El Senado de la República declaró, casi a medianoche del 3 de diciembre de 2024, la validez de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, para extinguir diversos órganos constitucionales autónomos, ello después de que el dictamen fue aprobado en 19 congresos estatales, de al menos 17 que se necesitaban.
Los poderes legislativos locales que aprobaron el dictamen fueron los de Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
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Dos horas después de haber sido avalada en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, la reforma constitucional obtuvo el voto favorable de cinco poderes legislativos locales, entre ellos el de Ciudad de México, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas. Solo el de Baja California lo rechazó.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado formuló la declaratoria y la turnó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se llevara a cabo el mismo proceso y se turnara a la titular del Poder Ejecutivo Federal, para que lo publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a fin de que entrara en vigor.
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Con 86 votos en favor y 42 sufragios en contra, el Pleno del Senado, aprobó, el 28 de noviembre de 2024, por mayoría de votos, una reforma en materia de simplificación orgánica, para extinguir diversos órganos constitucionales autónomos.
Los sufragios a favor fueron emitidos por los legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM). Mientras que los votos en contra los emitieron los diputados federales de Acción Nacional (PAN), Revolucionarios Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
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La reforma también fue aprobada en lo particular, con 86 votos a favor y 40 sufragios en contra, entre ellos el del senador de Morena, Javier Corral Jurado, quien explicó que él había impulsado la creación de algunos de estos órganos constitucionales autónomos y que se inclinaba por la congruencia.
La minuta fue enviada a las legislaturas estatales, donde debería recibir el aval de al menos diecisiete. Posteriormente ambas cámaras del Congreso de la Unión deberían de realizar la declaratoria de reforma constitucional y la titular del Poder Ejecutivo Federal tendría que publicarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Las reformas y adiciones a 14 artículos de la Constitución, aprobadas en el Congreso de la Unión, extinguieron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación (MEJORADU).
Las funciones del INAI serían trasladadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) -cuya titular es Raquel Buenrostro Sánchez-, institución que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso transformar en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La COFECE sería integrada a la Secretaria de Economía (SE). El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), pasaría al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además, la reforma planteaba la extinción de la CNH y la CRE, cuyas funciones serían transferidas a la Secretaría de Energía (SENER), así como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que pasaría a la Secretaria de Educación Pública (SEP).
