Amenazas a funcionarios de Morena

A uno a finales de enero y al otro a inicios de marzo, dos funcionarios de gobiernos de Morena en Baja California fueron amenazados de manera directa en este 2025. Uno es servidor público en el Gobierno del Estado y el otro en el Ayuntamiento de Tijuana. Aunque en ambos casos las respectivas corporaciones policíacas intentaron mantener los hechos delictivos en discreción, trascendieron las afrentas y se evidenció el trato tan distinto que se le dio a los servidores amenazados. A uno lo han protegido con “tres escoltas con metralleta cada uno de ellos”. El otro “no tiene seguridad, porque no vemos riesgo”.

Cuando las amenazas de aparentes grupos del crimen organizado trascienden los bandos criminales internos o a sus adversarios delincuenciales, para centrarse en objetivos externos, por ejemplo los policías de las distintas corporaciones que suelen ser objetivo de narcomantas, amenazándolos ya sea por cumplir con su labor y afectar los intereses criminales, o por ser corruptos al ser cómplices de otras células delictivas en robos de droga, liberación de detenidos, entre otros, ello significa que el sistema, efectivamente, ha sido corrompido, o por lo menos infiltrado por el crimen organizado.

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Y en el caso de las dos amenazas al par de funcionarios de la estructura gubernamental del Gobierno del Estado y del de Tijuana, que no tienen nada que ver con las policías, representan el indicio de que la narcocriminalidad está escalando posiciones en los gabinetes políticos de los gobiernos de Baja California, todos emanados de Morena.

En el primer caso se trata de Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director del Instituto Movilidad Sustentable, el IMOS, cuya labor más preponderante es la regulación del transporte pública en el Estado, donde, es sabido, se manejan intereses sindicales, políticos, empresariales, de favoritismo en concesiones y de mafias transportistas.

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“El Bibi”, como apodan al funcionario de la gobernadora Marina Ávila Olmeda, se pasea por la ciudad con por lo menos tres escoltas que le protegen día y noche, y que -según revela él mismo- están armados cada uno con una metralleta. Es evidente, por el nivel de seguridad a su alrededor, que la amenaza que le fue dejada el 21 de enero de 2025 en las instalaciones del IMOS, la tomó muy en serio, y que seguramente quienes le proveyeron la seguridad de escoltas armados con metralletas, hicieron un análisis de riesgo en el que resultó que sí corría peligro la integridad del funcionario, como para asignarle tan costosa y aparatosa escolta.

El 21 de enero, efectivamente, fue colocada una manta en la malla ciclónica instalada para cercar las instalaciones del IMOS en la colonia El Florido, además de dejar una bolsa negra de las utilizadas para la basura, conteniendo restos humanos: una cabeza cercenada y dos manos en condiciones iguales. De acuerdo al reporte de la policía que acudió ante la denuncia ciudadana, se trató de una manta blanca con letras en color negro que decía: “Esto le ba a toda las patrullas de Imos ke anden chingando ala Gente por el colectivo i sitio ya dejen de robar a la Gente patrulla 042 % 007 ATT CJNG” [sic].

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Del hecho no hubo más información, ni si el funcionario Gutiérrez o el propio Gobierno del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la FGE, porque dijo recientemente la fiscal María Elena Andrade, que las narcomantas no se investigan de oficio, sino que es necesario que los aludidos presenten una denuncia. Lo que sí se investiga es el homicidio de la o las personas, partiendo de la cabeza humana cercenada y las dos manos. En cuanto a la patrulla que se señala en la manta por “robar”, tampoco han informado si efectivamente pertenece al IMOS, si sus tripulantes fueron investigados o si, como al director Gutiérrez, también se les escoltó con policías armados con metralletas.

El segundo caso corresponde a uno sucedido el sábado 1 de marzo de 2025 en la colonia Jardines de Chapultepec. Vecinos del lugar reportaron a la policía municipal haber escuchado detonaciones de arma de fuego. A las nueve de la noche, cuando salieron a verificar lo sucedido, las personas observaron ocho impactos de bala en la puerta de la cochera de una casa, dos impactos de bala en un automóvil estacionado, y la presencia de una manta que decía: “Esto te pasa por andar jugándole al verga robando y extorsionando este es el inicio Aldo Gallardo Garcia voy por todos tus perros muertos de hambre, la tía tiene dueño” [sic].

El hombre referido, Aldo Gallardo García, solía residir en el lugar donde sucedieron las detonaciones de arma de fuego y fue dejada la narco manta, aunque desde hace algunos años ya no lo hace. Además, en el directorio del Ayuntamiento de Tijuana, aparece como director de Protección al Ambiente. Por los apellidos, se sabe que es hermano del diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Fausto Gallardo García, cuyo partido signó la candidatura de Ismael Burgueño a la alcaldía de Tijuana en el proceso electoral 2024 en alianza con Morena, ante lo cual resulta evidente que el cargo para Aldo Gallardo llegó por acuerdo político, alianza electoral y consanguineidad con el legislador.

La dirección de protección al ambiente, como el IMOS, cuenta con inspectores o verificadores que supervisan y regulan el cumplimiento de los reglamentos, otorgan anuencias de manifestación de impacto ambiental, opiniones técnicas, registros municipales para manejos de residuos y otros materiales, licencias de prestación de servicios y certificaciones, particularmente en temas como la recolección de basura, el reciclaje de materiales y el manejo del medio ambiente.

A diferencia de Gutiérrez, a Gallardo no le fue asignada una escolta de tres policías armados con metralleta; de hecho, el secretario de seguridad del Ayuntamiento de Tijuana minimizó la amenaza, pues consideró que el funcionario no estaba en riesgo y por lo tanto no había motivo para asignarle una escolta, que, además, no tiene, dado que los policías de la ciudad ya tienen asignaciones, y una de ellas no es proteger a “jefes de departamento”, como, dijo, es el caso de Aldo Gallardo.

De igual manera, en la presidencia municipal que encabeza Ismael Burgueño minimizaron los balazos y la manta, y no presentaron denuncia alguna, afirmando que esa ya era decisión personal -y no institucional- de Aldo Gallardo. Por lo tanto, de acuerdo a la premisa de la fiscal, si no hay denuncia de narcomanta, no se investiga… y pues no se investiga.

Lo que llama la atención es que apenas en el primer trimestre del año ya dos funcionarios públicos de dos gobiernos de Morena (uno estatal y uno municipal) en Baja California, han sido amenazados con narcomantas, y en los dos casos señalados por “robar”. Además, señalan que los gobiernos intentan minimizar los hechos que los inmiscuyen ya con la criminalidad organizada. Y eso es muy grave, tanto por no visibilizar la supuesta corrupción, como por no investigarla ni atenderla, ni reaccionar con una estrategia de contención hacia quienes pasan de amenazarse entre ellos, para tocar a los funcionarios de Morena.