La situación migratoria ha escalado en complejidad en los últimos años, convirtiéndose en un punto crítico para el debate público sobre derechos humanos, seguridad y políticas migratorias. Miles de personas que huyen de la violencia, la pobreza y la inestabilidad en sus países de origen encuentran en esta región una puerta hacia la esperanza, pero también enfrentan un camino plagado de retos y vulnerabilidades. Ante este panorama, la transparencia gubernamental se erige como una herramienta esencial para abordar la crisis desde un enfoque ético y efectivo.
La falta de información constantemente actualizada, clara y accesible sobre los flujos migratorios, los recursos destinados a la asistencia humanitaria y las acciones gubernamentales, genera un vacío que alimenta la desinformación y la desconfianza en las instituciones. ¿Cuántas personas migrantes han llegado en el último año desde sus lugares de origen?, ¿cuántas están estacionadas en cada estado y ciudad?, ¿cuántas personas deportadas se recibieron?, ¿cómo se están utilizando los recursos públicos destinados a los albergues?, ¿qué acciones existen para garantizar el respeto a los derechos humanos de esas personas?, son sólo algunas de las preguntas que merecen respuestas permanentes.
Publicidad
Uno de los principales obstáculos para ello es la falta de datos abiertos y actualizados. Información como el número de personas atendidas en albergues, su fluctuación en el tiempo y los recursos asignados por nivel de gobierno, debería ser de acceso público. Esto no solo permitiría a las autoridades mejorar la planeación y asignación de recursos, sino que también facilitaría el monitoreo ciudadano y la rendición de cuentas.
La transparencia es también una herramienta poderosa para combatir las narrativas de odio que suelen rodear a la migración. Compartir información confiable y verificable sobre los beneficios económicos y culturales que las personas migrantes aportan a las comunidades receptoras puede fomentar la empatía y el entendimiento. En contraste, la falta de información fomenta especulaciones y prejuicios que solo generan xenofobia y división social.
Publicidad
Otro aspecto preocupante de la situación migratoria es la opacidad en la gestión de los recursos destinados a la asistencia humanitaria. Se han anunciado acciones de alta envergadura para atender la crisis, y la lógica indica que requerirán de cantidades importantes de recursos públicos, pero no siempre es claro cómo se distribuyen ni cuáles son los criterios para asignarlos. Esto es importante no sólo en términos de rendición de cuentas, sino también como medio para conocer la eficacia de las acciones gubernamentales en un contexto en que las personas migrantes pudieran estar sufriendo condiciones de hacinamiento y falta de insumos básicos para la vida.
Lo anterior no es una especulación; organizaciones de la sociedad civil y colectivos locales lo han documentado.
Publicidad
Para enfrentar esta crisis desde un enfoque de transparencia y rendición de cuentas, se pueden proponer varias medidas concretas; por ejemplo, la creación de un sistema abierto de información migratoria, esto es, una plataforma en línea que centralice datos sobre flujos migratorios, recursos asignados y programas implementados. También se pueden implementar, en el mismo espacio o en otro, herramientas tecnológicas que permitan monitorear en tiempo real la situación en los albergues y centros de asistencia. Además se pueden diseñar estrategias de comunicación para informar a la población sobre el impacto positivo de la migración y contrarrestar la desinformación.
La situación migratoria es ya una emergencia y requiere de respuestas integrales, que incluyan a la transparencia y la rendición de cuentas como uno de sus pilares. En última instancia, la transparencia no es solo una obligación gubernamental, sino una herramienta de justicia social. Garantizar el acceso a información clara y verificable sobre la situación migratoria es un primer paso para atender la crisis desde un enfoque que priorice los derechos humanos y fomente la solidaridad. En un contexto donde las vidas de miles de personas dependen de decisiones políticas y administrativas, el derecho a saber es también un derecho a vivir con dignidad.
Adrián Alcalá Méndez es bajacaliforniano, comisionado presidente del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales).
