Existe un ambiente de incertidumbre en las autoridades municipales, estatales y federales con respecto al comportamiento migratorio que se pueda llegar a presentarse con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos este próximo 20 de enero del 2025.
Por esta razón, el pasado 17 de diciembre, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó sobre la estrategia que se buscará realizar en el estado y en especial en los municipios de Mexicali y Tijuana para recibir a los posibles mexicanos repatriados, mencionado únicamente la intervención de las autoridades, excluyendo de su posible participación a las asociaciones civiles.
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AC listas, pero sin ayuda
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Altagracia Tamayo, directora del Albergue COBINA, compartió su descontento, señalando que sólo la alcaldesa de Mexicali Norma Bustamante Martínez ha tenido comunicación con ella, preguntándole sobre la capacidad que tiene en el recinto para recibir a más personas.
Denunció la falta de apoyo e interés por parte de las autoridades federales, en particular por el delegado único en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, mismo que ha desprestigiado la labor de los albergues civiles, haciendo que, por lo menos, los que se encuentran en Mexicali, no reciban ninguna clase de apoyo.
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“Durante el tiempo que él ha estado (Ruiz Uribe) no hemos sido vistos de una buena manera. Tristemente, en Baja California, el súper delegado no nos quiere apoyar, esa es la realidad. A ver si el gobierno nos llama; estamos a día 7 de enero y no nos llaman para sentarnos, con ellos ni nada, pues que les hemos hecho”.
Señaló que los albergues pertenecientes a las asociaciones civiles se encuentran con toda la disposición de ayudar ante la situación que se pueda presentar para recibir a los mexicanos deportados y colaborar con el estado y la federación para organizar a los mismos y así sea más sencillo su traslado a su lugar de origen; sin embargo, al parecer no hay interés.
Denunció también falta de apoyo del estado, y en especial de la federación, para hacerle frente a las problemáticas del propio albergue, teniendo complicaciones para pagar la tarifa del suministro de energía y agua, así como la falta de despensa e insumos para limpiar los espacios.
Albergues provisionales
El gobierno de Baja California informó la instalación de siete albergues provisionales distribuidos en Tijuana y Mexicali para atender dicha situación, implementando cinco en el municipio de Tijuana y dos en la Capital del Estado. Ante esto, Tamayo, argumentó que dicha estrategia es un error, ya que, la estancia en esos espacios podría violar los derechos humanos, al tener en condiciones sumamente precarias a los deportados.
“Aquí estamos nosotros, sólo que nos apoyen”, dijo.
Mesas de trabajo
El secretario general del gobierno de Baja California Alfredo Álvarez Cárdenas, informó sobre la instalación de una mesa de trabajo con la presencia de los tres niveles de gobierno, en donde excluyó a los albergues ciudadanos.
