En el poblado de la Rumorosa y la zona suburbana de Tecate esto sucede casi a diario: grupos de hombres, armados con fusiles de asalto AK-47, rifles AR-15 y ametralladoras calibre 50, a bordo de cinco o más autos, llegan a los ranchos y privan de la libertad a dueños y cuidadores. Los desaparecen; a veces por días, o por horas, pero en un alto porcentaje de las ocasiones, no se vuelve a saber de ellos.
Si en los inmuebles hay objetos que sirvan a los delincuentes, una vez que se llevan a los residentes, saquean las propiedades, incendian el inmueble, dejando pintas.
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En estos crímenes ocurridos a finales del 2024 y lo que va del 2025, las leyendas de los mensajes dejados en las escenas de desapariciones y hurtos, acreditan las privaciones y robos de ranchos a “La Mayiza”, “MZ” y “Pura Sombreriza”.
De hecho, aunque son menos denunciadas en la actualidad, estas privaciones y robos no son nuevas; ya habían sido detectadas por los integrantes de la Mesa por la Paz y Seguridad de Baja California desde noviembre del 2022, durante la investigación por el homicidio del fotógrafo del Congreso de Baja California, Fernando Rodríguez Ocampo, asesinado por traficantes que lo “confundieron” con un criminal del grupo contrario.
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Lo que sí se confirma con las recientes desapariciones y quemas, es que después de dos años tres meses, el gobierno de Marinas del Pilar Ávila Olmeda, continúan sin hacer algo al respecto, o al menos establecer una estrategia de combate para inhibir las desapariciones forzadas.
En el primer trienio de la gobernadora Ávila Olmeda, se han iniciado mil 972 carpetas por el delito de privación ilegal de la libertad en Baja California, un promedio de 52 denuncias por mes, lo que traduce un 13 por ciento más de las carpetas que se iniciaron en la administración de su antecesor, Jaime Bonilla, y un 17 por ciento por encima de los reportes que se presentaron en el último trienio del panista Francisco Vega de Lamadrid.
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Pero existe una cifra negra de “actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa”, que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el caso de Baja California es del 88.9 por ciento. Lo cual significaría que la cifra real de “privaciones” estaría alrededor de las 17 mil 360 denuncias.
Muchas de las familias no denuncian por miedo, porque no se dieron cuenta cómo sucedió, o no tienen elementos de prueba que la desaparición fue forzada; la ausencia queda registrada como persona no localizada o desaparecida.
Salvador, un hombre de 40 años, fue citado por su “conocida”, Ingrid Sherlyn, de 19 años, en el motel El Mirador del fraccionamiento Soler en Tijuana, llegó en un pick-up Chevrolet Silverado 1500 modelo 2001 con placas de Oregón, Estados Unidos. La joven lo invitó a una habitación y en el interior, inesperadamente se encontró con José Antonio, cómplice de la chica, y fue privado de su libertad.
José Antonio Vitela Saldaña amagó a la víctima apuntándole al pecho con una pistola, lo obligó a hincarse y junto con la joven le exigieron que les dijera dónde estaba el dinero, así como las contraseñas de sus tarjetas bancarias. Lo amarraron de pies y manos para dejarlo tirado en el piso, encerrado en la habitación. Le quitaron la cartera, el celular, las llaves del auto, de su casa, hasta los tenis, para después irse. Eso sucedió la noche del 10 de enero.
Casi de manera simultánea, un testigo denunció a los números de emergencia, haber visto a unas “personas salir corriendo de la habitación del motel, y al aproximarse al cuarto encontró a un hombre atado de manos y pies, por lo que solicitó apoyo de la Policía Municipal”, quienes detuvieron a la pareja de delincuentes minutos más tarde en la calle Independencia de la colonia Castillo, a un costado del Panteón Municipal Número 1.
El hombre intentó fugarse corriendo, pero la Unidad Táctica Especial lo capturó en posesión de una pistola calibre .45 abastecida con nueve cartuchos útiles.
Al revisar sus antecedentes, las autoridades se dieron cuenta que José Vitela tenía orden de aprehensión activa por el delito de narcomenudeo, y una más por el homicidio de la mujer, cuya cabeza cercenada fue abandonada el 6 de diciembre de 2024 dentro de una hielera, frente al restaurante China King en la colonia La Pechuga en Otay en Tijuana, con un narcomensaje amenazando a la dueña del lugar y señalándola de estar vinculada al tráfico de fentanilo.
Metros más delante de la cabeza, en el estacionamiento de una plaza comercial, fue localizado el cuerpo decapitado de la fémina dentro de un vehículo. De acuerdo a la indagatoria, José Antonio asfixió a la víctima antes de decapitarla.
El 13 de enero, Vitela y Sherlyn fueron vinculados a proceso por la privación, robo con violencia, robo de vehículo y el Ministerio Público recibió de plazo hasta el 13 de marzo para complementar la investigación. A Vitela le cumplimentan el resto de las órdenes de aprehensión.
De acuerdo a la reforma en 2024 al Artículo 161 del Código Penal de Baja California, la penalidad por privar de la libertad a la persona es de tres a siete años y puede aumentar hasta 3 años y medio si la privación se ejecuta con violencia, se prolonga por más de 72 horas, si la víctima es menor de edad o mayor de 60 años, o cuando el victimario es un funcionario de seguridad.
Entonces, la mínima queda en 3 años y la máxima en 10 años y medio. Pero si la sentencia es menor a 4 años y un día, y se trata de un primo delincuente, el criminal puede cumplir su sentencia en libertad con sanciones distintas a la cárcel.
En el caso de Vitela, era buscado como narcomenudista y homicida, pero como no ha sido sentenciado antes, podría salir libre por los delitos de privación y el robo, pero se mantendrá en prisión por el tema de homicidio.
CUATRO TIPOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
De acuerdo a información en las carpetas, en Baja California, las privaciones ilegales de la libertad se originan en cuatro vertientes:
- Relacionado con violencia familiar. El 4 de enero, la Fiscalía Regional de San Quintín obtuvo sentencia condenatoria de tres años y seis meses contra Francisco Asiain Ramírez, quien el 29 de julio de 2023 golpeó a su esposa y la encerró en su casa.
La penalidad más alta en casos como éste, ha sido de 8 años; en julio de 2024, Julio Corona recibió esa sentencia porque pateó, amenazó con un cuchillo, encerró a su esposa de 60 años en una habitación y le robó su bolsa con 5 mil pesos y 100 dólares en efectivo.
- Con víctimas migrantes. Apenas la semana pasada, el fiscal de Unidades Especializadas, Fidel Corvera Gutiérrez, habló de la existencia de “una banda (en Tijuana) que se dedica al tráfico ilegal de personas o simula que se está dedicando al tráfico ilegal de personas. Una vez que les ofrecen sus servicios para cruzarlos a Estados Unidos de manera ilegal, los privan de la libertad” y piden dinero a las familias. En estos casos, la FGE procura reunir los elementos para acusar por secuestro, lo que les ha permitido obtener sentencias de aproximadamente 30 años.
- Para robar. En abril de 2024, en procedimiento abreviado, Víctor Hugo Ahumada Solorio fue sentenciado a cinco años porque “golpeó con una llave metálica a la víctima, la arrastró al interior de la vivienda, donde la amarró de los brazos, lo anterior con la finalidad de robarle dinero en efectivo y un teléfono celular”.
- Por “ajustes” u homicidios. Grupos de criminales organizados que delinquen para alguna célula de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o Arellano Félix, se llevan a la gente sin su consentimiento violentamente y los incomunican. Los golpean y amenazan para obligarlo a pagar deudas de droga o a que se cambien de mafia; que sus parientes delincuentes paguen deudas; para sacarles información o para torturarlos y quitarles la vida porque delinquen con grupos contrarios.
Estas privaciones se cometen por el control de las rutas de trasiego de drogas y las plazas de narcomenudeo, se trata de crimen organizado. Sin embargo, al final sólo son presentados y juzgados por los delitos del fuero común.
Hay jefes, operadores criminales con uno o varios roles, y autores materiales que reciben órdenes, usualmente son tres o más maleantes, como los que la mañana del 26 de enero se llevaron por la fuerza en Tecate a Benancio Mejorado, restaurantero de mariscos cuya cabeza fue dejada junto a la de otra víctima, con una narcomanta la noche del mismo domingo en la Plaza Cívica de Ensenada.
O los tres hombres detenidos el 6 de enero en el Ejido Maclovio Rojas en Tijuana: Uriel García Navarro, Enrique Muñoz y Ramón Flores, quienes pidieron el servicio a un chofer de DiDi que los recogió en dos puntos, y al estar juntos, Uriel le apuntó con una pistola en las costillas y Enrique “sacó un arma larga de una mochila y exigió cumpliera sus instrucciones “. Fueron detenidos porque en el trayecto se toparon con elementos del Ejército y la víctima los llamó. No se dio información respecto a las órdenes que había recibido el chofer.
También el proceso que iniciaron en contra de dos mujeres y cinco hombres que, de distintos puntos en Mexicali, se llevaron contra su voluntad, a una mujer y un hombre los días 29 y 30 de diciembre. Los mantuvieron incomunicados en un domicilio ubicado en Avenida General Jesús Carranza de la colonia Benito Juárez. Está célula fue intervenida por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) durante su último crimen por una falta de tránsito.
Más grave, el caso de José Ojeda, Everardo Sánchez y Bryan Conteras, sentenciados apenas en 2024 a ocho años y tres años, respectivamente, en juicio abreviado. A punta de armas largas, entraron en una casa y sacaron a dos hombres, fueron perseguidos, abandonaron el auto en movimiento en un cerro y el carro se desbarrancó, provocando heridas y la muerte a una de las víctimas.
EN TIJUANA EL 38% DE LAS DENUNCIAS
De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Baja California se denunciaron 575 privaciones en 2022; 640 en 2023; y 639 en 2024. En el mismo período, Tijuana registró 221 en 2022; 206 en 2023; y 275 durante 2024.
La sustracción de personas contra su voluntad ocurre en todo el Estado. En Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito, las estadísticas oficiales incluyen las privaciones cometidas en las municipalidades nacidas en el presente gobierno, San Felipe y San Quintín. 
Pero de los siete municipios de BC, en el presente trienio, Tijuana ha acumulado el 38 por ciento de las privaciones ilegales de la libertad.
Sólo en los primeros once días de enero del año en curso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana informó a través de boletines la captura de tres grupos por el mencionado delito. Tras una solicitud de estadísticas, la dependencia informó que, del 1 de octubre de 2024 al 27 de enero de 2025, la Policía Municipal detuvo en flagrancia delictiva a 30 personas por privación de la libertad, y ha intervenido en 18 de estos delitos. Lo cual significa que los municipales han ejecutado aprehensiones en flagrancia en el 30 por ciento de las 60 carpetas iniciadas por la fiscalía en el mismo periodo.
Los delitos se han cometido en colonias por toda la ciudad: dos en la Castillo y Maclovio Rojas; y uno respectivamente en Zona Centro, Urbi Villas del Prado, Buena Vista, Los Laureles, 3 de Octubre, Cañadas del Florido, Madero Sur, Mariano Matamoros, El Mirador, Valle de las Palmas, Tecolote y Herrera.
En el caso de Tijuana, los primeros días de enero la fiscalía informó que Claudia Guadalupe N está siendo procesada como presunta responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad y robo equiparado de vehículo de motor cometido el 29 de diciembre de 2024, cuando en compañía de dos sujetos, en las inmediaciones del bar Tropic´s de Tijuana, privaron de la libertad a un hombre dentro de un auto, en el que fue golpeado, amenazado con un arma de fuego y atado de las manos. Más tarde, el mismo grupo, en el interior del mencionado centro nocturno, amenazó con arma de fuego, golpeó y ató de pies y manos a una segunda víctima.
Éstos serían el séptimo y octavo ataques armados relacionados con el bar Tropic´s en un año, y los ataques 22 y 24 a un antro, centro de diversión o bar de Tijuana en el mismo periodo de tiempo. Autoridades han señalado públicamente que son parte de una pugna por el control de la venta de droga al menudeo, enfrentamiento que esta semana sumó otra víctima mortal, ya que el lunes 27 de enero, el guardia del Bar Sinaloense, localizado en la delegación La Mesa, fue acribillado y se convirtió en una de las ocho víctimas asesinadas ese día en la ciudad.
