Abrazos, besos, sonrisas, fotografías, apretones de manos y camaradería, es el sentimiento general que se vivió en la sesión de instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), realizada el miércoles 8 de enero, donde prácticamente arrancó el proceso de selección de más de 170 cargos jurisdiccionales del Poder Judicial, y en el que magistrados, funcionarios y representantes de instituciones públicas y asociaciones civiles, parecen minimizar o ignorar el abismo de incertidumbre que tienen frente a sí y se definirá el 1 de junio de 2025.
Sólo hay dos formas de interpretar esta calma que discrepa de la lucha que sí emprendió el Poder Judicial Federal: acuerdos políticos muy sólidos, o bien, una ignorancia total de lo que representa organizar una elección para más de 3.2 millones de ciudadanos que conforman el listado nominal de Baja California.
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La elección de jueces y magistrados es una realidad en la entidad y se tiene prevista para mediados de este año, sin importar que existe incertidumbre en temas trascendentales, donde la respuesta genérica de todos los participantes en la construcción y ejecución de la reforma es: “lo vamos a definir en los lineamientos (o acuerdos)”.
La herramienta de participación ciudadana que pretende democratizar el Poder Judicial, arrancó retrocediendo con grandes avances en la diversidad, pues si bien, incluye conceptos como la paridad, excluye del proceso electoral jurisprudencias que ratifican la necesidad de presentar acciones afirmativas en cargos de elección popular, como ofrecer espacios para personas con discapacidad, integrantes de población indígena y de la comunidad LGBTTTIQA, sin mencionar que está plagada de ambigüedades como la no inclusión del impedimento para competir en el cargo por temas relacionados con incumplimiento de pensión alimenticia, violencia de género, entre otros elementos; aunado a la necesidad de un incremento presupuestal al Instituto Estatal Electoral (IEE) de aproximadamente 230 millones de pesos -en el análisis tentativo- para instalar un mínimo de casillas, la compra de mobiliario, personal eventual y demás necesidades inherentes a una jornada electoral.
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Uno de los grandes beneficios para magistrados y jueces de BC es que podrán hacer lo que Jaime Bonilla Valdez no pudo: ampliar su mandato, pues a partir del proceso de elección popular, magistrados y jueces gozarán de hasta 18 años más en sus cargos, sin importar que estén a punto de cumplir los 15 años como tope máximo que se tenía previsto en el anterior marco legal. Es decir, magistrados que se perpetuarían más de 20, 25 y hasta 30 años en el cargo.
Otro de los puntos importantes es que -a diferencia de a nivel federal- en el Estado se modificó la conformación del Tribunal de Disciplina y el Consejo Administrativo, para separarlos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y entre sí. Aunque el Tribunal de Disciplina se encargará de sancionar el actuar de jueces y magistrados, la Ley es confusa en torno a quien debe removerlos del cargo, pues por un lado, refiere que el Congreso, y por otro, sugiere la intervención del propio tribunal.
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ASÍ SERÁ EL PROCESO DE SELECCIÓN
La reforma constitucional a los artículos 5, 18, 27, 42, 49, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 90, 93, 94, 95, 107 y 109, que se plasmó en el Decreto 36 en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2024 en un proceso fast track que no abarcó un análisis mayor a 10 días entre la recepción y su aprobación en el Congreso del Estado, está plagada de inconsistencias y de incertidumbre, pero aun así se llevará a cabo.
El propio secretario del Consejo General del IEE, Raúl Guzmán, comentó que ellos no estaban enterados de la intención de la reforma cuando tomaron un periodo vacacional de fin de año, al grado que cuando presentaron el Presupuesto 2025, no contemplaron el proceso electoral.
El miércoles 8 de enero se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo General Electoral, encabezado por el presidente Luis Alberto Hernández Morales, quien en su intervención en el Pleno, recordó a representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo que es necesaria una ampliación presupuestal para materializar la elección de más de 170 cargos de elección popular dentro del Poder Judicial local.
Tanto el diputado morenista Juan Manuel Molina como el especialista en material electoral, Joel Abraham Blas Ramos, coincidieron que en futuros procesos será necesaria una Ley Secundaria que regule de mejor manera la elección, como ocurre con la Ley Electoral y la Ley de Participación Ciudadana. Los comicios de jueces y magistrados carecen de un marco legal estructurado, por lo que todo deberá ser delimitado en lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) IEE y acuerdos de los comités evaluadores, lo cual, según Blas Ramos, permitirá una ola de impugnaciones por parte de los quejosos, que afectarían el proceso electoral que, dicho sea de paso, no tiene acciones suspensivas.
El secretario ejecutivo del IEE aseguró que aún no hay plazos definidos para el proceso electoral, debido a que los otros poderes deben continuar avanzando para ir estructurando el proceso electoral. En otras palabras, casi todo es incierto.
Entre las certezas está que el 8 de enero inició formalmente el trabajo por parte del IEE para el diseño del proceso electoral, en espera que el Congreso del Estado emita la convocatoria con las especificaciones del comité evaluador. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, harán propuestas para conformar los comités de evaluación de tres personas de la comunidad jurídica cada uno, los cuales deberán cumplir con el hecho de ser mexicanos, tener una buena fama pública y un título de licenciado en Derecho con más de cinco años de expedición y de ejercicio profesional.
Nueve días después de entrada en vigor la reforma (el 1 de enero,) el Consejo de la Judicatura del Estado deberá enviar información de los 171 cargos que están en juego, como especialización, geografía y demás. Ahí se definirán cuántos jueces familiares, penales, civiles, mercantiles competirán por los cargos, además de las 17 magistraturas numerarias, de las cuales una es especializada en materia de adolescentes; tres magistraturas supernumerarias mixtas; tres numerarias del Tribunal de Disciplina judicial y una magistratura supernumeraria más para este tribunal.
Con esa información, el Legislativo tendrá que emitir una convocatoria con fechas y plazos para concretar el proceso y de manera paralela cada Poder elegirá a tres abogados que conformarán su comité evaluador, el cual tendrá en su responsabilidad fijar acuerdos para el proceso de depuración de la lista de aspirantes, que deberá estar lista para el 30 de enero.
Asimismo, los poderes tendrán derecho a postular dos propuestas por cargo, con la posibilidad de que los puedan definir candidatos de unidad. Es decir, que dos o tres poderes postulen a la misma persona para el mismo puesto.
En ese punto, Blas Ramos refiere que la situación se torna un tanto confusa, pues en algunos apartados los poderes podrán postular hasta dos candidatos, pero en otros de la misma Ley, les permite tres propuestas.
El 12 de febrero es la fecha límite del Congreso del Estado para recibir las propuestas de los poderes -derivadas de los resultados del comité evaluador- y entregar la información de los candidatos de cada Poder y de todos los cargos que se postularán, con el objetivo de diseñar la boleta electoral que tendrá como base los lineamientos del INE. Dentro de los requisitos se establecen los que ya se conocen, como los promedios académicos de 8 o 9 -según el cargo al que se aspire-, presentar un texto de tres cuartillas con la postulación y cinco cartas de recomendación de diversos sectores; tres años de ejercicio profesional comprobable (en caso de aspirar a juez) y cinco en magistraturas; y no haber ocupado cargos de poder dentro de la administración pública un año antes.
Para el 3 de marzo, las personas que forman parte de la convocatoria ya deben tener todo listo y avalado para formar parte del proceso de selección, cuya campaña electoral se llevará a cabo del 29 de abril al 28 de mayo, apegándose sólo a la publicidad de los tiempos oficiales en radio y televisión, además de redes sociales, sin la posibilidad de realizar actividades de proselitismo con recurso público o privado de ningún tipo, aunque en el Artículo 5, apartado F, se lee lo siguiente sobre una posible nulidad de la elección: “Cuando se acredite el uso de financiamiento público o privado, con excepción del legalmente permitido”, lo cual genera confusión sobre respecto a si se permitirá o habrá algún tipo de recurso que podrá ejercerse, ya que el dinero erogado de manera personal -como gasolina o traslados, algún tipo de producción audiovisual-, según Raúl Guzmán, también podría ser considerado financiamiento privado.
La elección se llevará a cabo el primer domingo de junio y para el 15 de agosto tendrán que emitirse todas las constancias de mayoría, con el objetivo de que el 1 de septiembre entren en funciones.
El IEE reactivará los 17 consejos distritales para la distribución y organización de la elección, ésta se definirá por partido judicial, es decir, se realizarán conteos en los 17 distritos, pero la elección se definirá por ciudades, lo cual derivaría ciertos conflictos en los que se conformen por más de un municipio, como el caso del Distrito V, conformado por la Zona Sur de Mexicali y San Felipe.
Asimismo, el IEE pretende llevar a cabo algún tipo de actividad para que se conozca a los candidatos, por medio de la herramienta digital CONÓCELES, donde los aspirantes publican su información personal y profesional, propuestas o bien, mediante la organización de foros que no serán propiamente debates. Los candidatos pueden ser invitados por cámaras empresariales, agrupaciones civiles y demás para dichos eventos de acercamiento, con la obligación de brindar equidad en la contienda.
NO HAY DINERO NI LEY SECUNDARIA: IEE
Tanto el consejero Luis Alberto Hernández Morales como el secretario Raúl Guzmán, coinciden en que se requiere una ampliación presupuestal para sacar adelante el compromiso, pues cuando se presentó y autorizó el Presupuesto de Egresos del IEE, se contempló sólo el funcionamiento operativo, el recurso para participación ciudadana, sueldos y financiamiento a partidos políticos, no así para una elección que tendrá presencia en todo el Estado.
De las más de 5 mil 300 casillas instaladas para la elección 2025 de munícipes y legisladores, el IEE contempla instalar poco más de 2 mil 500 o 2 mil 600. En un análisis general, Guzmán aseguró que se solicitaría un incremento de 250 o 260 millones de pesos, aunque aún analizan reducirlo. Para este proceso, el IEE debe proyectar el monto específico que se destinará a capacitadores electorales, mobiliario, boletas, personal, entre otras cuestiones, para definir el monto específico, el cual se enviará a la Secretaría de Hacienda para que otorgue el visto bueno y lo turne al Congreso para su autorización. Debido a lo engorroso del proceso, se estima que la petición se haga antes de concluir enero.
El segundo gran problema es que los poderes Ejecutivo y Legislativo no pudieron crear una Ley Secundaria para regular la elección, lo que deja muchos cabos sueltos y la posibilidad de definir diversos criterios. De acuerdo con Blas Ramos, uno de los puntos es que cualquier persona que solicite una acción afirmativa para abrir un espacio dentro de la lista de aspirantes tendría el derecho de hacerlo, pues las jurisprudencias en materia electoral lo contemplan.
En los mismos transitorios de la reforma al Poder Judicial local, se reconoce la necesidad de una reforma secundaria, pero invitan a que se publique en el periodo máximo de un año, fecha en que ya se tendría a magistrados y jueces en funciones.
El magistrado Alejandro Isaac Fragozo López fue claro al decir que aún hay dudas en torno al funcionamiento de la elección, como el periodo en que podrán promover el voto a su persona cuando se trata de un juez o magistrado que busca su reelección, máxime cuando requiere cumplir un horario laboral. Aún no se tienen mecanismos para garantizar que no se busque solicitar el voto en periodo laboral, mientras que Raúl Guzmán dijo que se vuelve un reto muy complejo que trata de subsanar la ausencia de una Ley Secundaria con lineamientos y acuerdos de los comités evaluadores o del propio IEE.
Otro de los puntos es el análisis de aspirantes que incumplan con el 3 de 3 en materia patrimonial, y el 8 de 8 en materia de violencia familiar con sentencias irrevocables, como el caso de lesiones hacia una mujer o el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
En opinión del diputado Juan Manuel Molina, estos requisitos ya se encuentran plasmados en otros artículos de la propia Constitución y la Ley Electoral, por lo que pueden ser utilizados y plasmados mediante acuerdos dentro del comité evaluador que tendrá que analizar todos estos requisitos, tanto para ser juez o magistrado, como los inherentes a ser representante popular.
Por su parte, el magistrado Alejandro Isaac Fragozo comentó que tampoco se cuenta con lineamientos para dar certeza de que jueces y magistrados no usen recurso público o privado durante su campaña. Tampoco se ha analizado si podrán recibir sueldos y si existen restricciones de horarios. Y es que en la Ley Electoral local y otras disposiciones, se contempla que, para casos de reelección de munícipes y legisladores, durante el periodo de campaña dejan de recibir salario y todo tipo de prestaciones o beneficios relacionados con el cargo.
Este ejercicio tendrá que hacerse con todos los aspirantes por el comité evaluador y no por el IEE, como históricamente ha ocurrido. Es decir, además de revisar si aspirantes cumplen con los requisitos establecidos en la Ley, en los lineamientos definirían otro tipo de requisitos, como capacitaciones relacionadas con la perspectiva de género o la experiencia en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Juan José Pon, consejero jurídico del Poder Ejecutivo, coincidió que dentro de los lineamientos contemplados por el comité evaluador podrían incluirse los temas que vinculan a los servidores públicos electos por la vía popular, e incluso podrían agregarse otros relacionados con la especialización en ciertos casos.
Aunado a ello, los jueces y magistrados que buscan reelección tendrán preferencia para competir en este proceso, a menos que decidan retirarse del cargo y gozar de los beneficios del haber de retiro, que según Molina, debería analizarse en función de la proporción de los años trabajados.
Cabe recordar que en 2025 el magistrado José Luis Cebreros cumpliría 70 años, por lo que dejaría el encargo de manera anticipada y se vería imposibilitado para competir por concepto de edad. Para diciembre, la magistrada Sonia Mireya Beltrán, de vasta experiencia, cumpliría sus 15 años en el cargo que por Ley le impiden continuar con su gestión, y a mediados de 2026, Mirian Niebla y Salvador Ortiz Morales estarían en el mismo precepto, por lo que de continuar la Ley anterior, se jubilarían al cumplir los 15 años, pero los tres podrían iniciar de cero en el proceso y ser electos por ocho años, con una reelección de nueve años.
Sólo por única ocasión, el próximo periodo será de ocho años, con la intención de empalmar las elecciones judiciales con las federales de 2033. Entendiendo que los candidatos a magistrados y ministros tienen preferencia al momento de ser evaluados por el comité, es probable que un gran número de actuales jueces y magistrados repitan en el cargo.
Respecto al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se confirmó que no habrá y tampoco hay certezas sobre la necesidad de la renuncia al cargo, siempre que no sea juez o magistrado, pues ellos entran de manera directa a la boleta.
Para el abogado Hassan Franco, de la Federación de Abogados, no hubo grandes sorpresas ni cambios dentro de la conformación de la reforma local, aunque admite que parece indicar que muchas cuestiones faltaron por analizarse con mayor profundidad, sin embargo, confía en que se pueda llevar a cabo el proceso.
