Pese a que se trata de un proyecto ampliamente difundido y reconocido como una prioridad para la Presidenta Claudia Sheinbaum, desde el Poder Ejecutivo intentan restringir el dinero para la elección judicial
La reforma judicial que modifica el proceso de selección de magistrados y jueces en Baja California se encuentra entrampada, y, en sus primeros avances, está dejando a un gran número de participantes inconformes, los cuales señalan de no ofrecer reglas claras por parte de los integrantes de los comités evaluadores, donde han comenzado los reclamos de favoritismo, tráfico de influencias e incluso conflictos de interés entre los participantes y quienes depuran las listas de aspirantes.
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Los grandes temores fundados son que la poca participación ciudadana provoque un descrédito en los futuros togados, pero también un desaire hacia los gobiernos morenistas que están impulsando un nuevo esquema de selección de cúpulas del Poder Judicial federal y local bajo el argumento del combate a la corrupción, hecho que hasta este momento no se ha explicado cómo este cambio lo va a concretar.
Si hay poca participación, no estarán legitimados; si son pocos los cambios a los actuales magistrados y jueces, habrá descrédito; si eligen a familiares, parejas sentimentales y amigos íntimos, se convertirá en un circo político, tal y como se está dibujando.
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A estos escenarios se agrega un ingrediente inesperado para el Instituto Estatal Electoral (IEE), pues el Poder Ejecutivo -que dicho sea de paso es el impulsor de la reforma judicial en el Estado- no quiere erogar el dinero suficiente para llevar a cabo la elección judicial pactada para el mes de junio.
Desde finales de enero, el IEE entregó una petición formal de ampliación presupuestal de 241 millones de pesos para todos los gastos vinculados con el periodo de campaña y la jornada electoral. El Instituto ajustó su presupuesto que para procesos electorales ronda casi los 500 millones de pesos, para simplificarlo a lo mínimo indispensable. Hizo recortes desde justificables (como el bono electoral que pretendían darse los consejeros) hasta la reducción de casillas; también se han contemplado reducción de boletas, de foros y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). También se analiza la publicidad institucional como una moneda de cambio.
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La propuesta del Poder Ejecutivo fue brindarles un recurso de entre 98 y 100 millones de pesos para cumplir con las responsabilidades en materia electoral, es decir, menos de la mitad de lo previsto con todos los recortes estipulados.
En las últimas semanas, representantes del Poder Ejecutivo, incluyendo al secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía y al consejero jurídico del Estado, Juan José Pon, se han enfrascado en discusiones con representantes del IEE, pero no se puede llegar a un acuerdo.
El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, movilizó todo el aparato gubernamental para definir un marco legal y dirigió un empuje político a la reforma judicial en Baja California; se reunió con el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, habló con diversos sectores -entre éstos el IEE- para que en 2025 se llevara a cabo la elección judicial.
Lo único que se les “olvidó” fue que las elecciones cuestan… y mucho, por lo que en un escenario financiero complejo, donde gran parte de un presupuesto se va en gasto corriente, la principal carencia es el dinero, que es lo que más necesita el IEE en estos momentos.
Juan, el “Todas Mías”
Juan Meléndrez, secretario del Campo, es conocido dentro de los círculos políticos como “Todas Mías”. Por ofensivo que parezca, no nos referimos a que sea un funcionario enamorado o con muchas mujeres, sino porque dentro de la administración pública quiere participar en todo lo político, o bien, meter a su gente.
De ADN priista, ha buscado acomodarse en todos cargos públicos posibles, pues fuentes del Ayuntamiento de Mexicali refieren que desde el pasado gobierno normalista intentó acomodar a amigos y allegados dentro de espacios estratégicos, como la Dirección de Administración Urbana (DAU), que involucra directamente un tema de terrenos y fraccionamientos (el negocio de Meléndrez).
También intentó acomodar a algunos allegados en regidurías (no lo consiguió), en la Dirección de Bienestar Social dirigida por José Ramón López Hernández (que tampoco concretó) y dentro de las áreas operativas de la CESPM.
Donde lo dejen, Juan intenta meter a sus amigos, familiares y allegados… por eso le dicen el “Todas (las dependencias) Mías”.
