investigación de expedientes por orden de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego que se publicaran los resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023, donde Baja California Sur figuró como una de las entidades con el mayor monto sin documentación que compruebe el ejercicio de recurso público.
La contralora aseguró que hasta el momento el Gobierno del Estado no ha sido notificado oficialmente por parte de la ASF, una vez que el órgano federal lo haga, las autoridades estatales tendrán un plazo de 30 días hábiles para solventar las observaciones.
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“De momento , efectivamente no hemos sido notificados; al gobernador le tienen que notificar de manera oficial. A partir de que él queda notificado, tenemos 30 días hábiles para seguir solventando”, reiteró.
Mientras tanto, la Contraloría del Gobierno trabaja como enlace de las ejecutoras ante la ASF, sin embargo, aunque la indicación es abrir expedientes de presunta responsabilidad administrativa, se trata únicamente de casos no graves.
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“Nosotros iniciaríamos con una investigación, en esa etapa también existe la posibilidad de presentar la documentación que solvente esas observaciones. A nosotros nos remite la Auditoría Superior de la Federación únicamente faltas no graves, recuerden que en lo local, las faltas graves, nosotros integramos, substanciamos y quien resuelve es el Tribunal de Justicia Administrativa aquí en el Estado; las no graves lo hacemos nosotros en Contraloría”, explicó.
A diferencia de otros procesos de investigación por responsabilidad administrativa donde se han detectado faltas graves posteriormente remitidas a instancias de justicia, Buendía expuso que “no hay esa posibilidad”, ya que la ASF envía sólo casos específicos a la Contraloría del Estado.
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Afirmó no tener el dato exacto de cuántos expedientes están trabajando, sin embargo, en el documento de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 se precisa que son 27 acciones para solicitar procesos de responsabilidad administrativa.
Cabe recordar que el Gobierno del Estado de Baja California Sur presenta un monto sin aclaración superior a 3 mil 200 millones de pesos, siendo la cuarta entidad federativa con la mayor cantidad de recurso sin comprobación.
En tanto, el gobernador Víctor Castro Cosío declaró que no hay desvíos de recursos ni peculado en su mandato, recalcando que esa situación deriva de errores administrativos.
