La diputada de Morena, Teresita de Jesús Valentín, presentó ante la XVII Legislatura una iniciativa para tipificar en el Código Penal del Estado de Baja California Sur los ataques con ácido en contra de mujeres.
Específicamente, la legisladora busca reformar las fracciones y hacer adiciones a los artículos 4 y 29 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur.
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En su exposición de motivos, la legisladora precisó que, en México, la lucha de las mujeres organizadas ha llevado a incorporar al marco jurídico del país y de las entidades los diferentes tipos de violencia de género, lo que permite avanzar hacia su erradicación.
“Sin embargo, resulta necesario desarrollar y fortalecer estos y otros instrumentos legislativos con el fin de hacer visible las violencias que no han sido reconocidas, y que representan en la actualidad un riesgo latente contra la vida e integridad de las mujeres por razón de su género. En este caso nos ocupamos de la violencia ácida”, expresó.
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La diputada de Morena señaló que cifras de Acid Survivors Trust International (ASTI) indican que nivel global hay anualmente mil 500 casos de ataques con ácido a personas, el 80 por ciento de las víctimas son mujeres.
En el caso de Baja California Sur no hay registros de víctimas de este tipo de agresiones, no obstante, busca dotar de las herramientas jurídicas necesarias para cualquier escenario.
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A nivel nacional, la Fundación Carmen Sánchez presenta un registro de 28 víctimas en los últimos 20 años; el 85 por ciento de los autores intelectuales han sido hombres: cinco de ellos eran parejas sentimentales de las víctimas y 11 exparejas.
“El ataque con ácido es un tipo de violencia premeditada, ya que en la mayoría de ocasiones, la conducta delictiva es cometida por hombres a quien la víctima ignoró o rechazó, dándose a modo de castigo o condena con el que los agresores pretenden desfigurar o lesionar a la víctima”, comentó.
Asimismo, mencionó que algunas de las principales consecuencias de un ataque de este tipo son: la deformación permanente del cuerpo, las cirugías a las que deben someterse las víctimas, así como las secuelas psicológicas y sociales que pueden derivar de estos hechos.
En caso de ser aprobada esta reforma, se impondrán de 8 a 12 años de prisión y una multa de 377 días de salario mínimo a quien incurra en este tipo de agresiones.
