Los descuentos anunciados por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para reemplacar vehículos con placas anteriores a 2021 no están aplicándose y se prevé que la ciudadanía pueda acceder a ellos hasta el próximo 21 de enero.
Éste es un ejemplo de la incongruencia entre las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Baja California, las disposiciones legales y la realidad. El 14 de enero, ZETA acudió a la oficina de recaudación de rentas de la colonia 20 de Noviembre en Tijuana, donde ciudadanos refirieron que en las cajas no les pudieron hacer los descuentos, porque el sistema electrónico no lo permitía.
Ello pese a que el decreto que establece el descuento del 100 por ciento a personas con discapacidad, del 80 por ciento para vehículos más antiguos de 2010, del 75 por ciento para vehículos de modelos 2011-2019 y del 50 por ciento para vehículos modelo 2020-2022, entre otros, fue publicado el 12 de enero de 2025 y entró en vigor el mismo día.
En la dependencia a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SATBC) imperaba la desinformación y no hubo respuesta de cómo pueden obtener el reembolso quienes hicieron el trámite. En los módulos de información se limitaron a decir que ya no se tenía que hacer el canje de placas de un vehículo con láminas anteriores a 2021, refirieron ciudadanos consultados.
A decir del secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, ya hicieron el reemplacamiento mil 200 personas en el estado, quienes podrían acudir directamente adonde hicieron los pagos para la devolución.
“Estamos analizando la posibilidad de buscar otros mecanismos que faciliten la devolución, ya sea si se pagó con tarjeta de crédito o débito abonarlo a su tarjeta o buscar mecanismos para facilitar esa devolución”, aseveró Álvarez Cárdenas, sin especificar el tiempo que llevará el reembolso que tendrá que hacer el SATBC de Gustavo Santos Hernández o la Secretaría de Hacienda de Marco Antonio Moreno Mexía.
“Opcional” reemplacamiento, pero sigue obligatorio en Ley de Ingresos
Respecto a la obligación de reemplacar vehículos públicos y privados con placas anteriores a 2021 a partir del 1 de julio de 2025 como lo establece la Ley de Ingresos, Ávila Olmeda dijo: “Es algo que estamos determinando que no sea obligatorio todo el año”.
Se irán haciendo “adecuaciones, así como descuentos”, aseguró la mandataria, sin definir una fecha para que se emita un decreto similar al de enero de 2017, cuando el ahora exgobernador panista Francisco “Kiko” Vega reculó en el reemplacamiento que se pretendía hacer en ese entonces ante el descontento social.
Hasta el cierre de edición, el gobierno de Baja California no había emitido ningún decreto para echar atrás legalmente la obligación de reemplacar a partir del 1 de julio de 2025. De modo que el reemplacamiento impuesto en Ley de Ingresos 2025 continúa vigente, más allá de las declaraciones de Ávila Olmeda.
Por ende, hay incertidumbre jurídica para quienes no hagan el trámite ya que podrían ser acreedores a una multa en 2026, como lo adelantó el titular del SATBC, Gustavo Santos, quien dijo que se prevé que acudan a reemplacar 240 mil propietarios de julio a diciembre de 2025, y quienes no lo hagan tendrían una multa a partir de 2026, aunque la sanción no está aún definida.
Además, en declaraciones del 8 de enero, el funcionario minimizó el impacto del reemplacamiento para usuarios de la SENTRI, ya que, según dijo, es mínimo el número de contribuyentes con SENTRI que este año tendrían la obligación de reemplacar.
En contradicción a lo expuesto por el SAT y en línea con las declaraciones de la gobernadora, Álvarez Cárdenas aseguró que el reemplacamiento es opcional y no habrá sanción para quienes no lo hagan. “Lo que queremos es invitar a la población, a que las personas que tengan vehículos con placas desgastadas, que no se vean, eviten que se les pare; no por el vencimiento de la placa en sí, sino porque no se vea y pueda generar suspicacias sobre quién viene manejando el vehículo”, afirmó.
Ciudadanos rechazan reemplacamiento
Cifras del SAT indican que existen alrededor de 500 mil vehículos con placas anteriores a 2021 en Baja California, las cuales son azules y guindas, dependiendo del gobierno que las expidió: panistas o morenistas.
La administración de Ávila Olmeda ha tratado de justificar la disposición como una medida de seguridad, pues argumenta que se ha detectado que autos “chocolate” usan placas sobrepuestas, pero la ciudadanía rechaza el reemplacamiento y señala que las láminas en malas condiciones corresponden a las otorgadas en las administraciones morenistas.
“Creo que es una forma de recaudar fondos para el gobierno. Se me hace excesivo, porque las placas como tal siguen funcionando y por consecuencia no tenemos que estar contaminando con tanto metal”, dijo el señor Manuel García, quien afirmó que no hará el trámite, aunque vaya a ser obligatorio.
Una comerciante, Sandra, también expresó su inconformidad. La semana pasada una amiga, con un carro 2012, tenía que pagar cerca de cuatro mil pesos por el reemplacamiento y el refrendo de la tarjeta de circulación. “Muchas personas quieren estar en regla, pero son tantos impuestos como el reemplacamiento, que en realidad no es necesario, que es difícil cumplir”.
Al acudir a la oficina de Recaudación para dar de alta su vehículo, Elizabeth dijo que sus placas “están bien, no están dañadas” y se manifestó contra el reemplacamiento. “Hay muchas personas que somos de bajos recursos, no tenemos tanto para estar pague y pague”.
Según la Ley de Ingresos 2025 el gobierno estatal recaudará dos mil 245.8 millones de pesos por placas calcamonías, tarjetas de circulación y refrendo servicio particular y otros servicios relacionados a estos derechos. Es decir, más de 278 millones que lo originalmente planteado en 2024. ZETA solicitó una entrevista con el titular del SAT, pero no fue concedida.
Marchas y el reparto de cuotas
Este viernes, 17 de enero, al mediodía, está prevista la segunda protesta contra el costo del reemplacamiento en Mexicali, luego de que el domingo cientos de manifestantes se congregaron afuera de las instalaciones de la Subrecaudación de rentas en el Centro Cívico, con pancartas en las que se leía “Marina, ya ponte a trabajar. Deja de robar” y “Rechazo total al reemplacamiento”.
A la expresión ciudadana se sumó el PAN que, encabezado por su presidenta estatal Lizbeth Mata, exigió la cancelación definitiva del reemplacamiento. Incluso el diputado morenista, Juan Manuel Molina García, responsabilizó al Ejecutivo de imponer la obligatoriedad del reemplacamiento dejando de lado que él votó a favor de la Ley de Ingresos 2025, en la que se estableció el reemplacamiento, y que contó con el apoyo de sus correligionarios de Morena y partidos afines.