De acuerdo a cifras proporcionadas por el Ayuntamiento de Tijuana, actualmente existen 40 mil 382 permisos de operación sujetos a inspección; también seis mil 106 permisos de comercio ambulante; y tres mil 007 trámites que requieren supervisión de inspectores: 254 son de edificaciones, 319 de usos de suelo, 1 mil 773 de actividades mercantiles, 78 de urbanización y 583 en las delegaciones. Y todos, víctimas potenciales de extorsión.
Actualmente, constructores que señalan a inspectores de la Dirección de Administración Urbana (DAU) porque les cobran de 200 a 300 mil pesos por las aprobaciones de permisos; jueces que cobran por suspender sanciones económicas; multas de 200 mil pesos por envolver cargamentos de frutas con periódico, una falta inventada; retenes que pretenden extorsionar a usuarios de UBER; jóvenes sancionados por “conducir drogados”, sin hacerles antidoping; entre otra, son denuncias recibidas en ZETA por temas de extorsiones en el XXV Ayuntamiento de Tijuana.
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Los ciudadanos afectados realizan el reclamo anónimamente por temor a represalias. Pagan y se convierten en cómplices del delito, para evitar que les clausuren las obras, les cierren lo locales o los despojen de sus automóviles, quitándoles así la posibilidad de seguir trabajando.
Además, argumentan que de poco sirve denunciar porque aseguran no hay resultados. Un hecho que respalda esta versión es que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGEBC no tiene ninguna carpeta de denuncia, iniciadas por el delito de extorsión en contra de algún funcionario, municipal o estatal en Baja California, según informaron a solicitud expresa de ZETA.
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Se puede acusar del delito de extorsión a quien “para obtener lucro” obligue a otro a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio, y “se le impondrá prisión de 7 a 12 años”, por tratarse de sentencias mayores a cinco años, de ser encontrado culpables no podrán compurgar la pena en libertad.
Si el extorsionador es funcionario público, la pena aumenta “hasta una mitad más”, por lo que serían de 10 años y medio hasta 18 años de cárcel, y 500 días de multa, que actualmente son 56 mil 570 pesos.
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“Si han presentado denuncias por temas similares, tal vez se consignaron por delitos diferente en las fiscalías regionales”, argumentaron desde la FGE.
Esos delitos serían abuso de autoridad, cohecho o peculado; el problema es que las penas en esos casos son favorecedoras para el delincuente, de uno a tres años en promedio; incluso pueden cumplir las sentencias en libertad.
El caso público más reciente de presunta extorsión en el XXV Ayuntamiento de Tijuana, lo protagonizó el ex juez Héctor Torres, quien solicitó dos mil pesos por una presunta multa de cuatro mil pesos; lo videograbaron y exhibieron en redes sociales y la Secretaría de Gobierno anunció que lo destituyó el 5 de marzo.
Pero técnicamente el gobierno no lo removió. Consultado, el Consejero Jurídico Alejandro Rivera Huerta informó que a Torres le pidieron la renuncia y firmó sin problemas. Por su parte, la Síndico Procuradora Teresita Balderas Beltrán comentó que ellos están trabajando una investigación administrativa en la que, aseguró, sí están revisando si las posesiones del ex juez y su forma de vida, coinciden con su sueldo -tras video fue señalado de tener propiedades comerciales que salen de su presupuesto-, pero a la fecha nadie lo ha acusado de extorsión ante la FGE.
Arnulfo Guerrero, el secretario de Gobierno, aseguró que el 27 de marzo se reuniría con el fiscal Anticorrupción a revisar la carpeta que lleva el ayuntamiento, para verificar si con los elementos de prueba que tienen ya pueden presentar la denuncia o si necesitan algo más.
“Anda diciendo que va a regresar”, aseguraron empleados municipales, posibilidad que rechazó el consejero Rivera, quien también comentó que en la presente gestión dos jueces han sido removidos; la otra juzgadora quedó fuera, tras ser denunciada porque estaba solicitando una cooperación obligatoria para “apoyar a un lugar de ancianos”.
Otra situación similar a la de Torres, fue denunciada en mayo de 2024, la jueza Perla Pérez, “redujo una multa de exceso de velocidad 10 mil a 3 mil pesos”, pero debía pagarse en efectivo, Sindicatura investigó y la juzgadora continua laborando; como tercer ejemplo, un hombre fue intervenido por manejar un auto con vidrios polarizados, traía una lata de cerveza abierta, así que le advirtieron que iban a remolcar vehículo y terminó dándole al juez siete mil pesos y el funcionario público le expidió un recibo por 600 pesos.
Por encima de los inspectores y jueces, los policías municipales son los más denunciados, en la semana que concluye a ZETA reportaron “detenciones de vehículos en Santa Fe para quitarles dinero”, “patrullas paradas alrededor de la garita de San Isidro para extorsionar a dueños de carros con placas americanas”, y “peritos extorsionando”.
Señalaron como presuntos responsables al amigo del alcalde Ismael Burgueño y recientemente removido exdirector Juan Carlos Hernández Herrera, también a otros jefes y comandantes de los que sólo mencionaron los apellidos Cabrera, Castellón y Torres.
La segunda semana de marzo, este Semanario atestiguó cómo representantes del transporte organizado, también acudieron a la Secretaría de Gobierno para denunciar que el director Municipal de Transporte, Apolinar Fernández Álvarez, “…manda a dos elementos más cercanos en dos patrullas, la T24 y la T28, un Montaño y Carlos Ibarra, a los sitios a multarlos por sanciones inexistentes y quitar los carros; llegan en domingo incluso hasta las ocho de la noche, y tardan tres días en regresarles el carro y la licencia”, y reclamaron que no los multen por faltas inexistentes o por temas que ya los multó el estado y que les den la posibilidad de pagar inmediatamente para recuperar sus autos y documentos.
Otro caso de impacto, porque puso en riesgo la integridad física de una familia que renta una casa en el fraccionamiento Jardines de Chapultepec, ocurrió la madrugada del 1 de marzo cuando criminales dispararon contra la fachada de un domicilio y al mismo tiempo balearon el auto de los residentes de la casa, antes de dejar una manta con la siguiente leyenda: “Esto te pasa por andar jugándole a la verga robando y extorsionando, este es el inicio Aldo Gallardo voy por todos tus perros muertos de hambre, la Tía Tiene Dueño” [sic], acusando a los inspectores de la dirección de Protección al Ambiente municipal. En el proceso cometieron una serie de delitos que terminaron siendo calificados ante la prensa como “golpeteos políticos”.
INSTITUCIONAL
Todos los funcionarios extorsionadores, denunciados y no denunciados, también están robando al erario municipal, pero tampoco el ayuntamiento los acusa ante la fiscalía.
De acuerdo a los empresarios afectados, esto sucede porque mucha de esta corrupción, sobre todo la de cobros más grandes, viene de arriba hacia abajo, está controlada desde la Secretaría de Gobierno y la presidencia se lleva su parte; así es como lo entienden, por eso no denuncian oficialmente.
También mostraron preocupación porque aseguran que con la reforma que aprobaron el pasado l9 de febrero -“Inspección 360”- en la que todos los inspectores municipales pasan a la secretaría, el control será total y el importe de las extorsiones aumentará.
Ante estas declaratorias, Arnulfo Guerrero, secretario general, lo negó “rotundamente, pero pueden presentar denuncia en mi contra; puede ser ante el cabildo, el presidente, la sindicatura o la Fiscalía Anticorrupción y deben sustentarla”.
“Yo no he recibido denuncias, pero sí gente que viene y me dice de tramitadores o gestores que dicen que están actuando en mi nombre; pero no es cierto, y los temas de esas personas que han venido hablar con nosotros, los hemos resuelto”, aseguró el funcionario.
“Si los extorsionan, los invitamos a que denuncien. El funcionario que dicen les pide dinero, tienen cargo, nombre y apellido; el compromiso es que en ese momento lo separamos del cargo para investigar”, aseveró.
Referido al caso del juez Torres, un abogado sin necesidades económicas y miembro de una familia con empresas de transporte que debió renunciar por solicitar dos mil pesos a una conductora, el secretario habló de una “crisis heredada”, y agregó “de un sistema a lo mejor de cuotas” del que dijo existen rumores, pero no denuncias. Razón por la que decidieron presentar y aprobar por mayoría -los tres regidores panistas votaron en contra porque les entregaron el material un día antes y no lo analizaron en comisiones- la reforma del pasado 9 de febrero, en la que se creó lo que llamaron el modelo de “Inspección 360”
TODOS LOS INSPECTORES A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Previo a la reforma que entrará en vigor 90 días después de su publicación, una vez que se hayan reformado todos los reglamentos internos, la Secretaría de Gobierno tenía bajo su supervisión directa a “11 inspectores”.
“Ahora, considerando que de reglamento son 150 inspectores y de las otras dependencias fácilmente vamos a traer una inspección como de 300 elementos. Entre todos, incluyendo los de las delegaciones, todos menos los de policía, tránsito, bomberos, de ingeniería y Protección Civil, que son más especializados”, explicó el director general de Gobierno, Alonso López Sepúlveda.
Así, la mayoría de los inspectores municipales quedaran supeditados legalmente a la dependencia previamente señalada -anónimamente- por algunos empresarios de controlar las presuntas cuotas ilegales solicitadas desde el ayuntamiento, “que aumentan año con año, pero este 2025 se han superado escandalosamente”.
Al aprobar la reforma, el alcalde Ismael Burgueño aseguró que ésta fue la respuesta a las denuncias ciudadanas que recibió de ciudadanos que se dijeron extorsionados por funcionarios municipales; que estaba consciente de las críticas, pero aseguró que daría resultados.
En cuanto a la oposición recibida contra la reforma, el secretario Arnulfo Guerrero repitió que es porque están enfrentando un sistema -de cuotas- que lleva muchos años -y muchos gobiernos- funcionando.
INSPECCIÓN 360
Con la actual legislación hay usuarios afectados que han recibido desde cuatro hasta ocho inspectores de distintas direcciones en un sólo día, solicitando los mismos permisos y aplicando las mismas multas.
“¿Qué es lo que queremos lograr? Que toda la información de los trámites y documentos municipales estén en una sola base de datos creada por la Agencia Digital (DTI), y cuando un inspector, sólo uno, vaya a visitarte, será porque en la base reporta que te falta algo, ya te dimos 3 meses y no lo has tramitado. También se visitará cuando haya denuncias o flagrancia”, detalló el director Alonso López Sepúlveda.
“Tijuana es una de las ciudades que más comercios tienen en el país, estoy hablando más 100 mil y siguen dándose de alta; muchos no tienen permiso de uso de suelo o de operación, pero podrían tenerlo y dejar de pagar extorsiones, en eso vamos a trabajar”.
“En el presupuesto 2025 de la Dirección de Inspección y Verificación, los regidores aprobaron unas ampliaciones presupuestales en tecnología para la compra de 150 tabletas que va a servir para emitir las multas electrónicas y saber dónde está el personal”, explicó el director; y respecto a la posibilidad de asignarles cámaras, agregó: “Vamos a valorar la necesidad de que las traigan en ciertas zonas muy complejas como la zona centro, hasta por seguridad de ellos”.
López Sepúlveda explicó que, en el caso de los policías, se aprobaron cámaras para camisas de trabajo, que no pueden ser removidas. “Se adquirieron creo que las primeras 80 en 2024; fueron poquitas, pero este año se tiene que contemplar un presupuesto para. Además, todas las patrullas nuevas que se rentaron las 431, todas van a traer cámaras interiores y exteriores.
“Y si hay necesidad de reasignar el equipo en otras tareas administrativas a algunos de los inspectores o ampliar presupuesto, se puede hacer”, aseguró.
25 DENUNCIAS RECIBIDAS EN SINDICATURA
La Sindicatura Procuradora XXI Ayuntamiento de Tijuana actualmente está procesando dos mil 498 denuncias en contra de funcionarios municipales, la mayoría en contra de policías, por dádivas, extorsiones y remolque de vehículos: 374 de esas carpetas se iniciaron en la presente administración y dos mil 124 son expedientes que se heredaron de anteriores gobiernos como rezago (hay carpetas de policías pendientes de resolución desde 2018).
Algunas son investigaciones relacionados con contratos de adjudicaciones directas, el tema de las luminarias, la adquisición y renta de algunas unidades y el pago de la deuda, realizado por el gobierno anterior. Como resultado de una de esas carpetas, Marcelo de Jesús Machain Servín, ex titular de la Oficialía Mayor 2021-2024, ya fue inhabilitado por un año.
Adicionalmente, el Congreso no aprobó las cuentas 2022 de cuatro paramunicipales y la sindicatura está revisándolas.
En contra de funcionarios de la actual administración están investigando 25 denuncias: “Son más que nada por omisión en las funciones, en algunas por exceso de facultades” y temas de paramunicipales, detalló la síndico.
De la ausencia de procedimientos contra funcionarios, Teresita Balderas Beltrán declaró: “Lamentablemente, el ciudadano está expuesto a este tipo de malas prácticas, pero no se acerca a denunciar o presenta el caso y después ya no prosigue”, y ejemplificó con el caso reportado por la regidora Gina Arana de los jóvenes que debieron pagar multas y examen antidoping para recuperar sus autos, porque se los quitaron bajo la excusa de que manejaban drogados sin haberles hecho un examen, pero “una de las madres nos habló para pedir que no continuáramos” aseguró.
— ¿Por qué no se les procesa para que vayan a la cárcel si están delinquiendo?
“Bueno, la sindicatura no tiene esas facultades”.
— ¿La sindicatura no debe remitir el caso a la FGE, si está viendo que se está cometiendo un delito?
“Nosotros damos vista efectivamente, pero también en esa vista que se da y en esas investigaciones que se siguen por oficio ayuda mucho cuando el ciudadano aporta también su declaración”.
“La burocracia ya dejó a la ciudadanía con una percepción del ‘no se hace nada’ o ‘voy y denuncio y no procede’; entendemos el descontento y la necesidad de evidenciar, pero no llegan a denunciar y es necesario. Estamos trabajando en implementar los mecanismos para que ellos sientan esa certeza de acercarse y nosotros poderle dar un impulso más certero a todo este tipo de situaciones”, solicitó la confianza de la ciudadanía.
“Estamos siendo muy cuidadosos por medio de la Dirección de Asuntos Internos para que todos los inspectores trabajen debidamente acreditados, con gafetes, para que los ciudadanos nos sean engañados por gente que se hagan pasar por inspectores, porque sí ha sucedido, gente de otras administraciones que se queda con los gafetes y los usa indebidamente”, agregó la funcionaria.
Aunque no han recibido denuncias directas, basados en los reportes anónimos publicados en redes sociales y prensa, explicaron que iniciaron auditorías relacionadas con la Tesorería, los cruces médicos, Bienestar y obras públicas: “Yo creo que ahorita vamos en un avance de un 60 o 70 por ciento para tener resultados”, manifestó el contralor Héctor Antúnez Carrillo.
“Pero las extorsiones no salen en las auditorías, por eso les pedimos que nos ayuden, que confíen y denuncien”, concluyó Balderas.
