En menos de dos días, en dos municipios bajacalifornianos se vivieron dos escenarios muy distintos. La madrugada de lunes 16 de diciembre, durante una fiesta en Mexicali, detuvieron a Josué Godínez Fernández alias El Pitufo, del Cártel de Sinaloa (CDS); y la tarde-noche del martes 17 se les escapó Pablo Edwin Huerta alias El Flaquito, del Cártel Arellano Félix (CAF), del interior del Casino Caliente en Tijuana.
Mientras la lista de generadores de violencia siguió creciendo, los primeros ocho meses de 2024 se caracterizaron por el ayuno en el tema aprehensiones de objetivos prioritarios en BC y en el país.
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Tras la entrega y captura de Ismael “El Mayo” Zambada García, líder del CDS, ocurrida el 25 de julio en un aeropuerto privado de Nuevo México, Estados Unidos y el incremento en la incidencia homicida a partir de septiembre, en medio de la pugna criminal por las rutas de trasiego de droga en territorio mexicano, la llegada del nuevo Gobierno de México, titulado por Claudia Sheinbaum Pardo, mostró pequeños cambios.
Apenas el sábado 7 de diciembre se anunció la captura del estadounidense Gerardo Julio Rueda Torres alias El Tochín, identificado como trasegador de drogas y dinero para Sinaloa en la célula de Los Rusos, quienes delinquen y alimentan la violencia homicida en la franja de Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora. Con información de Inteligencia de ambos lados de la frontera -Estados Unidos tiene un expediente en su contra por lavado de dinero-, una veintena de agentes estatales ejecutaron un operativo estratégico quirúrgico y lo detuvieron mientras apostaba en el casino Hooro en Mexicali, sin mediar enfrentamiento alguno.
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Nueve días después, las primeras horas del lunes 16, agentes estatales ingresaron a un salón social en la colonia Burócratas y detuvieron al mencionado Pitufo mientras departía en una posada.
Antes, el Gobierno de México había informado de manera en extremo escueta que, tras varios enfrentamientos armados en Sinaloa, capturaron a otros dos cabecillas criminales del grupo de Los Mayos en BC: Edwin Antonio Rubio López alias El Max y/o El Oso, aprehendido en octubre; y Jorge Luis Mendoza Uriarte alias El Güero Chompas, detenido en noviembre.
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Las anteriores son evidencias claras y recientes de que si las autoridades locales y federales quieren, pueden cumplir con su obligación de detener y procesar a los responsables de la inseguridad. Todos los en esta columna mencionados estuvieron por meses, la mayoría de ellos durante años, en las listas de Los Más Buscados, disfrutando de la impunidad que les dio la compra de autoridades y voluntades, paseando y delinquiendo en las mismas calles donde supuestamente eran rastreados, pero no fueron aprehendidos… hasta hace unos días.
Prueba de que la autoridad suele no ser eficiente, o sostiene compromisos con criminales y pondera la corrupción, lo es el escape de Pablo Edwin Huerta Nuño alias El Flaquito del casino principal de Jorge Hank Rhon, en lo que solían ser las instalaciones del Hipódromo Agua Caliente. El martes 17 de diciembre de 2024, casi un año después que fuese herido (20 de diciembre de 2023) y aun en esa condición de vulnerabilidad evadiera la captura, Huerta lo volvió a lograr.
Otro caso es el de un sujeto con orden de aprehensión por homicidio en Tijuana, quien al ser detenido por la fiscalía, les informó que días antes lo habían capturado elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), a quienes había entregado 5 mil dólares para que lo liberaran.
Peor aún los policías municipales de Tijuana convertidos abiertamente en secuestradores uniformados: siete agentes que en julio privaron de la libertad a un empresario maderero y a su hijo menor, obteniendo 500 mil pesos por liberarlos, de los cuales cuatro apenas fueron reaprehendidos el jueves 12 de diciembre; los oficiales activos que en octubre, junto a otros ex policías, cobraron para liberar a un odontólogo; y aquellos que privaron de la libertad a un menor de 17 años en la colonia Herrera, hijo de un vendedor de autos usados.
A finales de octubre, Leopoldo Aguilar Durán, secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado, anunció que en diciembre de 2024, a más tardar en 2025 -no especificó en cuál mes-, los 10 mil 517 agentes de las corporaciones policiacas en Baja California, todos, habrán de realizar sus Exámenes de Confianza. Al 11 de diciembre de 2024, sólo 400 de los 2 mil 400 policías de Tijuana habían sido requeridos.
En esas condiciones de corporaciones infiltradas y no evaluadas, las recientes detenciones muestran que incluso con los actuales niveles de corrupción, pueden dar resultados positivos, es cuestión de que quieran. Las listas de generadores de violencia son públicas y han salido de las Mesas de Seguridad. Los objetivos prioritarios están identificados con foto, nombre y apellido, algunos tienen órdenes de aprehensión y en otros casos las fiscalías están fallando en la obligación de fincarles cargos.
Entre los más conocidos por la sociedad, en Zona Costa, están Pablo Huerta, del CAF, que se les acaba de escapar; James Corona alias El Apache; Franklin Ernesto Huezo Hernández alias El Ranchero; los hermanos Alfonso y René Arzate; Javier Adrián Beltrán Cabrera alias El Puma e Isaac Alhiu Chávez Cabrera alias El Alio.
En Tecate, Jesús Rafael Yocupicio y El Paquillo: en Mexicali, Jesús Alexander Sánchez Félix y/o Juan José Ponce Félix alias El Ruso; José Alonso Rocha Lazcano alias El Caimán; además de Cipriano Alfonso y Jesús Gilberto Peralta Cázares, Israel Leonardo Trigueros Muñoz y Javier Gabriel Mora Pino.
Trabajo tienen, es cuestión de tiempo para saber si de verdad las autoridades darán resultados, y así como hicieron con El Pitufo y El Tochín, los aprehenden en operativos sin balas.
Se presumen inocentes en tanto no se determine su responsabilidad mediante la sentencia de un juez, Artículo 13 del CNPP
