Verónica García de León y Erin McCormick/ Quinto Elemento Lab y the Guardian
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Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encontraron unas 30,000 toneladas de un material “con características de peligrosidad” dispuesto al aire libre y en contacto con el suelo dentro de la planta de Zinc Nacional, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
La Profepa dio a la empresa 15 días a partir del 24 de enero para mover los costales con el material y presentar un programa de muestreo que determine los niveles de contaminación del patio. En caso de confirmarse afectaciones, la compañía deberá diseñar y ejecutar un plan de remediación ambiental del lugar.
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“Lo primero es que tienen que evitar que esté en contacto con suelo natural y deben trasladarlo a un espacio que cumpla con la normatividad”, dijo en entrevista la procuradora Mariana Boy acerca de los primeros hallazgos de la inspección realizada en enero.
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Vista aérea de una sección de la planta donde Zinc Nacional almacena un material en costales sobre el suelo y al aire libre. Fotografía: Google Maps, mayo de 2024.
La inspección a Zinc Nacional tuvo lugar a raíz de una investigación de the Guardian y Quinto Elemento Lab, publicada el martes 14 de enero, que reveló la presencia de altos niveles de plomo, cadmio y arsénico en 18 sitios en un radio de 2.5 km alrededor de esta planta que recupera zinc a partir del reciclaje de residuos peligrosos provenientes de siderúrgicas en Estados Unidos y México.
En la inspección ocular, que es el inicio de un proceso de investigación, la Profepa clausuró temporalmente 15 equipos que la empresa no tenía autorizados e identificó que los montículos de carbón y escorias visibles desde los alrededores de la planta podrían ser una fuente de contaminación de partículas.
Antes de la llegada de la Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente estatal colocó sellos de clausura en algunos hornos de la empresa. Sin embargo, estos equipos ya estaban apagados para un mantenimiento programado. “Realmente fue una clausura simbólica”, comentó Ricardo Ortiz, director de Inspección Industrial de Profepa.
El equipo de la procuraduría actualmente revisa miles de páginas con información proporcionada por la propia compañía, incluidas bitácoras de operación y mantenimiento y tres años de reportes de las emisiones de sus chimeneas. De ser necesario, los inspectores podrían volver a la planta a realizar muestreos, dijo Mariana Boy.
“Nuestro enfoque es (indagar) si hay un nexo causal entre lo que encontraron ustedes y lo que genera la empresa”, explicó la titular de la Profepa. “El foco de nuestra investigación en la documentación está en el plomo, cadmio y arsénico”.
Este equipo de periodistas colaboró con Martín Soto Jiménez, investigador en toxicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que encontró altos niveles de estos metales pesados en muestras de suelo y polvo tomadas en hogares, calles y escuelas.
Zinc Nacional dijo a los inspectores de Profepa que el contenido de los miles de costales dispuestos en el patio es su producto terminado, óxido de zinc; la dependencia no lo ha corroborado por su propia cuenta.
“Tras su inspección reciente entregamos un plan de trabajo detallado sobre la reubicación de materiales, mismo que ya inició y muestra avances importantes”, respondió Zinc Nacional por correo electrónico.
En las últimas semanas vecinos de las colonias aledañas y padres de familia de dos escuelas se han organizado para exigir que se investigue el origen de los metales pesados y el posible impacto a su salud. Algunos vecinos acudieron a una reunión informativa con la empresa.
“Ante una evidencia aceptable de afectaciones a la salud y al ambiente, tendría que haber sanciones que impliquen un plan a corto y mediano plazo para restaurar estos daños”, comentó Antonio Hernández, un biólogo e integrante de Pronatura Noreste quien sigue de cerca el caso.
No es la primera vez que la empresa está bajo la supervisión de la Profepa. Durante una inspección en 2020, la Profepa detectó 49 irregularidades y Zinc Nacional presentó pruebas que desacreditaron la mayoría de las observaciones, salvo 14. Como resultado, la procuraduría impuso en 2024 una multa de 15 millones de pesos. Mariana Boy dijo que la Profepa tendría que realizar una visita de seguimiento para ver si cumplió con lo ordenado en ese otro procedimiento, de lo contrario, la empresa podría enfrentar nuevas sanciones y medidas.
