Sadreme Omar Benjamín Oyarzabal Fernández y su pareja sentimental Isamara López Martínez acumulan 23 denuncias de fraude ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por más de 12 millones 770 mil pesos.
Aunque hay denuncias que datan de 2018, hasta hace unos meses la pareja seguía ofreciendo casas en venta en la Inmobiliaria Roniz S.A. de C.V., en el local 1 de la Plaza Infiniti Tijuana, ubicada en el 16620 del bulevar Díaz Ordaz, en inmediaciones de Los Pinos.
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Ahora, el local está vacío y en remodelación, sin ninguna referencia a la inmobiliaria. Allí nadie conoce a la pareja acusada de estafar a por lo menos una veintena de familias. Ocurre lo mismo en otra ubicación en La Mesa, compartida sólo a algunos clientes.
Para un grupo de afectados que solicitó a ZETA resguardar su identidad, ha sdo “muy pasivo” e ineficiente el actuar de la Fiscalía, pues actualmente se desconoce el paradero de la pareja, luego de que “les dieran tiempo” de desocupar la casa donde vivían en el fraccionamiento Colinas de California.
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Además, se quejaron de que, al acudir a presentar una denuncia a la Fiscalía, algunos fueron remitidos al Centro de Justicia Alternativa sin que la pareja atendiera los citatorios. Ante la desinformación, otros presentaron juicios mercantiles. La desazón es tal, que una de las afectadas ha pensado en el suicidio por haber entregado todo cuanto tenía, relató una de las denunciantes, quienes sólo demandan le sea devuelto su dinero.
Nadie responde al número celular que otrora era de Omar, ni existe el portal de internet de la Inmobiliaria Roniz, pero el grupo denunció a ZETA que dos empleados de la pareja (Daniela Andrade y Víctor Moreno) continúan ofreciendo casas por la red social Facebook, con denominación Kaza Inmobiliaria, presuntamente propiedad de los imputados.
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Ninguno de los cuatro tiene licencia de agente inmobiliario, expedida por la Secretaría de Economía e Innovación del Estado, aunque Isamara tendría un título de licenciatura en Derecho, según el Registro Nacional de Profesionistas.
En el único caso judicializado por el delito de fraude, la jueza de control Elizabeth Delgado vinculó a proceso a Omar e Isamara, de 50 y 32 años, respectivamente, luego de que incumplieron un acuerdo reparatorio.
Se espera que en los siguientes días se efectúe otra audiencia, una vez concluida la prórroga del plazo de investigación solicitada por la Fiscalía. Entretanto, dos casos más estarían esperando audiencia inicial en el Poder Judicial para su judicialización.
CONVINCENTE
Descrito como alguien que tenía varios años vendiendo casas y con una personalidad persuasiva y tranquila -incluso inalterable ante los gritos de clientes que demandaban su dinero-, Omar ofrecía a la venta viviendas en diferentes puntos de Tijuana, como en los fraccionamientos Buganvilias, Natura, Magisterial Otay, Villa del Campo, Valle del Pedregal y Villa Fontana, bajo la modalidad de cesión de derechos.
Mostraba fotografías de las casas y en algunos casos se quedaba de ver con los posibles compradores para enseñar por fuera la propiedad en cuestión, en el entendido de que los inmuebles estaban ocupados. Incluso proporcionaba avalúos y documentos relativos a juicios hipotecarios, que “se veían bien” a ojos de algún abogado consultado por una de las afectadas.
Luego -según lo relatado por los denunciantes- Omar acordaba la fecha para que le depositaran y/o transfirieran bancariamente el precio acordado (que va de los 400 mil hasta 950 mil pesos por vivienda). Establecía en tres meses aproximadamente la entrega física del inmueble, y luego se suscribían contratos de compraventa con el logotipo y razón social de Inmobiliaria Roniz.
Esta empresa fue constituida en enero de 2016, en Tijuana, por cuatro personas, entre ellas Isamara, con domicilio en Zacatecas y quien ostenta el cargo de presidente del Consejo de Administración de la empresa, según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía federal.
El contrato firmado por Isamara, en su calidad de representante y vendedora, es tan ventajoso que penalizaba el incumplimiento de comprador, quien debía pagar intereses moratorios. Además de restituir el inmueble a la vendedora (en caso de que se hubiera entregado) en dos semanas a partir de que rescindiera el contrato, “sin importar la causa o el motivo”; lapso en que la vendedora devolvería sólo el 50 por ciento del monto recibido, según se lee en un documento mostrado por uno de los afectados.
Al cabo del plazo fijado para firmar escrituras y entregar la vivienda físicamente, en algunos casos el comprador era citado ante notario, sin que Omar, Isamara, ni ningún accionista de la inmobiliaria asistiera por un “imprevisto”. El acto legal no podía efectuarse, debido a que la información del vendedor y/o del comprador eran incorrectas.
“Con la promesa de corregir el error transcurrieron meses hasta que un día le pedí que me devolviera el dinero, aunque sea en pagos, pero sólo me devolvió una mínima cantidad”, narró una de las afectadas.
En otros casos, los compradores ni siquiera fueron citados a la Notaría, pretextando que el padre de Omar estaba enfermo y había tenido que irlo a ver a Zacatecas (lugar donde “se había comprado un rancho”, a decir del propio Omar a sus allegados); que él mismo había sufrido un intento de secuestro y un fraude; o que se había retrasado el papeleo, dijeron los denunciantes a ZETA.
A otros afectados les prometía darles una vivienda distinta a la que habían adquirido, pagando una diferencia. En un caso documentado, Omar entregó la posesión de una casa de la que decía tener los derechos y estar libre de gravamen, y que el afectado aceptó “para no perder su dinero”; pero a la postre corroboró que el inmueble legalmente está a nombre de otra persona y tiene un adeudo hipotecario.
Otro modus operandi identificado por la FGE es que la pareja pedía dinero a legítimos dueños de propiedades con deudas en el Instituto del Infonavit, con la promesa de liquidarlos, sin que efectivamente lo hicieran, con lo que el dinero obtenido fue para su propio beneficio.
FISCALÍA EXHORTA A DENUNCIAR
Hasta el momento, sólo Omar e Isamara están siendo investigados por la veintena de denuncias, aunque versiones extraoficiales indican que una de las investigaciones podría estar relacionada con un caso de falsificación de documentos y uso de documentos falsos.
El fiscal regional de Tijuana, Maximiliano Ramos, dijo que luego de que Omara e Isamara fueron vinculados a proceso tienen prohibido salir de Tijuana. De incumplirse la medida o fugarse, se giraría una orden de aprehensión en su contra.
A decir del funcionario, la jueza no impuso prisión preventiva porque los imputados “tienen domicilio fijo, tienen arraigo” y el fraude es un delito considerado no grave, que regularmente “se arregla mediante un acuerdo reparatorio suspensivo”.
“No podría imputárseles ser reincidente, pues se va a imputar cada hecho en lo individual. No obstante, tampoco se descarta que pueda solicitarse una medida cautelar restrictiva de libertad a causa de la reincidencia y el modus vivendi”, manifestó el fiscal.
De las denuncias presentadas en la FGE, siete querellas (dos de 2018, una de 2019, dos de 2020, una de 2021 y otra de 2022) están en calidad de determinadas por perdón. Otras 10 estarían en proceso de integración.
Algunas carpetas no se han podido judicializar por falta de datos de prueba, ya que los ofendidos “ya no se acercan, no nos traen documentación o no nos traen testigos y se van quedando”, justificó Ramos.
Explicó que, si bien, en este momento hay más de 20 denuncias por el mismo delito, sólo se ha podido judicializar una y los acusados sólo están vinculados. Es decir, todavía no se demuestra su culpabilidad, ya sea mediante un juicio abreviado donde acepten su responsabilidad o un juicio oral; y no existe una sentencia, por lo que no se puede coartar sus derechos como ciudadano a trabajar o a desempañar alguna actividad, conforme el principio de presunción de inocencia.
Interrogado sobre si la FGE ha identificado alguna red que involucre a más personas en la probable comisión de estos ilícitos, dado que el grupo de denunciantes dijo a ZETA que siempre les pedían ir a una misma Notaría, el fiscal regional mencionó que “hay que ver si realmente trabaja con un mismo notario, cuál es la mecánica y/o función de ese notario”. De los expedientes ya judicializados se observa que son dos notarías distintas, pero aún se desconoce su participación.
En caso de que existan más personas que necesiten denunciar, que se acerquen a la Fiscalía, conminó Ramos; y recomendó que antes de firmar algún contrato o hacer una negociación se verifique la legitimidad del negocio, porque muchas veces por la necesidad de la propia persona (víctima) lo ve como una oportunidad y se deja “enganchar muy rápido”.
“Hoy en día quién te paga menos impuestos, quién te dice que por una cantidad mínima te va a vender una casa. Eso no existe. No hay que dejarse engañar por personas que ofrecen las cosas muy fáciles”, reflexionó.
MÁS EMPRESAS
Una de las socias de Isamara en Inmobiliaria Roniz S.A. de C.V. es Yanitzia Verenitce Lira Oyarzabal Fernández, que a su vez constituyó en Tijuana, en 2017, la empresa Oyarza S.A. de C.V., también dedicada a la compra, venta, adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento, cesión, transmisión de inmuebles.
CESIÓN DE DERECHOS, UN RIESGO
Jorge Zúñiga, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Tijuana, explicó que en una cesión de derechos en realidad lo que se están vendiendo son los derechos de un juicio, que puede ser de un crédito hipotecario o no.
Y en la cesión de derecho en materia inmobiliaria, en realidad lo que se están vendiendo son los derechos de un juicio, mas no un inmueble.
En opinión de Zúñiga, la cesión de derechos “no es la práctica adecuada, por el nivel de riesgo que tiene esa operación”, ya que puede perderse el patrimonio y “no es la práctica común” para adquirir una propiedad.
“Aunque sea un precio mucho más barato de lo normal”, una cesión de derechos implica poner en riesgo el patrimonio, así sea poco o mucho lo que se está pagando, porque no hay la certeza.
“Hay veces que dicen sí ya está”, pero la casa está ocupada. “Desgraciadamente ha habido casos que, por desconocimiento de las partes, pensando que están adquiriendo un bien, se dan cuenta que lo que adquirieron fueron los derechos de un juicio que puede tener muchas variables”.
De ahí que una operación de cesión de derechos siempre tiene que ir acompañada de una opinión jurídica adecuada, hecha por un abogado especialista, con conocimiento pleno de la etapa procesal en que se encuentra el juicio y, que pueda corroborar si existe una sentencia, si el inmueble está ocupado, así como la vida del juicio, entre otros aspectos importantes.
Es recomendable también que, en tal caso, la cesión de derechos sea haga ante el mismo juez que está llevando el juicio, en aras de darle un poco más de soporte a la operación.
El especialista de AMPI comentó que una operación de compraventa de una vivienda, de contado dura en promedio cuatro semanas, ya que lleva alrededor de dos semanas obtener ciertos documentos que requiere la notaría, como el certificado de libertad de gravámenes hipotecarios, deslindes, etc. Y, salvo que previamente ambas partes hayan acordado algo distinto, el inmueble debe ser entregado al comprador en el momento en que el inmueble se está escriturando y se está liquidando.
