61 mil pesos por caso es lo que exigen de liquidación cada uno de los 42 trabajadores despedidos de la obra del viaducto elevado de Playas de Tijuana que demandaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por despido injustificado al cancelar su contrato trimestral tras exigir el pago de aguinaldo del año 2024.
En la Secretaría federal del Trabajo les agendaron cita para el próximo jueves 9 de enero de 2025 para atender cada caso, también fue citado el demandado para que exponga las razones del despido y los pagos realizados.
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“Nada más nos orientaron y nos dieron un aproximado de lo que nos corresponde. Pero como es problema federal y salimos y nos fuimos a Otay, planteamos nuestros problemas. Por ejemplo, a mí me tendrían que pagar como 61 mil pesos por liquidación por los 90 días de despido injustificado y despedirme por terminación de contrato, porque a nosotros nos exigieron terminación de contrato, y mi aguinaldo. Es que es difícil lograr la antigüedad porque yo trabajé el año pasado en la garita de Otay”, explicó Benjamín García, empleado 1741 de la obra de viaducto.
Por ser jurisdicción federal, la Secretaría estatal del Trabajo sólo orientó a los 30 empleados sobre sus derechos laborales y el cálculo de lo que les corresponde por la terminación del contrato. Lo complicado para los trabajadores será comprobar su antigüedad, ya que algunos casos son acuerdos de palabra, otros fueron relaciones trimestrales con pausas y en otros la queja incluye la carencia de cobertura médica ante el Instituto Mexicano del Seguridad Social (IMSS).
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“Ellos me tienen en el seguro con un tabulador menor, y esos pequeños detalles los vamos a exponer el día 9 en la audiencia y tendremos la plática con Sedena”, explicó García, quien está en espera de una cirugía en nariz por complicaciones respiratorias.
Un funcionario estatal de la Secretaría del Trabajo explicó a ZETA que los afectados podrían ser más, pero algunos aceptan las condiciones laborales para no perder su sueldo y otros esperan que el caso prospere para sumarse a la causa cuando empiece a dar resultados legales, tal como ha ocurrido en otros conflictos laborales con otros patrones.
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ZETA solicitó un posicionamiento sobre el caso ante los enlaces de comunicación social de la Sedena en la Segunda Zona Militar de Tijuana, quienes no respondieron hasta el cierre de edición.
