Si una exigencia ha dejado clara el Presidente de los Estados Unidos a la mandataria mexicana es el combate a los cárteles de la droga, y de manera muy particular, al tráfico de fentanilo de la República Mexicana hacia tierras norteamericanas, donde el fenómeno desemboca en una mortal adicción que deja cientos de miles de muertos cada año.
Donald Trump, desde la campaña por la Presidencia que ganó en noviembre de 2024, centró gran parte de su narrativa en las desventajas y la problemática interna en la Unión Americana a partir de la migración, situándola más en la criminalidad que en la oportunidad laboral. Adelantó, entonces, lo que concretaría: aumentaría los aranceles a insumos y productos para la importación a su país con un 25 por ciento.
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Tal estrategia ya le había funcionado en 2019, cuando el pico de la adicción al fentanilo y la letalidad de estas pastillas azules superó en los Estados Unidos los cien mil muertos, y aunque gobernaba México el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la estrategia de Trump de amenazar con subir los aranceles si el Gobierno de México no colaboraba para detener el flujo migratorio de Centroamérica que atravesaba el país hasta llegar a los Estados Unidos, entonces López Obrador cedió en dos medidas: envió a 28 mil Guardias Nacionales a proteger y evitar la internación de migrantes centroamericanos en la frontera sur del país, y convirtió a las fronteras mexicanas con los Estados Unidos en zonas de tercer país, es decir, para recibir y albergar a aquellos migrantes que independientemente de su nacionalidad estén a la espera de la resolución de la Unión Americana, de concederles o no, asilo, refugio o visa humanitaria.
Con el éxito obtenido en el pasado, en su segundo periodo al frente del Gobierno de los Estados Unidos, no cambió la estrategia, y una vez más vertió la amenaza del alza en los aranceles, si México no cooperaba, pero en el 2025, no se conformó con detener la migración, agregó el tema del combate al narcotráfico, que ciertamente, en el sexenio anterior en el país, estuvo abandonado en favor del crecimiento y la proliferación de los cárteles de la droga.
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Esta vez, Trump amenazó con el alza del 25 por ciento en los aranceles a México, y una vez más, aun con otra ocupante en Palacio Nacional, logró su cometido: la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió 10 mil soldados a la frontera norte de México (sur de los Estados Unidos), para labores de supuesta contención de los cárteles, las células criminales y los traficantes de droga hacia el vecino país.
Tal acuerdo entre mandatario norteamericano y dignataria mexicana tuvo como resultado la pausa, por un mes, del decreto para aumentar a los productos e insumos mexicanos el arancel al 25 por ciento.
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Si se considera que en 2019 Trump logró 28 mil soldados mexicanos para “proteger” la frontera sur del país, y además convertir a México en “tercer país seguro”, los 10 mil soldados provistos por la Presidenta en la frontera norte del país podrían parecer una bicoca… a menos que haya algo más que, por razones de seguridad nacional, no se haya hecho público. Por ejemplo, el contundente final de la política de abrazos, no balazos, y a cambio la implementación de una estrategia real de combate a los cárteles de la droga y, específicamente, a la producción, distribución y tráfico de fentanilo.
Pero cuando las cosas parecen medio avanzar bien, con el envío de soldados mexicanos, el decomiso de fentanilo, metanfetamina y otras drogas químicas por parte de autoridades del país, y el congelamiento del decreto del incremento de los aranceles a los productos e insumos de origen mexicano, viene la Presidenta y se deja ver en público, en un acto solemne, de riguroso protocolo y seguridad, con el General Salvador Cienfuegos, quien durante el sexenio anterior, el encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprehendido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, liberador en una acuerdo diplomático de López Obrador, exonerado por la Fiscalía General de la República, y congelado en el ostracismo por el exmandatario nacional.
A ver, al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario General de la Defensa Nacional en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, lo detuvieron en octubre de 2020 (al final del primer periodo de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos), por una investigación del Departamento de Estado que lo relacionaba con los cárteles de la droga en México.
Específicamente al General Cienfuegos lo vincularon en las investigaciones de los Estados Unidos con el cártel de los Beltrán Leyva; en un expediente citaron conversaciones que presuntamente tuvieron integrantes de esa organización criminal, Daniel Silva Gárate, el H9, y el tío de este, Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, con el General Cienfuegos, a quien identificaban en el cártel con los alias del Padrino y/o Zepeda, sobre la protección que el militar brindaba y brindaría a los cabecillas del cártel Beltrán Leyva. Las comunicaciones, a saber, de acuerdo al expediente norteamericano, fueron grabadas.
Con la indagación de los Estados Unidos consignada en un legajo del Departamento de Justicia, en 2020 fue detenido llegando al aeropuerto internacional de Los Ángeles, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, y a pesar que en un inicio el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo leña del árbol caído, señalando que provenía del sexenio de Enrique Peña Nieto, no tardó en “entrar en razón” y recular a favor del militar.
Semanas de negociaciones entre Ciudad de México y Washington concluyeron con la liberación, en enero de 2021, del General Cienfuegos Zepeda, preponderantemente por un acuerdo diplomático entre ambos gobiernos, y la promesa del mexicano, de investigar al militar en la Fiscalía de la República y con las leyes mexicanas.
Sin embargo, más tardó en pisar suelo mexicano el General Cienfuegos que en ser exonerado por la FGR que entonces y todavía, titula Alejandro Gertz Manero. El 14 de enero de 2021, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada informaría que no ejercerían acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, porque no habían encontrado pruebas en su contra. Básicamente, que, a diferencia de lo consignado en el expediente de los Estados Unidos, el General no había sostenido ni encuentro ni comunicación con algún grupo delictivo. Y el tema, hasta ahí llegó.
Cienfuegos fue consignado al ostracismo militar, político y público. En el resto de la administración de López Obrador no se le volvió a ver de protagonista de manera pública… hasta el 9 de febrero, cuando apareció muy cerca de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras que la mandataria nacional encabezó la Marcha de la Lealtad.
La Presidenta justificó así la presencia del exsecretario de la Defensa Nacional: “…estuvo el General Cienfuegos porque hay protocolos en el Ejército. Ayer se celebró la Marcha de la Lealtad y se acostumbra invitar a todos los generales que fueron directores del Colegio Militar. Entonces, asistió porque es protocolo que asistan todos los directores del Colegio Militar. No vimos razón porque no se cumpliera ese protocolo”. Sin embargo, no estuvo presente, o al menos no de manera visible, en las celebraciones que, del mismo acto, hizo el expresidente López Obrador.
Que la Presidenta Sheinbaum haya incluido a Cienfuegos en su primera Marcha de la Lealtad es una acción temeraria frente a una autoridad extranjera, al Gobierno del vecino país, que la ha llevado a acuerdos para combatir a la criminalidad organizada, y que, precisamente, poco más de cuatro años atrás, detuvieron al militar por presuntamente hacer lo contrario.
Ahora sí que la Presidenta está jugando con fuego, o con cien, con su aval a ciegas sobre el polémico General Salvador Cienfuegos que en su primer Gobierno Trump capturó y soltó dejándole un problema a su némesis demócrata Joe Biden, tan sólo para que ahora el polémico asunto de Cienfuegos se le regrese al inquilino de la Casa Blanca, de pie, con su uniforme militar, hombro con hombro con la indescifrable Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
