Uno de los destinos turísticos más importantes del país enfrenta un desafío financiero tras el gobierno de Óscar Leggs Castro, quien estuvo al frente del Ayuntamiento de Los Cabos desde finales de septiembre del 2021 hasta septiembre del 2024.
“Estamos haciendo la estrategia para salir del bache”, reconoció Rigoberto Arce Martínez, tesorero Municipal de Los Cabos.
Según la Tesorería de la administración del ahora alcalde Christian Agúndez Gómez, los activos se encuentran en números rojos.
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“Decían que teníamos 198 millones 274 mil 604 pesos en las cuentas bancarias. La totalidad de cuentas bancarias se divide en los recursos federales y los recursos de libre disposición, los recursos federales tenían un saldo de 179 millones 146 mil 209 pesos; eso indica que los recursos del libre disposición, que son los recursos propios y las participaciones federales que están municipalizadas del Fondo Federal de Participaciones, teníamos sólo disposición en el saldo. Teníamos 19 millones 128 mil 395 pesos, pero había cheques elaborados para entregarse, y esos no estaban depositados en las cuentas bancarias, el monto de los cheques era de 31 millones 355 mil 212 pesos, toda vez que si los cheques se entregan, hubiéramos tenido saldos negativos en el banco, o sea, estábamos en rojo por 12 millones 226 mil 818”, recalcó Arce Martínez.
Sostuvo que la administración actual prácticamente se quedó sin recursos para ejercer, ya que durante la gestión de Leggs hicieron una maniobra que va en contra de la Ley de Disciplina Financiera, ejerciendo los recursos de un año en un periodo de nueve meses.
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De esta forma, al llegar Christian Agúndez al Ayuntamiento, se topó con que ya no había más recursos para ejercer en este 2024.
“Hicimos la observación, que teníamos una diferencia en la parte del presupuesto alrededor de 305 millones de pesos, sin embargo, una vez estando ya con los documentos en la mano, la diferencia en el presupuesto ronda alrededor de los 846 millones 335 mil 667 pesos. Esto significa, que la parte que le correspondía a esta administración, presupuestalmente fue jalada hacia los nueve meses, para cerrar los ejercicios en los primeros nueve meses del año; esto nos deja en un estado de indefensión presupuestal, porque finalmente los sistemas municipales y también lo que nos indican las leyes en la Cuenta Pública, de manejo de la Cuenta Pública, la Ley de Disciplina Financiera, que las erogaciones del Ayuntamiento deben estar soportadas con el presupuesto autorizado por Cabildo”, afirmó el tesorero municipal.
Y la deuda no se limitó al pago de proveedores, pues también estaban los compromisos a largo plazo y el Buró de Crédito en el que fue inscrito el Ayuntamiento por no saldar las cuentas pendientes.
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“La Dirección de Egresos encontró expedientes superiores a los mil 300 millones de deuda no pagada; aparte la Dirección de Contabilidad encontró una cantidad similar de deuda registrada, documentada y en el pasivo por alrededor de dos mil 200 millones. Entonces estamos hablando de bastante, como de dos mil 500 millones solamente de deuda. También la parte que le corresponde al Ayuntamiento liquidar para las instituciones, como son el ISSSTE y el SAT, rondan cada uno alrededor de los 300 millones de pesos no liquidados, solamente en los ejercicios 2023 y 2024”, dijo Arce Martínez.
Otro de los problemas fue que inmediatamente en el primer año del ejercicio fiscal de la anterior administración, se hizo una contratación excesiva, duplicaron la plantilla de trabajadores, y apuestan a que muchos de ellos ni siquiera estaban colaborando en las actividades municipales.
De ahí que están analizando área por área para realizar un recorte sesudo, sin afectar a trabajadores que estén verdaderamente cumpliendo su labor y que sean indispensables para el funcionamiento de la administración.
“Aparte de que tenemos un problema, tenemos compromisos que cumplir; el trabajador no sabe de cuestiones presupuestarias, él solamente espera que se le pague su nómina y sus prestaciones, esa es la parte del presupuesto. Ese desfasamiento presupuestal tiene su origen en la sobrenómina que existe; la administración anterior contrató el 58 por ciento de sobrenómina en relación a lo que recibió en el Ejercicio 2021”, finalizó Rigoberto Arce.
LLAMARÁN A CUENTAS A LEGGS
Para tratar de salir a flote e intentar cubrir la deuda impagable que heredó la actual administración, el XV Ayuntamiento de Los Cabos solicitará un préstamo por hasta 300 millones de pesos, y de alguna manera cumplir con los compromisos de fin de año.
El crédito se pagó a corto plazo, aunque también existe la posibilidad de solicitar un adelanto de las participaciones estatales y federales, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, que deberían ser atender un problema de liquidez y no la contratación de artistas u otras situaciones que no son necesarias de urgencia.
“Es un empréstito de hasta 300 millones de pesos; obviamente se hará con toda la transparencia posible, y así sean 10, 20, a lo mejor es mucho menos, pero sí, obviamente nosotros queremos garantizar el pago de todas las prestaciones de todos los trabajadores del municipio. Ese realmente es nuestro objetivo”, sostuvo Christian Agúndez, alcalde de Los Cabos.
En las últimas semanas se ha hablado de presuntas denuncias en contra de ex funcionarios de la administración de Oscar Leggs Castro, en la que figura él mismo y otros más, incluso ex servidores municipales que están protegidos por el fuero constitucional en el Congreso del Estado.
Se espera que sean requeridos algunos para que declaren lo que a su derecho convenga, pues la Fiscalía Anticorrupción, Contraloría y la misma administración municipal están revisando las cuentas para evitar que el daño a las finanzas públicas quede sin castigo.
“La auditoría forense de la XIV Administración se va a realizar en las próximas semanas; se están planteando las bases para poder realizarla y obviamente como lo llegamos a comentar en algún momento, se va a informar absolutamente todo lo que encontremos en su momento”, lanzó el Alcalde de Los Cabos.
En respuesta, Leggs comentó que él no se esconde y que está dispuesto a aclarar cuanta información le sea requerida, indicó que durante su gestión al frente del XIV Ayuntamiento se hicieron los movimientos conforme a derecho.
El ex edil reiteró que esto es claro, ya que algunos ex servidores públicos de su administración, hoy fueron ratificados en el cargo o incluso con mayores responsabilidades al frente de las arcas públicas, lo cual, reiteró, habla del buen manejo durante su periodo.
“Lo hemos dicho siempre; estamos dispuestos a ayudar, estamos dispuestos a aclarar lo que se tenga que aclarar, pero de frente y aquí en las instancias correspondientes”, confirmó Leggs Castro.
ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR CONTRATO DE CHAYANNE
La polémica por la contratación opaca del cantante Chayanne, que visitará la ciudad de La Paz el 18 de febrero del 2025 en el marco del Tour “Bailemos Otra Vez” y que se empalma en fechas del Carnaval, ha sido señalada por los ciudadanos porque, siendo un evento privado y que organiza “Baja Vibes” (esto debido a que la empresa no contaba con recursos para contratar al cantante), lo hizo a través de un préstamo que facilitó el Ayuntamiento de Milena Quiroga y que a su vez solicitó al Gobierno del Estado.
Entonces se sospecha de posibles actos de corrupción, ya que la empresa estaría vinculada con servidores públicos de la propia administración municipal que utilizaron a un tercero para hacer un “negociazo”, donde el préstamo sería pagado con el boletaje; así quedó establecido en la sesión del Comité de Adquisiciones celebrada el pasado 25 de octubre en la ciudad.
Además, manifiestan en el documento que el 50 por ciento sería pagado por el Gobierno del Estado, versión que fue negada por la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño.
“El Comité de Participación Ciudadana es quien redirecciona la denuncia original, y es a través de este comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción que tenemos la noticia de del hecho, y con ella iniciamos la investigación en este sentido”, confirmó Lenin Emiliano Ortiz, Fiscal Anticorrupción de Baja California Sur.
El Fiscal indicó que se investiga todo acto irregular que se haya realizado en la contratación del artista, desde que no haya pasado por el Cabildo y sea un acto ilegal, y hasta que el recurso de 18 millones de pesos que ya se pagaron hayan salido de la cuenta municipal en beneficio de un particular.
Explicó que también hay que revisar que los recursos públicos no hayan sido distraídos a los bolsillos de un servidor público y/o un tercero, por lo que habrán de requerir información e investigar a cada uno de los participantes.
“Se ha hecho mediático la referencia al tipo penal de peculado. Este delito se encuentra previsto en el Artículo 285 de nuestro Código Penal, y digamos la dinámica, la experiencia en la configuración de este tipo penal en su primera fracción, que es la más común, que se refiere a la distracción de recursos públicos, esta distracción tiene que ser para el servidor público en primer momento o para un tercero. Digamos que los criterios judiciales que se han realizado o la dinámica histórica de este delito por los órganos jurisdiccionales, es que este delito tiene una característica muy específica, que efectivamente el dinero sea distraído para un para el propio servidor público o para un particular; es decir, tiene que haber un detrimento al fin público”, aseguró Lenin Emiliano.
Actualmente se investiga a por lo menos 14 servidores públicos, entre ellos la Oficial Mayor, Síndica, regidores y demás funcionarios públicos que participaron en la sesión del Comité de Adquisiciones para aprobar y dar pie a la utilización de recursos públicos provenientes de un préstamo del Gobierno del Estado para la contratación de Chayanne, evento que es organizado por un tercero.
Y es que los mismos servidores públicos municipales, incluida Milena Quiroga Romero, alcaldesa de La Paz, reconocieron que la visita de Chayanne obedece a un evento particular que organiza la empresa, quien sería la encargada de todo, desde la contratación, pago y organización del evento, y que por ello tiene un costo la entrada.
“Ahorita es competencia de la Fiscalía, precisamente, hacer esta parte de lo que el Código Nacional establece como la primera etapa, que es la investigación inicial; es decir, en esta etapa haremos las solicitudes de información y las entrevistas que sean necesarias para establecer en un primer momento si este hecho es uno de los que la ley establece como delito. Cuando se colme esta circunstancia, bueno, se resuelve sobre el ejercicio de la acción penal; si es así, se judicializa y se busca este hecho que será con el que se fija la litis y los imputados que lo cometieron los participaron en su comisión, un auto de vinculación a proceso. Los delitos por hechos de corrupción traen sanciones de tipo diversa; no solamente es una pena de prisión, también contempla penas o sanciones que comúnmente son administrativas como una inhabilitación o una multa”, finalizó el Fiscal Anticorrupción.
En contraparte, el líder de Jubilados y Pensionados de La Paz, Francisco Javier Osuna Frías, denunció que no les pagaron un bono a jubilados que obedece el orden de los 600 mil pesos, a lo que calificó como irregular, fraudulento y de falta de sensibilidad.
El reclamo es que en lugar de pagar el 15 de noviembre el compromiso con los jubilados del Ayuntamiento de La Paz, prefirieron pagar la deuda de un tercero, haciendo un préstamo a una empresa particular y no a jubilados, con quienes hay un compromiso.
“Es triste y da coraje que nos engañen de esta manera, porque la Oficial Mayor menciona un oficio que no incluye nuestro pago; para mí esto es un contubernio. ¿De qué le sirven al Ayuntamiento mil 200 pesos que nos quitaron a cada jubilado, no sé si para completa la venida de Chayanne?, porque da tristeza enterarse que la presidenta solicita 18 millones de pesos prestados al Gobierno del Estado, Gobierno se los presta y ellos se los prestan a una empresa privada, que no tiene por qué prestarle. Se comenta en los pasillos que ella parte en la empresa”, lanzó Osuna Frías.
Así, se interpuso a la Oficial Mayor, Luz Estela Morales Limón, por falsear documentos, ya que señala que, mediante el oficio No. SG/SAJP/191/2024 del 30 de septiembre, el entonces secretario general del Sindicato de Burócratas, Sergio Guluarte instruyó se pague el bono anual por la cantidad de dos mil 750 pesos y no cuatro mil, como se había indicado previamente.
