En diciembre de 2024, la XVII Legislatura del Congreso del Estado dio una estocada a la población del municipio de Los Cabos con la aprobación de una reforma hacendaria que permitió el incremento de impuestos y la creación de nuevos sujetos obligados a pagar.
Entre los tributos modificados se encuentran:
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*Incremento del dos al tres por ciento a personas obligadas al pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISABI).
*El impuesto se calculará aplicando la tasa del tres por ciento al valor del inmueble, después de reducirlo en cinco veces al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), elevado al año.
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*Derecho de saneamiento ambiental.
*Como nuevo sujeto de pago: las personas clientes de bares y restaurantes establecidos con consumo de 434.28 pesos, deberán pagar un 10 por ciento más del valor diario de la UMA.
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*Personas usuarias de cuartos y/o habitaciones de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales y moteles, deberán pagar un 70 por ciento del valor diario de la UMA (antes de la reforma era el 35 por ciento).
*Como nuevo sujeto obligado: se agrega a servicios de hospedaje a través de plataformas digitales, como AirBnB, y similares con un costo de dos veces el valor diario de la UMA, esto por cuarto, casa o departamento ocupados.
*Se agrega como nuevos sujetos de pago: personas que arrenden vehículos o embarcaciones marítimas, deberán pagar un 50 por ciento del valor diario de la UMA.
Esta determinación avalada por los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza no fue del todo bien recibida por la ciudadanía, que ha expresado su inconformidad a través de redes sociales.
Espacios como Facebook continúan como el escenario principal en el que los sudcalifornianos desahogan el disgusto contra las acciones de gobierno, y ésta no fue la excepción.
Calificado como un “robo al pueblo”, usuarios de redes sociales manifestaron que las autoridades no pueden ni deben tener la facultad de crear o aprobar impuestos de esta naturaleza, que dejarían una mayor desventaja económica a los habitantes de Los Cabos, que ya es clasificado por agencias como uno de los más caros de todo el país.
“No es posible. ¿Cómo que el gobierno del municipio de Los Cabos quiere cobrar los derechos por comprar o rentar o beber en restaurantes en fonas, en mercados, en minisúper en donde sea?, como si fuera a ellos a quienes les compramos”, señalan ciudadanos.
“El gobierno no puede cobrarnos derechos como una contribución porque no somos sujetos obligados. Es increíble que el gobierno quiera robarnos”, se lee en redes.
“El derecho al saneamiento es una aberración que el gobierno no tiene facultad para cobrarnos a los consumidores por adquirir, consumir comida o rentar un carro”, arremeten.
En este sentido, una propuesta que divaga en redes ha sido retomada por el Partido Acción Nacional (PAN) para su análisis: el interponer un amparo colectivo en contra de la reforma hacendaria.
El presidente estatal del PAN, Rigoberto Mares Aguilar, confirmó lo anterior al expresar que revisa esta posibilidad con el equipo jurídico del albiazul.
“Nosotros tenemos un compromiso con sumarnos a las causas de los ciudadanos; todos aquellos que se sientan agraviados por cualquier acción de gobierno o inacción del mismo, pueden encontrar en Acción Nacional y respaldo para las justas demandas”, declaró.
“En este caso no es la excepción; claro que vamos a explorar muy bien esta posibilidad de interponer amparos colectivos. Vamos con nuestro equipo jurídico a revisar la pertinencia del mismo y que, en todo caso, que sepa la ciudadanía que cuenta con nosotros para hacer frente a cualquier abuso de poder”, reiteró.
Durante la exposición de motivos de esta reforma, previo a su aprobación, la diputada local del PAN, Guadalupe Saldaña Cisneros, argumentó que era ilegal e inconstitucional, ya que prácticamente se estaba creando un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de carácter estatal, cuando esto viola los principios para establecer contribuciones, marcados en el artículo 31 Fracción IV de la Carta Magna.
“La verdad es que nosotros coincidimos completamente con lo que planteó en la discusión del tema nuestra diputada, Lupita Saldaña; no estamos a favor del incremento de impuestos o que haya más cobros”, dijo Mares Aguilar.
“Me parece que las condiciones económicas son ya de por sí complicadas para las familias sudcalifornianas como para todavía agregar este tipo de incrementos; me parece, además, que la justificación, el argumento que utilizan para la ampliación del cobro del derecho de saneamiento ambiental deja mucho que desear”, añadió.
En este contexto, recordó que en la pasada legislatura de la cual formó parte, apoyaron y dieron un voto de confianza a la administración del ahora exalcalde, Óscar Leggs Castro, para el cobro del derecho de saneamiento ambiental; sin embargo, hoy acusa que nunca hubo claridad en cómo se usaron los recursos generados.
Por ello considera que el argumento de que ahora necesitan ampliar el cobro de derechos para resolver una crisis económica, es una justificación muy débil y contradictoria, ya que esta problemática fue generada por un gobierno del mismo partido que hoy administra Los Cabos.
“Prácticamente nos dicen que la pasada administración defraudó la confianza, hizo un manejo inadecuado de los recursos públicos y que piden que se aumente justo ese derecho para resolver la situación que dejaron los anteriores”, subrayó.
“¿Qué nos dice a nosotros? ¿Por qué a los actuales sí tenemos que creerles, si son precisamente los mismos que ya en la pasada administración dejaron mucho que desear y, dicho por ellos mismos, usaron inadecuadamente los recursos públicos?”, cuestionó.
Insistió en que no existen los elementos para decir que es correcto lo que están planteando y haciendo, así como no es legítimo el cobro de este derecho, ya que afectará a sectores claves como bares, restaurantes, renta de autos y embarcaciones.
Lo anterior, precisó, puede significar un perjuicio contra la principal actividad económica de Baja California Sur, el turismo, así como al consumo local.
“Son dos pilares fundamentales para nuestra economía de un municipio como Los Cabos; incluso el incremento al ISABI puede impactar tal vez a quienes buscan adquirir una vivienda de interés social”, recalcó.
“Esta medida busca recaudar recursos para los servicios públicos, de acuerdo a lo que ellos dicen, pero no explican ni cómo ni cuándo resolverán los problemas urgentes y graves que enfrentamos”, agregó.
Como ejemplos mencionó lo que califica como una grave crisis de falta de agua potable, el pésimo estado de las calles, así como la congestión vial que afecta a la zona turística de San José del Cabo y Cabo San Lucas.
Cabe mencionar que, en contraste, la actitud del sector empresarial ha sido “positiva” ante ese incremento en impuestos.
La Asociación de Hoteles de Los Cabos indicó que la necesidad que se palpa en el destino es muy grande y que este incremento de impuestos ayudaría en temas como infraestructura, mientras que el sector restaurantero aseguró que no afectará en ventas.
INCREMENTO IRÁ A PASIVOS LABORALES
En las modificaciones aprobadas en diciembre, trascendió el cambio en el artículo 35 de la Ley Hacendaria de Los Caos, el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISABI) pasó del dos al tres por ciento para todos los sujetos obligados.
“El impuesto se calculará aplicando la tasa del tres por ciento al valor del inmueble, después de reducirlo en cinco veces al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), elevado al año. En los siguientes casos y para efectos de esta contribución”, establece el artículo antes mencionado.
El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, aclaró que este uno por ciento de aumento en el ISABI se usará para pagar pasivos laborales durante todo el 2025.
“Dentro de esta propia reforma que se hizo a la Ley de Hacienda de Los Cabos; dentro de todo lo que se estipuló, una de estas partecitas precisamente fue el poder subsanar los pasivos laborales solamente en el 2025”, dijo.
“Solamente con este margen de tiempo y solamente también con el uno por ciento que se va a incrementar dentro del mismo Impuesto Sobre Adquisición de Bienes e Inmuebles hacia el pago de los pasivos laborales”, reiteró.
El presidente municipal aseveró que después de que venza este plazo, continuará la aplicación del ISABI hacia obras e infraestructura social en las ciudades y comunidades de Los Cabos.
“Es lo que se tiene que realizar mayormente dentro de una administración municipal el que podamos dejarle algo al municipio de Los Cabos o a la ciudadanía cabeña”, añadió.
Explicó que el Ayuntamiento de Los Cabos debe aproximadamente 400 millones de pesos en pasivos laborales, sin embargo, esta cifra podría variar según las estrategias administrativas que se tomen.
El líder del PAN señaló que esto es otro ejemplo de la falta de administración de recursos, así como la ausencia de transparencia en este ayuntamiento ya que, en la exposición de motivos de la reforma hacendaria se aseguró al pueblo que el incremento del ISABI y del derecho de saneamiento ambiental irían para mejorar la infraestructura del municipio.
“Francamente no han dado muestras de que vayan a responder a la confianza que se les brinda, de hecho, es justamente lo contrario. Ya pronto sale a tema que no van a usar los recursos para lo cual argumentaron que lo requerían”, dijo.
DAN PRÓRROGA MÍNIMA
La XVII Legislatura del Congreso del Estado no socializó esta reforma previa a su aprobación, incluso la bancada de Morena prometió un análisis profundo del dictamen el 13 de diciembre antes de su votación, sin embargo, un día después fue avalada por el pleno.
Como medida, el Cabildo del XV Ayuntamiento de Los Cabos aprobó por unanimidad en la quinta sesión ordinaria, un punto de acuerdo con el que se dio una prórroga para el cobro del derecho de saneamiento ambiental.
El máximo órgano municipal determinó que los negocios deberán iniciar la captación de impuesto a partir del 1 de febrero de 2025.
El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, recordó que hoteles, posadas, casas de huéspedes, moteles, plataformas digitales de hospedaje como AirBnB, así como bares-restaurantes y arrendadoras de autos y embarcaciones, son los sujetos obligados al cobro de este gravamen.
Christian Agúndez insistió en que el derecho de saneamiento ambiental es un instrumento clave para fortalecer la capacidad de Los Cabos en temas de servicios públicos esenciales, infraestructura y mantenimiento urbano.
Cabe recordar que en esta reforma hacendaria se agregaron como sujetos obligados al pago a personas clientes de bares y restaurantes establecidos con consumo de 434.28 pesos; clientes que, en carácter de arrendatarias, celebren contratos de arrendamiento de vehículos automotores y clientes que, en carácter de arrendatarias, contraten embarcaciones marítimas con propósitos recreativos y/o deportivos en las marinas habilitadas en el Municipio.
El monto a captar varía según el servicio prestado, desde un 10 hasta un 70 por ciento del valor diario de la UMA, según la Ley Hacendaria de Los Cabos.
