Cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recomendó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Ayuntamiento de Mexicali ofrecer disculpa pública por el feminicidio de la joven Daryela Valdez Rocha, ocurrido hace dos años en la Capital bajacaliforniana, nadie creyó que representara un problema, pero al parecer causó escozor en las autoridades. Daryela, joven estudiante -presuntamente- asesinada por su ex pareja sentimental, de nombre Onorio, que casi le triplicaba la edad y permanece esperando una sentencia en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, generó gran revuelo en la sociedad cachanilla, debido a que la joven había presentado denuncias, requirió medidas de protección y buscó el apoyo de la FGE para protegerse de su agresor, pero nadie respondió, pese a que había varios antecedentes de violencia que llevaron a episodios como el dispararle con armas de fuego mientras ella se encontraba en su trabajo. Luego de cuatro meses de espera y de que la fiscal María Elena Andrade y la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, se negaran a ofrecer una disculpa pública a la familia, finalmente pactaron una cita el viernes 14 de febrero para cumplir con la recomendación de la CEDH. Sin embargo, tanto el Ayuntamiento como la FGE intentaron hacer que la disculpa se llevara a cabo en privado, bajo el supuesto argumento de que la familia había pedido privacidad. Nada más alejado de la realidad, ya que la familia y el abogado exigieron la presencia de medios de comunicación para que filmaran o documentaran el momento en que se ofrecía la disculpa pública. Luego de conflictos verbales, se permitió el acceso a los medios, aunque sólo para observar un hecho bastante penoso, pues luego de un largo discurso sobre las acciones que se llevaban a cabo por parte de las instituciones, la fiscal Andrade jamás ofreció una disculpa clara y formal. Por el contrario, desvió el tema y habló de las acciones que realiza la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pese a que la institución es autónoma. Tal parece que reconocer un error como institución, el cual ni siquiera ocurrió en su propia gestión, le genera incomodidad a la fiscal estatal, quien prefirió desviar el tema que ofrecer la tan prometida disculpa pública. Así la frivolidad gubernamental.
Falta la disculpa
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