María Guillermina, madre de un empresario dulcero privado de la libertad, asesinado y calcinado por policías municipales en Tijuana, demandó el amparo de la justicia federal en contra de diversas autoridades estatales y municipales en Baja California.
Por no implementar las medidas necesarias para impedir que policías activos cometan crímenes; por no reconocer a la madre como víctima indirecta; por negarle participación y acceso a la información de la investigación; por no dictar las medidas pertinentes de asistencia ni ayuda provisional a su favor; y por no aplicar la Ley de Víctimas.
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Los señalados son el agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California; el Juez de Control del Poder judicial del Estado de Baja California; y el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Baja California; además de los dos policías municipales procesados por la desaparición y muerte de su hijo.
Guillermina demandó un juicio de amparo indirecto con relación a la carpeta de investigación con Número Único de Caso (NUC) 0204-2022-39032 del índice de la Unidad Especializada de Personas No Localizadas y causa penal 6141/2022, “…reclama actos de las autoridades responsables, que constituyen violaciones de derechos humanos… acciones y omisiones tanto en la investigación, como en el proceso penal correspondiente”.
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El objetivo de la madre y víctima indirecta, es sentar un precedente y obligar a las autoridades a cumplir con las leyes en materia de desapariciones forzadas y “…exigir que se dicten medidas de reparación integral del daño”.
Ir más allá de la conocida sentencia de indemnización económica, la cual se sabe, no se cumple en los delitos de alto impacto, aunque haya una orden judicial. La madre va por “… la publicación o difusión de la sentencia; el acto público de reconocimiento de responsabilidad; medidas en conmemoración de las víctimas, o hechos y derechos tales como monumentos; las becas de estudio y becas conmemorativas”, todas, acciones obligadas en la reparación del daño, explicó la subsecretaria de Derechos Humanos en Baja California, Melba Olvera, a través de una columna en octubre de 2019, cuando se desempeñaba como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
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Como parte de las reparaciones obligadas por la Ley, la funcionaria habló de “… la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar” a “todos los responsables, e informarlo, y de las garantías de no repetición de los hechos que comprenden capacitaciones y reformas legislativas”, lo que también está siendo solicitado por la madre afectada.
El reclamo de María Guillermina es que un juez ordene a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaria de Seguridad Pública de Tijuana, a la Comisión de Desaparecidos y al Estado, revisar y reconocer todos los errores que cometieron en la investigación por la desaparición y muerte de José Alberto Cantero Ramírez y el juicio que aún no concluye, y que el propio juzgador instruya a las autoridades señaladas, implementar acciones específicas para resarcir el daño y garantizar que otros policías no secuestren a otro ciudadano y éste aparezca asesinado; asimismo, que la fiscalía y los jueces no vuelvan a negarse a reconocer la calidad de víctima indirecta de una madre y le nieguen los derechos que brinda la Ley.
EL CRIMEN DE ORIGEN
José Alberto Cantero Ramírez, de 40 años de edad, quien se trasladaba de Otay a la delegación La Mesa a pagar 45 mil dólares de una deuda, fue detenido la noche del 1 de septiembre de 2022 en la intersección de las calles Transpeninsular- al aeropuerto- y Calle 16 de Septiembre de la colonia Libertad.
Alrededor de las 20:26 horas, sin mediar motivos lo esposaron y lo metieron en la cabina trasera de la patrulla BC-823A-1, todo quedó grabado en un video de vigilancia que facilitó la identificación, como presuntos responsables, de los policías municipales Martín Trinidad, de 36 años -quien realizó llamadas telefónicas mientras cometían el delito- y Esteban Heriberto, de 29. Al ser detenidos el 22 de septiembre, el primero estaba en posesión de 35 mil 615 dólares y 155 mil 570 pesos; y el segundo, de 7 mil 950 dólares.
La esposa de la víctima reportó su desaparición al C4 a las 00:12 horas del viernes 2 de septiembre de 2022, cuatro horas después de la privación; horas después, se presentaron en la Fiscalía General del Estado a solicitar su búsqueda, pero les respondieron que debían esperar 48 horas.
Diez horas y media después de la privación de la libertad, a las 06:52 horas del 2 de septiembre, el cadáver de José Alberto fue localizado en la colonia Burócratas Ruiz Cortines, Delegación Mesa de Otay. Fue identificado 29 días después porque el perfil de ADN correspondía con el de su madre, María Guillermina.
Respecto a los policías y presuntos responsables, la Comisión de Desarrollo Policial tiene un expediente congelado porque Trinidad y Galaz contaban con antecedentes por “No haber velado por la vida y la integridad de los detenidos” y “No reportar al C4 la intervención policiaca”. Y Trinidad, uno más por abuso de autoridad.
A petición de la defensa, la audiencia intermedia de los dos presuntos responsables de la privación del comerciante -detenidos el 22 de septiembre de 2022-, se ha diferido en varias ocasiones. La próxima cita quedó pactada para el 10 de febrero de 2025, fecha en que supuestamente se acogerán al procedimiento abreviado.
Aún se ignora por qué el Ministerio Público les ofreció ese beneficio, dado que se presentaron elementos suficientes para evidenciar su responsabilidad; tampoco se sabe qué ganarían al declararse culpables.
COMPENSACIÓN ECONÓMICA INEXISTENTE
“La reparación se da en los delitos patrimoniales, pero en delitos de alto impacto como la privación, el secuestro o el homicidio, es casi imposible”, refiere Martín Octavio Navar Rivera, abogado de María Guillermina, quien lleva el caso junto a sus colegas Jesús Lee Cisneros Checa y Jorge Sánchez Solano.
Los jueces sentencian a miles o millones de pesos en compensación como lo marca la Ley, aunque saben que no se cumplirá. “¿Cuándo te va a pagar, si las personas están en la cárcel por 20, 30 años? Veo muy complicado que eso pueda suceder”, recalcó Navar Rivera.
Ejemplos hay cientos, uno en San Quintín: la enfermera Lucero Rubí Ojeda Huerta, de 29 años, fue asesinada el 24 de septiembre de 2020, y hasta el 30 de septiembre de 2022, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Baja California fue instruida para generar un equipo interdisciplinario y dictaminar una compensación justa para la familia. Dos años y dos meses después, nada ha hecho.
Los homicidas materiales y confesos del fotoperiodista Margarito Martínez fueron sentenciados a 25 años de prisión y al pago de reparación del daño por 486 mil 950 pesos, sin que a la fecha exista una aportación, “pero hay un registro de víctimas y ese debe tener un fondo del Estado para que haya para atenderlos, hay que activar esos mecanismos, hacer que te registren”, enfatizó el abogado.
De eso se trata este amparo, porque el marco normativo sí protege, pero no todo está activado, y es lo que la madre busca”, expuso sobre su clienta.
A la par, las deficiencias existen en el incumplimiento de la obligación del Estado, de proporcionar asesores y asistencia médica y psicológica a las familias. Se contabilizan decenas de casos como el del adolescente Kaleb Enrique, desparecido por unas horas y localizado sin vida el 7 de septiembre en Tijuana. El 11 de septiembre, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la fiscal general María Elena Andrade, aseguraron en conferencia semanal que ya estaba atendiendo a su familia, pero en noviembre seguían sin contactarlos.
SE TRATA DE SACUDIR JURÍDICAMENTE UNA ESTRUCTURA: ABOGADO
De acuerdo con el abogado Martín Octavio Navar, “un amparo de este tipo podría darle vida al ordenamiento jurídico que ya existe”, pero no se cumple, “para que el Estado con lo que tiene, atienda su responsabilidad; no le va devolver su hijo a la señora Guillermina, pero por lo menos le va a dar la satisfacción de que hizo algo, yo no sé si le va disminuir su dolor, pero va a sentir que participó en la solución”, concretó.
