La pésima legislación en torno a la regulación de anuncios espectaculares, carteleras y pantallas publicitarias, es el escenario perfecto para que empresas desleales instalen estructuras peligrosas que carecen de documentación o permisos municipales para su operación.
Esto no representa ningún impedimento para que empresas privadas e instituciones gubernamentales contraten sus servicios, representando importantes dividendos que no se reflejan en las arcas municipales, pero que además pueden poner en riesgo las estructuras, domicilios y propiedades aledañas.
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Para ello existen despachos de abogados especializados que han encontrado un sistema en el que pueden ampararse para evitar ser removidos cuando las estructuras ya fueron levantadas.
Según Daniel Humberto Valenzuela, director de Administración e Imagen Urbana, aproximadamente el 40 por ciento de las grandes estructuras y pantallas operan de manera irregular, y pese a ello, se puede observar a empresas como Proconsa, CETYS Universidad, Toyota, Hospital de la Familia, Xochicalco e Instituto Salvatierra, además de instituciones como UABC y CESPM, como clientes que son presumidos por las empresas publicitarias.
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Sin embargo, para José Manuel Herrera de León, arquitecto y especialista en materia de edificaciones, son miles los anuncios y empresas publicitarias que carecen de regulación, pues la legislación y reglamentación en la materia ya se encuentra obsoleta; mientras que el regidor panista Manuel Rudecindo García considera que existe cierto acuerdo político entre las empresas y gobernantes, pues durante los periodos de campaña es frecuente que se vea a candidatos promoviendo su imagen en este tipo de negocios, sin importar que carezcan de regulación, permisos y documentación para operar.
POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS EN DAU
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El director de Administración e imagen Urbana (DAU), Daniel Humberto Valenzuela, comentó que IDíaz, Maya Publicidad, Panda Impresiones y Punto Clave, son empresas con más de 10 años en el ejercicio profesional de la publicidad, pero nunca han regularizado sus estructuras.
“Exhortamos a estas empresas que tienen establecimientos de espectaculares y pantallas, también como Punto Clave, como Vallas, que tienen putos de publicidad, pero siendo específico, Maya, Grupo Maya Publicidad tiene alrededor de ocho pantallas que no se han regularizado; la empresa de publicidad IDíaz, tiene diez espectaculares que no se regularizan; Punto Clave tiene algunos; Panda Impresiones tiene ocho espectaculares”, refirió el funcionario municipal, a la vez de asegurar que, desde que entraron a la encomienda de la alcaldesa Norma Bustamante, han intentado poner en cintura a estos y otros negocios.
Curiosamente, tres de estas cuatro empresas (IDíaz, Maya Publicidad y Panda Impresiones) son representadas legalmente por el mismo despacho: IBRS Consultores, dirigido por Víctor Francisco Ibarra Peralta, abogado vinculado a la asociación civil OCUPA, grupo de corte empresarial que ha enfocado sus críticas a los gobiernos morenistas.
En su página de internet se puede cotejar el nombre de todos los comercios que reciben sus servicios, curiosamente, empresas que cuentan con varias estructuras irregulares.
No conforme con ello, dentro de la estructura orgánica de la DAU se encuentra laborando el abogado Jesús Daniel Orona Gastélum, quien forma parte del equipo jurídico de la dependencia, ente encargado de regularizar y atender todos los juicios ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y demandas de amparo que presentan las empresas publicitarias de espectaculares, carteleras y pantallas.
En su currículum, el jurista reconoce que laboró en dicho despacho hasta2022, pero en la página de internet y de redes sociales de IBRS Consultores todavía aparece su imagen e incluso felicitaciones por sus festejos de cumpleaños.
Una de las imágenes aparece junto a Ibarra Pineda y en otra, signada en febrero de 2022 -ya con la administración municipal normista en marcha-, donde se presume como integrante del equipo jurídico de la empresa. Es decir, uno de los integrantes del equipo jurídico que analiza las multas, que lleva los procesos legales, que llega a acuerdos con empresas y se encarga de regularlas, representaba anteriormente a los mismos comercios que tienen irregularidades.
Mientras que el titular de la DAU decidió no emitir posicionamientos al respecto, el área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali fue cuestionado para obtener una entrevista con el abogado; encuentro que al cierre de edición, jueves 20 de febrero, no se pudo concretar.
Cabe señalar que la más longeva de estas empresas es IDíaz, propiedad de Horacio, Ricardo y Mónica Patricia Díaz Figueroa, además de María del Refugio Figueroa Ramírez, quienes forman parte de una connotada familia político-empresarial de Mexicali, quienes desde 2011 se formalizaron como empresas, pero desde antes comenzaron a instalar las carteleras, sin llevar a cabo un proceso de regularización. Es decir, se amparan para no pagar impuestos, a sabiendas que dichas acciones pueden ocasionar multas para los propietarios de la cartelera, para el dueño del inmueble y para la empresa que se anuncia.
POCAS EMPRESAS REGULADAS; SE PUEDE SANCIONAR A QUIEN SE ANUNCIA
Entre estudios de la memoria estructural, el seguro y permisos, instalar un anuncio espectacular y una cartelera podría costar hasta 100 mil pesos, según el análisis del titular de la DAU, Daniel Humberto Valenzuela, quien aseguró que gran número de negocios de este giro se encuentran irregulares, aunque trabajan intensamente para ponerlos en regla por medio de la autorregulación y los intentos por brindarles facilidades para que poco a poco se pongan al corriente en los adeudos, para lo cual laboran ya con 15 empresas que desean poner su documentación en regla.
El funcionario municipal comentó que estiman que se cuenta con un estimado de 65 carteleras regularizadas, de unas 120 que tienen ubicadas, pero el ex director de Administración Urbana, José Manuel Herrera de León, dice que estiman aproximadamente 300 y que ni 120 estaban debidamente inscritos en los registros municipales, lo que representaría un mayor ingreso para el Ayuntamiento de Mexicali, pues tan sólo por registrarse se deben pagar anualmente un estimado de entre 30 mil y 35 mil pesos.
“Por ejemplo, Calimax se anuncia con una promoción que tengan y buscamos al dueño del inmueble del terreno y no lo hallamos, buscamos al del espectacular y tampoco, entonces la Ley te permite buscar a la empresa que se anuncia y sancionarlo; nosotros no llegamos a eso”, refirió Valenzuela.
“Un día lo montan, lo ponen de a noche a la mañana y hay que ver por qué lo pusieron, multar y empezar este juego de gato y el ratón, de que ‘Oye, negociamos permisos, hay otros que presentan amparos, hay muchos recursos que presentan para no ser retirados’, o inclusive son para efecto de que no se les cobre. Entonces, eso conlleva que las áreas jurídicas, y es quien se encarga de verificar estos recursos que presentan”, complementó.
El director de la DAU consideró que profesionistas no deberían prestarse a este tipo de acciones, pues ya encontraron un modus operandi y se especializaron en ofrecer servicios para que no paguen lo que corresponde por Ley.
El arquitecto Herrera de León, considera que el marco legal en Mexicali está obsoleto, pero aun así hay mecanismos para sancionar y retirar estos anuncios. Reconoce que tres años son complicados para regular esta situación por completo.
“Vemos una desmedida ambición de los prestadores de servicio, brotan anuncios por todas partes, uno de los puntos que no hemos podido regular son las campañas políticas, hay un abuso en los espectaculares, no existen estos convenios que se tenían antes, donde se regulaba dónde te puedes poner, desafortunadamente el partido en el poder es consecuente para su conveniencia y vemos tapizado que cierto candidato trae mucho dinero, hacen falta estrategias”, observó.
Durante su gestión se desmantelaron 12 espectaculares que incumplían con los permisos, algunos incumplían medidas de Protección Civil, por lo que ponían en riesgo a la ciudadanía.
De igual forma, criticó la ignorancia de los funcionarios, toda vez que, desde la administración de Francisco Pérez Tejada, acuerdos de Cabildo impedían la colocación y proliferación de anuncios espectaculares en ciertas zonas, por ejemplo, en Calle Novena. Sin embargo, esto no se respetó y hoy en día se han instalado 20 en todo ese tramo ubicado al Oriente de Mexicali.
Cuestionado respecto a qué se requiere para regularizar la operación de espectaculares, respondió:
“Una nueva ley con dientes, que sancione, porque a veces son muy pequeñas y prefieren pagar la sanción que perder su negocio y aplicar las sanciones. Incluso veo una falta de atención en los ingresos, un espectacular de dos caras debe pagar 32 mil pesos de derechos, y creo que tenemos alrededor de 300 tenemos, y menos de la mitad están regularizados”, sentenció.
El regidor panista Manuel “Rude” García presentó una iniciativa para iniciar un padrón de postes en la ciudad, con la finalidad de estudiarlos y determinar cuáles se encuentran en mal estado y con riesgo de colapsar, además de exigir el pago de un impuesto extra.
En ese sentido, el propio edil coincidió en que es necesario establecer mecanismos para los anuncios y carteleras que dañan la imagen urbana de la ciudad, ya que tampoco existe certeza de su operación ni del cumplimiento con lineamientos de Protección Civil.
