Los supuestos actos de corrupción y desvío de recursos que se denunciaron y documentaron durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, son los muertos debajo de la alfombra que persiguen todavía al Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, y una nueva resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) reaviva viejos pendientes del blanquiazul que alcanzan sutilmente a la flamante cúpula del partido conservador y a su actual dirigente: Lizbeth Mata Lozano.
Uno de los pocos casos a los que el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez y su entonces secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, dieron seguimiento en torno a las investigaciones de supuesto mal manejo de recursos público de la gestión kikista, apuntalaba a su ex dirigencia encabezada por José Luis Ovando Patrón, quien junto con su tesorero Omar Murillo Salgado; su secretario general, Carlos Aguirre Amparano y otros representantes del organismo político, fueron expuestos y señalados en reiteradas ocasiones por orquestar lo que se conoce como El caso del 2 por ciento, esquema de triangulación de recurso basado en aportaciones de servidores públicos a una asociación civil afín al PAN.
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El tema resultó ampliamente mediático debido a que Rodríguez Lozano presentó una denuncia ante Fiscalía General del Estado (FGE), Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Técnica de Fiscalización del INE. De éstas, la última quedó plasmada en el expediente INE/Q-COF-UTF/128/2019/BC, y el 30 de enero de 2025 -después de casi seis años-, el Consejo General decidió subirla a pleno para votarla, concluyendo que el blanquiazul recibiría una sentencia de pago de 2.2 millones de pesos contra del financiamiento del partido.
No conforme con ello, solicitaron dar parte tanto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la posibilidad de que se hayan cometido delitos u omisiones en la declaración de pago de impuestos.
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Para Sergio Eduardo Moreno Herrejón, abogado del PAN, el INE se extralimitó al emitir una sanción contra el partido, debido a que no se pudo encuadrar ni atribuir que el recurso utilizado por la asociación civil haya caído directamente en las arcas de Acción Nacional; o bien, en una campaña política, pues se trató de cuentas separadas.
LA DETERMINACIÓN DEL INE
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El 30 de enero, el Consejo General del INE desahogó gran número de casos pendientes del pasado proceso y de otros tantos.
El caso 13.2, concerniente a la sanción en contra del PAN, no tuvo mayores contratiempos ni reclamos o defensas sustanciosas para evitarlo; por el contrario, la única precisión recayó en cuestiones conceptuales.
En el documento de 241 páginas -en poder de ZETA– se establece que la multa en contra del PAN de Baja California retendrá un 25% de sus ministraciones mensuales hasta que se cumpla con el pago correspondiente de 2 millones 200 mil 836.64 pesos, por motivo de dos faltas cometidas por el no rechazar aportaciones derivadas de la asociación civil Centro de Estudios y Análisis Humanistas y no reportar dichos ingresos por parte de sus dirigentes, lo que fue considerada una falta grave.
La cantidad es minúscula en comparación con el supuesto quebranto de hasta 11 millones de pesos sugerido por el propio Amador Rodríguez Lozano al momento de presentar la denuncia formal. Estas retenciones se harán mes con mes hasta cubrir la sanción correspondiente y se extraerán directamente de los poco más de 11 millones de pesos que tiene el PAN para financiamiento público durante 2025.
El documento refiere que la organización civil se creó el 28 de abril de 2014 ante la Notaría 13 del licenciado Rodolfo González Quiroz, donde se apersonaron José Luis Ovando Patrón, Omar Murillo Salgado y Lizbeth Mata Lozano, esta última, actual dirigente estatal del PAN.
El objeto social que se registró en aquel momento era para el apoyo en la defensa y promoción de Derechos Humanos y desarrollar actividades enfocadas en la participación ciudadana; para asistencia técnica a los órganos gubernamentales para crear iniciativas de Ley o reformas y política pública.
También refieren que elaborarían programas y talleres para desarrollar mejores políticas públicas; coadyuvar en actividades sociales para mejorar los lazos entre organismos y el gobierno.
Dentro de los objetivos también se encuentra ofrecer conferencias, seminarios o cursos para el mejoramiento de políticas públicas y desempeños laborales; publicación de análisis e investigaciones en temas culturales, Derechos Humanos, legislativos, ejecutivos y judiciales; recaudación de fondos para actividades y desarrollo de la organización de acuerdo a las leyes fiscales vigentes.
De igual forma, se faculta para comprar bienes, arrendarlos, registrar marcas de derechos de autor, patentes, entre otras cuestiones relacionadas, así como abrir cuentas bancarias y de inversión.
Todos esos objetos servían para ocultar la verdadera intención que era fondear al PAN mediante aportaciones de militantes y simpatizantes del partido, para diversas actividades o cobertura del gasto corriente.
En entrevista, Sergio Eduardo Moreno precisó que se trata de una organización vinculada al PAN y que se originó a raíz de las reformas judiciales que impidieron que los partidos políticos pudieran cobrar las aportaciones voluntarias directamente desde el Poder Ejecutivo. Es decir, que el pago catorcenal incluya la retención de cuotas al PAN, lo cual resultó ser de carácter voluntario, pues venían respaldados con la firma de cada persona a la que le fue sugerida la propuesta.
El INE fue claro en prácticamente todos los señalamientos al referir que no hubo elementos que vinculen las cuentas del blanquiazul con el dinero de la AC, pero sí ofrecieron algunos elementos para inferirlo.
Cuando el Instituto Nacional Electoral solicitó información sobre los convenios entre el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos para aportar el 2% de salario a la organización, la entonces oficial Mayor, Loreto Quintero Quintero, aseveró que no hubo acuerdo escrito. Misma respuesta fue proporcionada por los otros municipios del Estado, salvo el de Playas de Rosarito, entonces gobernado por Mirna Rincón, quien tras sostener una ruptura con la cúpula panista de aquellas épocas, se alineó a Morena.
Apenas cambió el gobierno y muchas personas denunciaron ante sus superiores ser obligadas a aceptar la aportación en beneficio de la AC vinculada al PAN.
Dentro de lo que el INE destacó, se encuentra que los propios encargados de la asociación civil fueran dirigentes del PAN estatal, lo que vinculaba a ambos.
Cabe señalar que el INE se dijo imposibilitado de investigar lo ocurrido en 2014, puesto que fue a partir de 2015 que se prohibió la retención salarial a través del propio gobierno, por lo que el periodo de investigación abarcó de 2015 a 2019.
PERSONAS Y EMPRESAS CONTRATADAS POR LA AC
Otro de los puntos referidos es el de las empresas contratadas para ofertar servicios a la asociación civil, pues se contrató a varios funcionarios y servidores públicos, como Víctor Lujano Sarabia, ex subsecretario de Gobierno en la gestión de Francisco Vega de Lamadrid; Andrés Arellano Núñez, quien aparece en varios contratos como representante de la Secretaría General de Gobierno durante la misma administración; Eliseo Bedoya Guapo, quien recibió apoyos en el programa Bécate; además de Alejandra Rodríguez Soto, Andrés Ortiz Rosas, Ángel Francisco Ramos Gómez -representante de Coparmex en Infonavit-, Carlos Andrés Peniche Bustamante, socio de Plaza Agua Caliente, SA de CV y consejero de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).
También aparecen como quienes brindaron algún tipo de servicio a Carlos Aguirre Amparano, entonces secretario general del PAN; Miguel Ángel Salas Lunas, ex administrador del PAN; Julio César Moctezuma Murillo, militante que en 2014 recibió un contrato de prestación de servicio de la Secretaría de Pesca de Baja California.
Dentro de las personas morales, se ubica una gran lista donde la mayoría fueron empresas creadas durante el kikismo, e incluso, algunas liquidadas apenas terminó el gobierno.
Grupo LRL fue contratada por el PAN para ofrecer servicios, y aunque se precisó que no se trató de proveeduría que pudiera vincularse con temas electorales, en un contrato signado el 13 de diciembre de 2013 -apenas tenía un mes la gestión de Vega- se le destinaron 41 mil pesos para el pago de juguetes en un evento masivo en Tijuana y 22 mil pesos para cobijas, además de 90 mil pesos en material de construcción.
Mayéutica Publicidad, creada también en la gestión de Vega y cuyos propietarios son José Luis Madiedo Vargas y Guadalupe Yamel Ruiz Velasco, fue contratada también con dinero de la asociación civil. Curiosamente, la empresa cerró actividades el 12 de noviembre de 2019, unos días después de concluir la gestión panista.
COFINNAL es otra empresa fundada y liquidada durante la gestión panista, de 2015 a 2019 y dirigida por Francisco Javier Mercado Hernández, de quien sólo se pudo obtener que brindaba servicios de capacitación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) para el municipio de Tonalá, Jalisco.
Otra es Maxiempresa 2000, creada en 2017 y dedicada a la construcción, según su objeto social. Sin embargo, la empresa propiedad de dos personas (desconocidas públicamente), de nombres Jesús Olegario Osorio Armenta y Rubén Sánchez Ceseña, ofrecía servicios de publicidad a dependencias del Estado y de otros organismos como Instituto Estatal Electoral (IEE) y al Poder Legislativo.
De hecho, durante la XXII Legislatura, ZETA tuvo acceso a un gran número de facturas para conocer los gastos que realizaban los diputados, donde se logró identificar que dicha empresa recibía contratos de cientos de miles de pesos para publicidad de los diputados, quienes erogaban ellos través de su gasto social.
En aquel entonces, no se pudo localizar a la empresa debido a que nadie la conocía en su domicilio ubicado en Avenida José María Larroque número 1959, Colonia Nueva en Mexicali
Dentro de los servicios contratos se pudo constatar que había gasolineras, restaurantes como Mr Pampas; hoteles, como Grupo Posadas SAB, negocios de publicidad y carteleras; empresas de neumáticos como TERSA; agencias de viajes e incluso una operación bancaria en favor del ex senador panista Juan José Rodríguez Prats.
El documento no establece los montos erogados en cada una de las transacciones bancarias, pero el propio Rodríguez Lozano habló de hasta 11 millones de pesos durante el periodo de gobierno.
RECONOCEN QUE AC ESTABA VINCULADA AL PAN
El abogado Sergio Eduardo Moreno Herrejón expuso que la asociación civil sí tenía vínculos con el partido, pues es evidente que sus dirigentes eran los representantes y fundadores de la empresa. Sin embargo, intentó excluir en su discurso a la actual dirigente estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, quien no sólo apoyó en la formación de esta asociación, sino que estuvo presente en la Notaría y otorgó aportaciones voluntarias cuando era diputada federal, lo que confirma que tenía pleno conocimiento de los manejos del dinero “donado”.
Pese a ello, consideró que la resolución del INE no comprueba que el dinero de la AC se haya utilizado para fines electorales específicos. Consideró que no hubo contratación de material ni equipo directamente vinculado al partido o en beneficio específico de algún candidato, aunque reconoció que hubo un punto que puede cuestionarse: y es que en el manejo del recurso de la AC, Ovando Patrón, Omar Murillo y otros dirigentes, afirmó que no es ilegal siempre que no se demuestre que el dinero benefició directamente al partido.
Tras tener conocimiento de la sanción por parte del INE, abogados del PAN estudiaron el caso y, el martes 10 de febrero de 2025, presentaron un recurso de apelación ante el Consejo General en Ciudad de México, el cual será revisado en próximos días por la Sala Guadalajara para su análisis.
“Esa asociación tenía un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Rosarito, exhibieron formatos de aceptación de varios trabajadores que les hicieron el descuento voluntariamente. Con la excepción de 10 trabajadores del Instituto de Vivienda que precisamente la cantidad de los trabajadores, duplicada es la multa que se dio en el partido y ellos presumen que (el dinero) ingresó a la asociación”, refirió el abogado, quien asegura, había documentos de aceptación de casi 500 trabajadores de diversas dependencias, y de forma sorpresiva aparecen 10 casos que no lo habían hecho, estableciéndose como una “aportación al partido”, cuando dicha nómina no está firmada, es sólo un reporte y no detalla si realmente concluyó su dinero en el PAN.
“No hay manera de vincular en cuanto a cuentas bancarias, gastos proveedores a la AC con gastos partidistas, el único vínculo que existe entre la AC y el partido son quienes formaron la asociación civil; no puede existir un beneficio cuantificable más que las especulaciones del INE, ante eso deberán revisarlo en la documentación para determinar quién tiene razón”, dijo.
Agregó que lo vinculado entre el PAN, la asociación civil y el Poder Ejecutivo, llega al borde de lo que está permitido, y aunque en la sanción del INE refieren ello, al final aceptan que no se cometió ninguna ilegalidad, por lo que dan parte a otras instituciones para analizar sí hubo irregularidades.
Respecto a la sanción, consideró que es excesiva y si bien se confirmó que la asociación civil otorgó dinero a Ovando y a Murillo, no se pudo constatar que se hizo con fines partidistas, por lo que el PAN debería quedar exento de esta situación.
Para concluir, reiteró que Mata Lozano no se vio beneficiada económicamente de esto, por el contrario, realizó aportaciones a la organización.
