Una de las presunciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila es que brinda más apoyos sociales que nadie, y lo que debería ser una responsabilidad, es herramienta de control y poder
Para 2025, el Gobierno de Baja California tiene previsto manejar más de 4 mil millones de pesos para temas relacionados con apoyo social en cualquiera de sus modalidades, una cifra impensable durante los gobiernos del PAN, cuando el rubro no alcanzaba los mil millones de pesos.
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Ya sea para brindar apoyos directos o por proyectos, el dinero de todos los bajacalifornianos recae en las manos de una sola persona: el secretario de Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, los ojos, manos y boca de la mandataria estatal Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La mayor parte del dinero público se encauzará a desayunos escolares, con poco más de mil 800 millones de pesos, donde se benefician empresarios ligados a Morena en Sonora, como Mario Abeyta Ruiz, propietario del restaurante El Quiriego y de AB Alimentos, quien, desde la administración de Jaime Bonilla Valdez, ha ofertado este servicio multimillonario, aunque hay que aceptar que -al menos- es un programa que recae finalmente en las infancias de la entidad.
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El resto del dinero queda en total manejo discrecional del secretario del Bienestar, quien durante tres años se ha convertido en el arquitecto electoral del manejo político de Morena y del presupuesto, y el hombre al que se debe rendir pleitesía si se desea recibir el respaldo del recurso público estatal. Estar al frente de esa dependencia representa un gran poder político, aunque no debería serlo, pues pocas veces se ha utilizado ese cargo para su verdadera función: la reducción de la pobreza.
Dos de las acciones realizadas por el secretario del Bienestar se contraponen totalmente con una acción efectiva en favor de los necesitados y se vuelven un riesgo por la ignorancia en torno a un tema tan sensible como la movilidad social.
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Una, las becas Con el Corazón por Delante, que brindan apoyo económico a estudiantes de CETYS Universidad, que mayoritariamente benefician a personas que no lo necesitan y deja de lado a la única institución educativa superior que realmente impacta en la movilidad social: la Universidad Autónoma de Baja California.
El Estado prefiere becar masivamente a hijos de gerentes de industrias transnacionales, funcionarios y alta burocracia, que a los de jornaleros, trabajadores de maquiladora y obreros en general, que en las mejores circunstancias alcanzan un grado universitario con hartos esfuerzos. Algo que -en teoría- dista mucho de la visión que pretende implementar el gobierno de Morena a nivel nacional, donde se busca democratizar ese tipo de espacios y el recurso público.
La otra acción, es el manejo irresponsable en torno a una agrupación conocida como Patrulla Espiritual, que a cambio de unos cuantos likes, el apodado Netza invitó a su oficina a los integrantes.
Patrulla Espiritual forma parte de los 200 centros de rehabilitación que operan en el Estado sin ningún tipo de regulación ni evidencia de efectividad, mientras que alrededor de 250 centros operan todos los días bajo los más estrictos lineamientos e invirtiendo de forma importante para reducir el impacto de las adicciones, el funcionario opta por apoyar a una agrupación que ni siquiera tiene permisos de funcionamiento, que carece de protocolos de atención y se desconoce totalmente si las instalaciones son ideales para atender pacientes psiquiátricos o consumidores.
La promesa del secretario es becar jóvenes o “tazos dorados” para que entren a un centro -usando dinero público- que carece de lineamientos en un tema tan delicado como la salud mental.
Un gobierno que apega sus políticas a tendencias en redes sociales o donde los apoyos sociales benefician a los que más tienen o que no cumplen con la Ley, es algo que debería cuestionarse a los emisarios de la Cuarta Transformación en la entidad, quienes se rigen por la parafraseada consigna de “Likes y Circo”.
