Fiscalía que administra C3, obligada a depurar corporaciones estatales y de los municipios bajacalifornianos con misma profundidad que en Tecate
El 7 enero de 2025, desarmaron y relevaron temporalmente a los policías municipales de Tecate mientras hacían los Exámenes de Control y Confianza; el día 28 del mismo mes, la fiscal estatal María Elena Andrade informó que 89 elementos habían aprobado y 100 reprobaron el examen, en tanto el alcalde Román Cota informó que más del 60% de los elementos en el Pueblo Mágico bajacaliforniano serían dados de baja… pero los expedientes de la fiscalía aún no llegan a Sindicatura Municipal.
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Cifras de reprobados como éstas no se habían tenido en Tecate en 15 años de funcionamiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), a pesar que la participación de la corporación en las células del crimen fue cada vez más pública a partir de 2015, con la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación a la entidad. De entrada, cada que un policía era asesinado, la investigación revelaba que algunos de sus compañeros había participado en el homicidio y en la protección de narcotraficantes.
Todo indica que, en esta ocasión, con la depuración de Tecate, decidieron hacer las cosas mejor y con ganas de obtener resultados de verdad, no como en 2024, cuando resultó que, en el municipio más peleado por los cárteles criminales, únicamente 20 elementos reprobaron los Exámenes de Confianza.
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De Ensenada, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) ha reportado y capturado a agentes locales en diversos crímenes -como privaciones y homicidios- nada se ha sabido. Mismo caso en Mexicali, donde dos células del Cártel de Sinaloa se enfrentan por la ruta con la complicidad de uniformados no depurados; o San Quintín, donde se presumió la participación de agentes en el homicidio de su jefe, el director Mario Martínez, en octubre de 2023.
En Baja California y en México, aunque indignante, la corrupción policiaca y la detención de uniformados cometiendo robos, secuestros, privaciones de la libertad, extorsiones y homicidios en la entidad no resulta novedosa.
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Lo mismo agentes municipales que elementos de la FGE, han sido aprehendidos en Estados Unidos robando o intentando trasegar droga por las garitas de cruce.
Con la Policía local más numerosa de los siete municipios -aproximadamente 2 mil 300 agentes y menos de 2 mil activos-, Tijuana cuenta con una larga lista de intentos fallidos de depuración. En diciembre de 2007, el Ejército aseguró 2 mil 123 armas de agentes municipales para revisarlas y los relevó temporalmente, pero al final, nada.
En noviembre de 2008, el equivalente a lo que hoy es la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía, FGR) se llevó a más de 20 elementos de Tijuana; en enero de 2010 detuvo a otros 16 ministeriales y 40 municipales; y en septiembre de 2009, a once agentes tijuanenses.
Pero como integraron mal las carpetas, hubo abusos y torturas, además, aprehendieron “juntos” a elementos inocentes y corruptos. Al final, tras meses o años, dependiendo el caso, todos fueron libreados sin cargos. Varios regresaron a las filas de las corporaciones luego de pelear la reinstalación.
El Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) de Baja California empezó a funcionar en 2009. El edificio de la sede central en Rio Nuevo en Mexicali se construyó en 2010, y, en 2012, se puso en funcionamiento en la colonia Postal una especie de extensión.
Desde entonces, el gobierno ha gastado millones y millones de pesos para “evaluar a las personas que aspiran a ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (…), para garantizar que los aspirantes y personal cumplan con los perfiles requeridos”, pero no ha sido así.
En enero de 2015, ZETA tuvo acceso a los resultados de los Exámenes de Confianza del año previo, cuando 154 elementos de la Policía Municipal de Tijuana habían reprobado por tener antecedentes de traficar droga en Estados Unidos, robar en California, dar información a narcotraficantes, mover cadáveres para criminales, recibir dinero por liberar detenidos y consumir droga. La mayoría continuaron activos.
Antes se habían conocido los resultados de la Policía de Rosarito en los cuales, además de ligas criminales, un alto porcentaje admitió haber extorsionado turistas. Delito que persiste más de 10 años después, al punto que, sin mucho éxito, en 2023 integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) repartieron volantes en las calles para informar los derechos y obligaciones de automovilistas y transeúntes para que las víctimas pudieran defenderse de la extorsión.
Con el paso del tiempo, el proceso se volvió rutinario y el número de agentes corruptos detectados y dados de baja por los resultados del C3 disminuyó, siendo cada vez más frecuente que policías detenidos en flagrancia delictiva tuvieran aprobados los Exámenes de Confianza.
Incluso en mayo de 2018, algunos de los oficiales corruptos aprovecharon que el Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza de Baja California no contaba con acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación que mandata la Ley para realizar los exámenes y refutaron resultados, algunos de tres años atrás.
En enero de 2025, finalmente los resultados del C3 en el caso de Tecate fueron más cercanos a la realidad, probando que si quieren, pueden.
Ahora quedan dos pendientes; verificar que los elementos reprobados sean realmente dados de baja y no reinstalados como en otras ocasiones; y atestiguar si la fiscalía que administra el C3, muestra el mismo trabajo arduo y profundo en la depuración de corporaciones estatales y de los otros seis municipios bajacalifornianos.
Porque la obligación es pareja, y a todos.
