Un juez de control desechó en el mes de noviembre del 2024 otra carpeta de investigación en contra de un elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada.
El año 2024 fue uno de los más críticos en credibilidad de la corporación luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició varias carpetas de investigación en contra de agentes municipales por su presunta relación con el crimen organizado en el Valle de Guadalupe.
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Con la liberación del oficial Enrique Pinck “N” (acusado por delitos de desaparición forzada, homicidio y asociación delictuosa), ocurrida el 4 de diciembre, suman cuatro los agentes municipales ensenadenses que han dejado el Centro de Readaptación Social, tras obtener un amparo de la justicia federal o porque un juez haya dictado falta de pruebas en las acusaciones presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) por delitos relacionados con homicidio calificado, asociación delictuosa y abuso de autoridad.
La primera liberada fue la oficial Karla “N”, quien había sido detenida al salir de una audiencia a la que asistió en calidad de testigo; fue puesta en libertad por un juez de control el miércoles 20 de noviembre.
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La detención de Karla se había realizado el martes 5 de noviembre, cuando elementos de la fiscalía de homicidios ejecutaron una orden de aprehensión en su contra, después de obtener la autorización del Poder Judicial del Estado de Baja California. Ese día, la autoridad sólo refirió que la aprehensión de la oficial se vinculaba con su presunta participación en actos tipificados como delitos, sin especificar más detalles.
Extraoficialmente informaron que se trataba de una investigación en contra de varios uniformados municipales con algún grado de participación en diversas privaciones de la libertad, ataques armados y homicidios; en aquel momento el más reciente era el asesinato de Luis Enrique Gutiérrez, cometido el 8 de febrero del 2024.
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De manera oficial, la FGE informó en su momento que los elementos detenidos por estos delitos acaecido en febrero en la delegación El Porvenir, en el Valle de Guadalupe, y por las desapariciones de cinco personas y otros homicidios cometidos en esa delegación fueron: Carlos Javier Juárez Parma, Bryan Isaac Pérez (éste ya estaba preso por el delito de desaparición), Esteban Hernández Ramos y Raúl Miguel Ramírez Villa. Los cuatro fueron vinculados a proceso el miércoles 4 de agosto.
Sin embargo, en las últimas audiencias los jueces de control los han dejado en libertad a los agentes por la falta de pruebas en su contra.
En el mes de diciembre, el oficial Enrique Pinck “N” fue llevado a audiencia de vinculación, pero el juez de control desechó las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Mientras Karla Paulina Cecilia Jacob Romero y Carlos Javier Juárez Parma, obtuvieron amparos.
Se sabe que hay más elementos prófugos y otros están en investigación dentro de las carpetas de investigación: Ricardo Dávila Soto, Daniel Roa Elizalde, Jonathan González Cruz, Luis Alberto Montes Palacios, Misuky Saray Winkler, así como José Francisco Vea Terán. (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP).
EL DECLIVE DE LA CORPORACIÓN
Mientras una docena de oficiales municipales estaban siendo investigados, la corporación se enfrentaba a un rezago por la escasez de patrullas, baja de elementos de seguridad, falta de infraestructura, armamento y capacitación.
Durante 2024, los índices delictivos crecieron: el robo con violencia aumentó de 335 asuntos cometidos hasta noviembre del 2022, a 423 denuncias hasta el mes de noviembre del 2024.
Quien estuvo al frente de la policía municipal de Ensenada durante los últimos cinco años fue el mayor de infantería David Armando Sánchez González, quien continúa en el servicio público, al integrarse en diciembre como jefe de la Comisaría en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
Su actual relevo, el policía de Mexicali, Alejandro Monreal Noriega, al llegar a Ensenada se ha enfrentado a una complicada situación administrativa, que incluye la desaparición de la Comisión Disciplinaria, encargada de resolver toda controversia relacionada con los procedimientos del Servicio de Carrera Policial y el Régimen Disciplinario, a cargo de la Sindicatura Municipal.
“HAY UN PLAN DE SEGURIDAD, UN RUMBO, UNA DIRECCIÓN”: ALEJANDRO MONREAL
“Dirigir una corporación no se trata de llegar y empezar con ocurrencias, eso sería antiético”, calificó el director de Seguridad Pública, Alejandro Monreal sucesor de Martín Álvaro Alva, quien figuró como director de Seguridad de Ensenada sólo los primeros dos meses de gobierno.
“Nuestro plan de seguridad está dividido en varios ejes, pero el primero es la profesionalización de la policía para que, a partir de ahí, podamos fortalecer la institución.
“Adicional, buscamos la capacitación ordinaria “, dijo, la que debe recibir por obligación un policía para tener a la institución en orden administrativo y operativo por medio de organizaciones internacionales.
“Me encuentro una corporación desordenada en la cuestión administrativa; en la cuestión de reglamentos está completamente ambigua, con algunos procedimientos sin actualizar”.
“La corporación lleva a cabo una propuesta de reforma de 140 artículos de la ley, entre ellas, el reglamento de Tránsito, principalmente, para que sea aprobada por los regidores del cabildo”, expuso el director policiaco.
Esta incluye modificar los programas de alcoholímetro, pues -asegura- está distorsionado el programado diseñado para prevenir y no con fines recaudatorios, como se lleva a cabo en este momento.
Además, buscan la digitalización de las multas con terminales bancarias, procurando cómo controlar el tema y el favorecer al ciudadano, quien podrá pagar en minutos.
PONDRÁN EN MARCHA FIGURA ASIMILADA DE POLICÍAS
Aunque las corporaciones en México tienen un déficit impresionante de policías, en Ensenada solicitarán a la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz, más plazas de policías, unas 150 más para el 2025.
Monreal le está apostando a la existencia de policías que buscan su cambio o permuta de otros municipios, y de otras corporaciones militares.
“Hay 15 compañeros de marinos, también del sistema penitenciario de Playas de Rosarito que quieren ingresar a la policía municipal en Ensenada. De esa manera es más fácil poder tener más recurso humano, siguiendo la figura asimilada.”
Destacó la importancia de dar ánimo a los oficiales “en todos los sentidos; no es nada más operativo”.
Entre otras acciones, dijo que reconocerán el mérito de los agentes para conmemorar el día del policía en enero. “Tenemos a un oficial que capturó a la mujer que traía el teléfono de uno de los surfistas extranjeros desaparecidos en Santo Tomas en el mes de mayo, además de la detención de un sujeto buscado por el asesinato un policía en Playas de Rosarito, así como salvar la vida de un niño en la playa”.
A pesar de que en los últimos años los incrementos salariales han sido mínimos (de apenas 200 pesos), las autoridades locales han propuesto diversos proyectos para mejorar las condiciones de los oficiales, como más dinero, construcción de viviendas y mejoras en el equipamiento.
En cuanto al equipamiento de las fuerzas de seguridad, un aspecto crucial es el esquema de arrendamiento de vehículos, que parece haber llegado para quedarse.
Aunque los recursos federales han sido limitados en los últimos años, se espera que se retome el financiamiento federal, especialmente en el marco del proyecto propuesto por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Este plan tiene como objetivo fortalecer a las corporaciones locales mediante la entrega de recursos, capacitación y equipo adecuado para afrontar los retos de seguridad.
DICIEMBRE Y LOS VEHÍCULOS RENTADOS NO LLEGAN
A mediados de noviembre, y ante la escasez de unidades para proteger a los ensenadenses, el Cabildo de Ensenada aprobó la renta de patrullas.
Uno de los aspectos clave de este plan es el arrendamiento de unidades (que incluye más de 80 vehículos, entre ellos camionetas tipo Jeep, pickups y motocicletas de tránsito), que serán distribuidos estratégicamente en las comunidades más alejadas, como Punta Colonet, Valle de la Trinidad, San Antonio de las Minas, entre otras delegaciones, donde la necesidad de unidades adecuadas es más urgente.
El objetivo es que los vehículos no sólo estén en las zonas más visibles, sino también en aquellas donde el trabajo policial es más complejo.
Aunque se tenía previsto que a mediados de diciembre los nuevos vehículos fueran entregados, la empresa aún no realiza la operación.
Actualmente, el parque vehicular de la policía estatal cuenta con 220 unidades, de las cuales 30 serán dadas de baja debido a su antigüedad y mal estado, pues muchas tienen hasta 17 años de uso.
Con la incorporación de 80 vehículos adicionales, la cifra total asciende a 270 unidades, aunque aún queda un largo camino por recorrer para dotar de vehículos suficientes a todos los sectores de la comunidad.
El principal desafío radica en la falta de unidades adecuadas, lo que limita la capacidad de respuesta ante emergencias. Según las autoridades, los agentes no tienen patrullas suficientes para cubrir todo su sector, lo que les obliga a desechar llamadas de emergencia debido a la falta de movilidad.
La modificación de la Ley Federal de Armas de Fuego, que data de hace más de 20 años, también es una de las peticiones para nivelar las condiciones de los policías en cuanto a armamento.
Los últimos incidentes de violencia han demostrado la necesidad de tener armas adecuadas, porque las actuales no ofrecen la misma capacidad de reacción que las automáticas, que son utilizadas por otros cuerpos de seguridad.
Otro de los proyectos clave para la profesionalización de los agentes de seguridad es la capacitación continua. El mal estado de los informes policiales y la falta de actualización en los procedimientos disciplinarios son algunos de los puntos críticos que se están atendiendo, aseguró Monreal.
En cuanto a las sanciones, se han identificado casos en los que omisiones en el llenado de los informes permiten que delincuentes escapen.
En este sentido, el proyecto incluye la adquisición de cámaras corporales para los oficiales, lo que contribuirá a la transparencia y a la reducción de incidentes de corrupción, además de servir como pruebas en investigaciones disciplinarias.
“El enfoque de la policía no sólo está en el equipamiento, sino también en la cercanía con la comunidad”, concluyó el director.
