En 2007, en medio de la guerra contra las drogas del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, México realizó una extradición masiva de narcotraficantes encarcelados en prisiones mexicanas, 15 de ellos, para ser procesados en Estados Unidos. Por aquella época estaba vigente la Iniciativa Mérida, que refería un trabajo binacional para la contención de los cárteles de las drogas, la capacitación de las policías mexicanas y la inversión del gobierno de la Unión Americana en la infraestructura mexicana para perseguir a los criminales.
La deportación masiva era la respuesta de un acuerdo mutuo entre los gobiernos de ambos países, y estaba delimitada dentro de las estrategias binacionales. Hoy día, no existe un trabajo binacional establecido, el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador acabó con la Iniciativa Mérida, y, sin embargo, se dio una deportación masiva: en un solo día, 29 personas acusadas de narcotráfico fueron extraditadas a la Unión Americana.
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Donald Trump tiene apenas cinco semanas en la Presidencia de Estados Unidos, y ya ha logrado lo que ningún otro primer mandatario norteamericano había obtenido de su contraparte mexicana: el reforzamiento de la seguridad en la frontera norte de México con 10 mil elementos de la Guardia Nacional para contener el tráfico de droga, particularmente de fentanilo hacia a aquel país, y el 27 de febrero, la extradición de 29 señalados narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, detenido en 1985 y principal sospechoso, para EU, de ordenar la muerte del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.
El contexto de la deportación masiva en el Gobierno de México que encabeza Claudia su homólogo estadounidense decidirá si mantiene o no la pausa que impuso para el incremento en un 25% a los aranceles a productos e insumos mexicanos, como amenazó hacerlo en caso que el gobierno nacional no reprimiera el tráfico de fentanilo desde México hacia EU.
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El miércoles 26 de febrero, el secretario del Comercio de la Unión Americana, Howard Lutnick, confirmó que la pausa hasta el 4 de marzo está relacionada con los esfuerzos que hagan los países, México y Canadá, contra el tráfico de fentanilo, y sentenció: “Tienen que demostrarle al presidente que lo han satisfecho en ese sentido. Si lo han hecho, les dará una pausa”.
Evidentemente, por sus propias declaraciones, Trump no está satisfecho, pues adelantó el jueves 27 de febrero, que el 4 de marzo entrarían en vigor los aranceles con el 25% adicional a México y Canadá. Al mismo tiempo, una delegación del Gobierno de México, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sostenía reuniones en Washington, la Capital estadounidense, para mediar y evitar el alza la próxima semana.
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Al tiempo que todo esto sucedía, que Trump reiteraba la imposiciones del alza en aranceles, que Ebrard entablaba comunicación con sus pares en el gobierno norteamericano, repentinamente, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que titula Omar García Harfuch, y la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero, informaban de forma conjunta la extradición a EU de 29 personas encarceladas en prisiones mexicanas, 29 narcotraficantes señalados de comandar cárteles de la droga de producción y distribución en México y trasiego hacia Estados Unidos.
En un escueto comunicado publicado en la red social X de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, minutos después que trascendiera por medios y autoridades estadounidenses las extradiciones, el Gobierno de México informaría:
“La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informan: Esta mañana fueron trasladados a los Estados Unidos de América 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.
“La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”.
Pero es evidente que tal acción no es una casualidad, como tampoco coincidieron de manera magistral los tiempo de las extradiciones de tal forma que se dieron 29 en un solo día (abogados de algunos reos alegan que sus clientes están amparados contra la extradición), esto es una evidente entrega de México a EU, a fin de “satisfacer” -como dijo el secretario del Comercio estadounidense- al Presidente norteamericano en su lucha contra los cárteles de la droga mexicanos, seis de los cuales les dio hace una semana la categoría de terroristas.
De repente la petición para “extraditar” a México, o la “repatriación” de Ismael “El Mayo” Zambada García, anunciada el miércoles 26 de febrero por el fiscal Alejandro Gertz Manero y la propia Presidenta Sheinbaum, pareció más una cortina de humo para mitigar el impacto de la deportación masiva de 29 narcotraficantes a Estados Unidos. Porque en estas condiciones, se aprecia que no hay ni fondo ni forma para que por 29, la Unión Americana regrese a uno, especialmente cuando el Cártel de Sinaloa, otrora regido por Zambada, es el principal señalado del tráfico de fentanilo que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas en la Unión Americana.
El problema para México es esperar qué más pedirá el gobierno de Estados Unidos para que su Presidente esté satisfecho y no incremente los aranceles como ya dijo que lo hará el 4 de marzo, y otorgue una nueva prórroga tan siquiera para abril.
Desafortunadamente para el país, y para la Presidenta, con soldados y extradiciones están pagando los seis años de “Abrazos, no balazos” en los que los narcotraficantes mexicanos crecieron exponencialmente su ilícito emporio de las drogas y aumentaron el trasiego de las mismas hacia el vecino país, política del sexenio pasado que le está saliendo muy cara al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
