Dos policías fueron suspendidos por estar presuntamente involucrados en un secuestro exprés contra un odontólogo que, por cuatro horas y media, fue golpeado y asaltado con 42 mil pesos durante la mañana del lunes 14 de octubre de 2024 en la colonia Buena Vista. Los dos policías municipales están adscritos a la delegación Otay Centenario y un cómplice fue detenido por un descuido al momento de la liberación de la víctima.
De acuerdo a testigos, la privación del odontólogo sucedió a las 07:40 horas, cuando a bordo de su automóvil, el empresario transitaba con sus dos hijos por la citada colonia. Antes de llegar a la escuela, una patrulla municipal con número económico BC 195A1 le hizo el alto para infraccionarlo por no portar cinturón de seguridad. Los oficiales lo esposaron y le pidieron subir a otra camioneta color blanco, supuestamente de la “Policía Ministerial”, ya que le dijeron, tenía orden de aprehensión por la Policía Federal e incluso lo trasladarían a Ciudad de México.
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“Sí se validó que se trató de un elemento activo el que participó en el levantamiento, en la privación de la libertad de un dentista. El elemento está suspendido, ya dimos parte a Sindicatura y a Fiscalía General de Justicia, que trae la investigación correspondiente. De inmediato, validamos la identidad, validamos que la unidad fuera efectiva y al segundo elemento y por el apellido no; validamos que ese elemento estaba inactivo, hay un segundo participante que se hacía pasar por el elemento activo”, explicó Juan Manuel Sánchez Rosales, secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana.
De la patrulla bajaron dos agentes uniformados, pero el secretario Sánchez Rosales aclara que sólo uno es agente activo, el otro no: “No pudimos validar que estuviera a bordo de la patrulla, pero fue el que supuestamente puso al dentista”.
Un tercer implicado, ajeno a los policías municipales, fue a quien le dieron las llaves del auto de la víctima y cumplió con llevar a los dos menores de edad a su escuela y firmar su ingreso a los planteles educativos.
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“Presuntamente una unidad es quien aborda al denunciante y le piden que baje, sin embargo, él les comenta que tiene que llevar a sus hijos a la escuela y relata dentro de los hechos, el presunto nombre de otra persona involucrada que es el que aborda el vehículo donde van los menores y es el que los traslada a la escuela”, expuso Teresita Balderas, síndico procuradora del Ayuntamiento de Tijuana.
Horas después fue detenido cuando regresó el auto a la colonia Buena Vista, donde ya hacían recorridos otros agentes municipales que recibieron la denuncia por desaparición forzada.
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“Lo intervienen, le piden una cantidad de dinero. La persona que es detenida, lleva a los menores a la escuela, los deja en la escuela. El ofendido retira una cantidad de dinero, si mal no recuerdo es de 42 mil pesos y le están exigiendo la cantidad de 500 mil, y es el momento cuando pide ayuda y detienen a la persona de nombre Francisco N. Él se encuentra vinculado a proceso en prisión preventiva”, relató Maximiliano Ramos, fiscal de Tijuana.
La familia del empresario revisó la trayectoria del auto por geolocalización (GPS), así advirtieron a la Policía sobre la trayectoria de la camioneta y arrestaron al secuestrador que acababa de dejar a los menores en la escuela. Al mediodía del 14 de octubre, el odontólogo había transferido el dinero a sus plagiarios y recuperó su libertad, decidió resguardarse por miedo a represalias, por lo que, hasta diciembre de 2024, no ratificó denuncia ni identificó al policía que presuntamente habrían participado en el secuestro exprés.
Legalmente el caso está estancado ante la falta de identificación y ratificación presencial; mientras Sindicatura tiene suspendidos a Arturo e Iván N, Fiscalía General del Estado (FGE) no puede proceder si no se formaliza el señalamiento directo.
“Estamos esperando el reconocimiento, un señalamiento de él y hasta ahorita no se ha podido, pero seguimos insistiendo a que acuda a la unidad (…), una vez la víctima haga reconocimiento directo de las personas involucradas y actuar con la extracción penal”, dijo Ramos.
“Tenemos 600 casos en proceso de valoración, no es que estén suspendidos en área administrativa. Tenemos cerca de 200 amparos, al estar ellos amparados, tenemos que reintegrarlos a sus actividades laborales y seguir el proceso. Los que puedo dar garantía que están suspendidos es desde que yo llegué y esos sí, de inmediato”, explicó por su parte el secretario Sánchez Rosales.
Formalmente, en Sindicatura de Tijuana hay 531 denuncias activas contra policías municipales, lo que representa una cuarta parte de las 2 mil 100 establecidas contra servidores públicos municipales.
