La desaparición de Lisset Soto Salinas el 14 de octubre de 2010 en La Paz, no se trató de un caso aislado, y mucho menos algo de lo que no estuvieran enteradas las autoridades, ya que hubo participación de funcionarios públicos en el ramo de la seguridad involucrados, pero “nadie ha querido mover las manos”, dijo una fuente de seguridad a ZETA.
La primera confirmación de los datos obtenidos por este Semanario fue hecha por Daniel de la Rosa Anaya, Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), quien no sólo afirmó que podría estar relacionado a una red de trata, sino que también había otros casos, como el de la pequeña Marely Adriana Meza Macías, reportada como desaparecida el 24 de noviembre de 2006. Los restos de la niña fueron localizados a inicios de 2007 sin vida y en avanzado estado de descomposición por las instalaciones del Rastro Municipal de La Paz.
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“En este caso se le ha venido dando seguimiento; estamos hablando de un hecho prácticamente de 2010, casi 13 años, sin embargo, eso no es obstáculo. Hemos seguido investigando, ahí tenemos por lo que les pudiéramos informar; se ha avanzado mucho también, así que tenemos por judicializar ya un caso que lo vemos relacionado, de otra niña en aquellos entonces: Marely, que fue dos años antes”, expuso De la Rosa Anaya.
Por más de 14 años, los familiares de estas dos pequeñas han esperado que la justicia llegue y se castigue, pero sobre todo se desarticule esta red de trata que operaba y quizá opere en la ciudad, porque “no tenemos datos que comprueben que sigan vigentes, tal vez no ellos, pero no sabemos si otros. Porque algunos ya están finados”, comentó la fuente a ZETA.
La punta del iceberg se llama Erick Antonio López Arellano, recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz desde diciembre del 2013 por el delito de homicidio calificado con traición, que cometiera en contra de su pareja sentimental de nombre Cecilia Paredes Medina, y su hijo de 13 años, ocurrido el octubre de 2012.
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Familiares de Cecilia reportaron el 21 de noviembre de ese año, la desaparición de la mujer de 34 años y el menor de 13 años, y dos niñas de 8 y 11 años respectivamente, apuntaba a López Arellano, y tras una orden de cateo, la Agencia del Ministerio Público localizó en la vivienda ubicada en el Fraccionamiento Villas del Encanto, enterrados en el patio trasero y sobre ellos una losa de concreto, a la madre y su hijo.
Un año después fue capturado y las niñas recuperadas, quienes presumiblemente también sufrieron abuso. Y es que una de las imputaciones contra Erick Antonio fue por el delito de violación presuntamente contra las dos menores de edad, acusación a la que se sumó el doble homicidio.
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Erick era un empleado del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), mantenía una relación cercana a diferentes corporaciones e instituciones de seguridad y protección civil, además de ex compañeros del C4, con quienes presuntamente operó.
Pese a encontrarse interno e imputado a los delitos de violación y el doble homicidio, López Arellano no ha dejado de insistir en buscar apelaciones y amparos para librar la justicia.
Desde su detención, hay por lo menos 124 instrumentos legales que se han promovido en busca de reducir su sentencia, amparos para revocar sentencia, quejas, inconformidades y toda clase de mecanismos para reducir su estancia en el penal de La Paz. La más reciente, se trata de una queja 308/2024, contra la jueza Enriqueta Ibarra de la Toba y otras inconformidades contra servidores públicos.
LO QUE SE SABE DE LA RED
La detención del trabajador del C4 trajo consigo mucha información de los involucrados o quienes de alguna manera intervinieron o se beneficiaron de la red de trata de personas, particularmente de menores de edad.
“En los datos obtenidos del detenido pudimos constatar la participación de ex elementos vinculados al C4, de protección civil de La Paz, INEGI y de la Secretaría de Educación Pública, y otras más. Está muy claro que conocían el sistema y sobre todo, sabían cómo reaccionarían y por donde se movían las unidades”, expresó la fuente de la Mesa de Seguridad Estatal.
Supuestamente Erick Antonio era el encargado de contactar las casas de seguridad en las que operaban, una de ellas en la colonia La Fuente, otra en Los Olivos por la calle Bravo y otra en Josefa Ortiz de Domínguez, entre Degollado y 16 de Septiembre en la colonia Centro.
La casa de la fuente era propiedad o estaba relacionada con Héctor Manuel “N”, que es ahora pensionado de la SEP; la vivienda del Centro estaba registrada a Ramón Fernando “N”, ex trabajador del C4, quien fue dado de baja en 2003; y la casa ubicada en colonia Los Olivos perteneció a Francisco Eduardo “N”, quien falleciera en 2014 y que contaba con una amonestación privada por parte de la Secretaría de Función Pública en 2022.
De acuerdo con la fuente de investigación y los datos proporcionados por el detenido en sus declaraciones, la supuesta red de trata estaba comandada por el pastor de un templo cristiano ubicado en la zona de Colina de la Cruz y La Ladrillera de nombre Guadalupe “N”, quien pudo haber abusado de menores y/o tener más contactos con pederastas.
“Mucha de la información está reservada, no muchos tienen acceso a ella, aparte de que es muy antigua; es fácil detectar quiénes solicitan esos archivos, no es una carpeta nueva que esté digitalizada. Pero sí se sabe que movían a las víctimas a diferentes puntos, quizá eran los puntos donde las resguardaban y hasta posibles abusos; todos estos individuos fueron señalados y/o mencionados en las diligencias”, reveló la fuente de la investigación.
También pertenecía a la red Saúl “N”, ex trabajador del C4 y vínculo directo con los empleados de Protección Civil en aquel momento, que habría contactado a los funcionarios para mover una ambulancia y así sacar a una de las víctimas, contactando a tres de ellos: Enrique “N”, “Luis” y otro más que actúa como testigo protegido de la Procuraduría.
Aunque dentro de la investigación hay más individuos involucrados, en la parte que fue revelada a ZETA los nombres estarían relacionados con el caso de la pequeña Lisset, y ya valorados los datos de prueba, la misma Procuraduría de Justicia relacionó este caso con el la pequeña Marely.
“Jamás investigaron los antecedentes de otros sucesos similares a los de mi hija, que sí existen, eso podía haber llevado a una forma de actuar de esas personas que se dedican a levantar niñas”, concedió en su momento Melchor Soto Torres, padre de la pequeña Lisset.
Había casos similares en ese entonces, como el de Ashley Madeleine Ruiz Avendaño, de cinco años, quien fue secuestrada en San José del Cabo en abril del 2011, unos meses después del caso Lisset Soto, y al no concretarse el pago del rescate de la menor, los presuntos secuestradores la privaron de la vida y la depositaron en el Arroyo El Tule en Los Cabos.
CÓMO OPERABAN
A las cuatro de la tarde del 14 de octubre de 2010, según versiones de su padre, la pequeña Lisset bajó del camión tras regresar de la escuela, así se aprecia en la cámara de vigilancia de la tienda OXXO de Camino Real; al pasar por el sitio se comunicó con sus padres y les informó que la iban siguiendo, poco después se cortó la comunicación.
La información que ha abierto las investigaciones es determinante y vincula a ex funcionarios federales.
“En ese entonces había declaraciones vagas, algunos mencionan una unidad del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y en las grabaciones se ve la unidad, en el que Guadalupe y Eduardo laboraban, ese fue uno de los puntos que los relaciona; y ya después las declaraciones del detenido y uno de los testigos, que suponemos participó, pero que a la vez fue obligado a entrar, pero que también hay responsabilidad”, dijeron a ZETA elementos que llevan la investigación.
La información entregada a este Semanario, refiere que Lisset fue trasladada a una casa de seguridad, posiblemente a La Fuente, y movida constantemente; incluso es aquí donde manifiestan que tuvo la participación una ambulancia de Protección Civil de La Paz, y que el contacto estaría a cargo de los ex trabajadores del C4, que fueron los que involucraron a funcionarios activos municipales.
La fuente también habla del fallecimiento de una de las víctimas, mas no manifiesta si se trataba de Lisset u otra víctima, reiterando que no brindaron la ubicación exacta, que después de 14 años sería complicado ubicar rastros, pero sería importante para judicializar el caso y llevar a los responsables a su captura, ya que actualmente sólo hay imputaciones.
En aquel periodo, se sabe que hubo rotación constante y creación de diferentes grupos y corporaciones de paramédicos, muchos de los elementos vinculados con Protección Civil y el Centro de Control y Comunicaciones, pero también con vínculos con instituciones de seguridad municipal y estatal.
ZETA conversó con diferentes ex funcionarios públicos, paramédicos y organizaciones civiles que operaban en aquellos tiempos; sin dar nombres, confirmaron había acciones con las que no concibieron y que los llevaron a retirarse del servicio público o solicitaron sus cambios rápidamente, y de lo cual “los mandos estaban enterados”.
“En esos tiempos era muy complicado estar dentro de las corporaciones. Yo estuve en C4 y también en protección civil, y sí era un ambiente muy complicado, muy difícil; estaba raro el ambiente y justo después del hecho la cosa se puso más tensa, había muchos compañeros investigados y llamados a declarar. Gracias a Dios pedí mi cambio y me pusieron a disposición, pero dudas no me quedan que algo sabían o habían hecho”, explicó un ex trabajador municipal.
