Negligente transición de la nueva administración IMSS-Bienestar puede costar la vida a los ciudadanos
La Constitución bajacaliforniana ordena a la mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda, cumplir con la obligación de “garantizar” a sus gobernados “… el real disfrute de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, bienestar y mejor calidad de vida”, pero por borreguismo partidista, decidió incumplir con su deber.
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Como otros 22 gobernadores morenistas, quienes decidieron concederle el capricho al primer mandatario Andrés Manuel López Obrador para que pudiera colgarse la medallita antes de irse, doña Marina estuvo más que presta y fácil para firmar el convenio para transferir los servicios de salud del Estado y convertirlos en IMSS-Bienestar, y entregar a la Federación el control total de la prestación de servicios de salud para personas sin seguridad social.
Ávila Olmeda no cuestiona la premura, tampoco parece haberse interesado en la ausencia de un plan y, de acuerdo a las evidencias, sin importarle la forma en que esta situación afectaría a sus gobernados, ni siquiera se le ocurrió pensar en otras opciones o en un mejor momento.
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Vale empezar por la frialdad de los números. En el más reciente reporte publicado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados -17 de febrero de 2025-, especialistas detallan que una consecuencia del mentado convenio fue que el presupuesto de salud de Baja California se redujo en 61.5 por ciento en comparación con el año pasado.
En esas condiciones, resulta inevitable cuestionar: ¿En la cabeza de cuál gobernador o gobernadora cabe aceptar, aplaudir y formar corazoncitos con las manos mientras a su estado le recortan mil 931 millones de pesos del presupuesto de salud que había recibido el año anterior? Particularmente cuando en mismo análisis de recursos del CEFP, indica que los nueve gobernadores emanados de partidos distintos al que ostenta el poder en la Federación, que no han firmado el convenio, lograron mejores condiciones para sus gobernados.
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Aunque también perdieron fondos, porque inexplicablemente, el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió reducir el ya de por sí insuficiente presupuesto de salud para las personas sin filiación en un 42.5%, en el caso de los estados no firmantes, la disminución promedio fue del 8.2%.
La mandataria bajacaliforniana firmó oficialmente el convenio en agosto de 2024, pero dos meses después, en medio de la desorganización, el reparto de los pocos médicos en más centros de salud y la apertura de clínicas que no sirven de nada por la falta de personal e insumos, las manifestaciones de usuarios y empleados de sector salud iniciaron y han escalado, al igual que las necesidades.
No pagan sueldos al personal que, además, está siendo víctima de violencia verbal de parte de los usuarios que no pueden ser atendidos, bajo el riesgo de que sus enfermades empeoren e incluso mueran por la falta de todo: soluciones salinas, sueros, material de curación, antibióticos, catéteres, tubos pleurales, insumos para punciones lumbares, medicamentos, desde Paracetamol hasta papel sanitario… todo.
Los médicos o los familiares son obligados a comprar los insumos, de lo contrario, suspenden todo tipos de intervenciones y cirugías, incluso las consultas, ante la imposibilidad de surtir recetas.
Entonces, resulta irónico que el objetivo primario de brindar atención de salud gratuita no se está logrando.
De acuerdo al personal médico, el desabasto de medicamentos y material de curación en general, es peor incluso que durante la pandemia de COVID-19 (marzo de 2020-mayo de 2023), cuando el retraso en el surtimiento mantuvo un promedio del 50%, lo que provocó permanentes reclamos contra el entonces gobernador Jaime Bonilla y su secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, para obligarlos a resolver.
Actualmente, en medio de esta transición desorganizada de los servicios de salud a la Federación, el personal reporta un desbasto entre el 60 y 74% de los insumos, dependiendo el área, además de la falta de médicos.
En julio de 2024, el titular de IMSS-Bienestar en Baja California es el doctor Miguel Bernardo Romero Flores, quien hizo un video para presentarse y decir que es el responsable de integrar la estructura de salud del Estado -178 unidades de atención- al sistema federal para la población sin derechos, pero después de eso, poco o nada se ha sabido de él.
Como oficialmente se deshizo de la responsabilidad de darle salud a los californios, Marina del Pilar se lavó las manos durante más de cuatro meses de protestas, y repentinamente, el 15 de febrero, anunció “recursos extraordinarios” -como si fuera un favor- por 76 millones de pesos” que se usaron para comprar 300 claves de medicamentos esenciales y material que se están repartiendo, los cuáles se ignora si serán suficientes, dada la crisis.
Como responsable del IMSS-Bienestar en Baja California, el doctor Romero Flores está obligado a aclarar las razones del desabasto de insumos y médicos, a informar qué está haciendo para solucionarlo y en cuánto tiempo lo logrará.
Y como responsable directa de darle “bienestar y mejor calidad de vida” a los bajacalifornianos, la mandataria Ávila Olmeda está obligada a exigir explicaciones y resultados al Gobierno de México a nombre de sus gobernados.
Porque el proceso de transición de la nueva administración-IMSS Bienestar está resultando en negligencia que puede costar la vida a los ciudadanos.
