La turbulencia en el Poder Judicial federal por la reforma judicial, no se vio reflejada en su homólogo local. Acá, la cara es de complacencia con el poder
La prueba más clara de que el Poder Judicial se encuentra politizado es la posición gobiernista y conciliadora que demostró el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en torno a la reforma al Poder Judicial local; como ejemplo, las fotos que presumía con la mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda, mientras los diputados terminaban con la carrera judicial como se conoce en el Estado.
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A diferencia del enfrentamiento político con evidente inexperiencia por parte de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Araceli Piña, en contra del oficialismo de Morena y de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, los ministros intentaron hacer frente a lo que -a su juicio- es una intromisión al Poder que representaban. Sin embargo, su Álamo no resistió mucho y terminaron por ser apabullados y traicionados por sus propios iguales.
Más allá de la posición política que se tenga en torno a la selección de jueces, magistrados y ministros, mediante el voto popular, la posición política por defender lo que se piensa es algo importante en una democracia. Bien o mal, se intentó, pero ¿qué pasa con la otra cara de la justicia mexicana?
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Decir que la SCJN no estaba politizada es un absurdo (incluso también llegó a estar partidizada), pero la postura que tuvo el magistrado presidente en Baja California fue otra cara de la moneda.
Mientras que en una posición hubo un claro enfrentamiento incluso ideológico, en otro se entendió el poder con pragmatismo, con intereses.
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Ni al Gobierno de Baja California ni al magistrado Fragozo López les interesa lo que representa la reforma judicial, pero sí preservar sus posiciones y repartirse el botín conformado por 170 puestos que ahora serán de elección popular.
Esas son las dos caras de la justicia: una donde el ex Presidente logró tener ciertas simpatías con algunos ministros -sobre todo los designados por el mandatario federal-, pero jamás tuvo la capacidad de volverlo una extensión de su poder.; y otra, un Poder Judicial local en el que se tiene estructurada una carrera judicial que se vendrá abajo, con tal de mantener los privilegios de la alta burocracia de los togados de la entidad.
La única diferencia entre Arturo Zaldívar y Alejandro Fragozo es que al menos el primero se definió públicamente como gobiernista, mientras que el segundo disimula para evitar conflictos. De cualquier forma, ambos le sirven al régimen.
Refilón
Hablando de Zaldívar y Fragozo, a mediados de la administración de Andrés Manuel López Obrador, intentó ampliar el periodo de la presidencia del primero en la SCJN por dos años más, pero la presión política dentro del órgano colegiado echó para atrás las intenciones.
Con los acuerdos políticos realizados, ¿logrará Fragozo negociar una posible reelección dentro del tribunal, entendiendo que todos serán designados desde cero?
Dicho sea de paso, los nuevos ministros fueron cuestionados respecto a si tendrían que someterse a una reducción de sueldo para ganar menos que la Presidenta de la República. En ese entendido, ¿se someterán los magistrados locales a ganar un menor sueldo que el de la gobernadora?
