Ante la inminente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó, el 31 de enero de 2025, reformas para dar cumplimiento a dichos derechos.
“La propuestas que nosotros estamos haciendo al capturar el INAI, es que la parte del derecho al acceso a la información, que es el derecho público a conocer todas las estadísticas y el comportamiento del Estado y los gobiernos, vaya a un órgano desconcentrado que le vamos a llamar Transparencia para el Pueblo”, expuso la funcionaria federal.
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“En el caso de protección de datos […] van a corresponder al Ejecutivo […] la Constitución, la última reforma también de la esa facultad a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, agregó Buenrostro Sánchez, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
“Lo más importante es que se mantiene el derecho al acceso a la información pública. ¿Qué es lo que cambia?, lo que cambia prácticamente son las autoridades encargadas de garantizar ese derecho”, detalló la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
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Según lo explicó Buenrostro Sánchez, Transparencia para el Pueblo será un órgano autónomo descentralizado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero que en lugar de tener siete comisionados, como el INAI, sólo tendría un titular, además de que sólo funcionará para el acceso a la información del Poder Ejecutivo Federal.
En cambio, agregó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los otros dos poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial, también tendrían, cada uno, un organismo garante de transparencia. Asimismo, habría otros organismos garantes, para otros sectores como los sindicatos, los partidos políticos, entre otras instituciones. En total serán 18 organismos de este tipo para la Administración Pública Federal.
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“Por lo tanto no se restringe, ni se limita nada de lo que ya ha sido público en información. Se mantienen todas las obligaciones que existen hasta ahorita y además se amplía la obligación de mantener informada a la ciudadanía”, consideró Buenrostro Sánchez.
Según lo indicó la funcionaria federal, para el caso de derecho a la protección de datos personales, también habría 18 organismos por cada sector del Gobierno de México, mientras que la defensa de los datos personales en posesión de particulares, la realizaría la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Asimismo, la funcionaria federal expresó que a nivel estatal y municipal, se pasaría de 32 organismos homólogos al INAI, a contar con entidades responsables en cada nivel de gobierno.
Por otra parte, el Sistema Nacional de Acceso a la Información ahora estará compuesto por 40 instituciones y será presidido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Algunos de sus integrantes serían el Poder Ejecutivo local, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Archivo General de la Nación (AGN) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Además, tal como lo indicó Buenrostro Sánchez, habría 32 subsistemas integrados por los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales estatales, así como los órganos constitucionales autónomos de cada entidad y los municipios.
Según datos presentados por Buenrostro Sánchez, la Secretaría a su cargo absorbería 80 por ciento del trabajo del INAI, con 35 por ciento del costo de su estructura. Además, afirmó que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) seguiría en funcionamiento, con al menos la información que mantenía hasta la actualidad. En esta página web, se concentran más de 15 mil millones de archivos públicos.
“La Plataforma Nacional de Transparencia es donde contiene toda esta información, todos los datos que ya se ha estado construyendo durante varios años de acceso público. Esta plataforma no estaba regulada en ley”, expuso la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
“Para garantizar su prevalencia y que se mantenga y se preserve y se queden todos los datos históricos y para garantizar que se va a mantener al menos la misma información si no es que más, la plataforma va a estar regulada en la ley”, afirmó la funcionaria federal.
“Nosotros ya estamos en pláticas con los comisionados del INAI, y lo que acordamos es que en el caso de la plataforma, que cuando no las entreguen le vamos a poner un validador criptográfico”, una especie de huella digital para hacer auditorías forenses, comentó Buenrostro Sánchez.
“Es decir, si en algún momento alguien pudiera pensar que se violó la información, se puede hacer una auditoría forense tecnológica para ver si estaba o no estaba desde origen”, apuntó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal mostró una lámina que decía: “Buen Gobierno absorbe 80 por ciento del trabajo del INAI, con 35 por ciento del costo de su estructura”. Sobre ese tema, la mandataria nacional destacó que se ampliaría la transparencia y se protegerán los datos personales, con “mucho menos presupuesto”.
“Como ven se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35 por ciento del presupuesto que tenía el INAI”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Entonces se están enviando el día de hoy estas leyes para su consideración en el Senado de la República y después en la Cámara Diputados, eso es parte de la reforma constitucional de la desaparición del INAI, como tal en la Constitución, manteniendo y fortaleciendo la transparencia y la seguridad de los datos personales”, enfatizó Sheinbaum Pardo.
Con los cambios se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se reforman las siguientes leyes: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
