En mayo arrancará en BC el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿qué pasará con los jueces y magistrados capacitados cuando sean removidos por la elección de jueces?
Una de las grandes críticas que se han hecho al Poder Judicial de Baja California, es su desinterés en participar en las manifestaciones contra la reforma constitucional, que desarticula el sistema jurisdiccional como lo conocemos y abre la posibilidad a la elección de jueces, magistrados y ministros.
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La cercanía del magistrado presidente, Alejandro Isaac Fragozo López con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, dejó claro que hay una negociación o acuerdo para proteger a la cúpula jurisdiccional de Baja California, por lo que, aunque se aplique la reforma, quienes definirán candidatos y mecanismos de elección serán los propios gobernantes locales.
El mismo magistrado presidente ha referido que para junio de 2025 podría ejecutarse la jornada electoral para elegir a los nuevos juzgadores del Poder Judicial, salvo que el Instituto Estatal Electoral (IEE) tenga otra comprensión al respecto.
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Lo interesante es que un mes antes de ello, en mayo de 2025, entrará en vigor la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con lo que se tendrá un esquema totalmente nuevo para impartir justicia en estas áreas tan sensibles, puesto que se resuelven conflictos entre particulares en torno a propiedades, pero también a pensiones alimenticias, custodia y demás.
En comparación con el sistema penal, la materia civil y familiar tienden a ser más complejas, además de representar la mayor parte de la carga laboral del Poder Judicial local, lo que significa que los más de mil artículos nuevos que vendrán a operar la forma de impartir justicia representan una especialización muy estricta.
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Nos encontramos ante la implementación de un sistema de justicia totalmente nuevo y que podríamos considerar el cambio más importante de la última era, el cual está ocurriendo al mismo tiempo que se estructura el experimento morenista para romper con la carrera judicial y abrir la elección de jueces, magistrados y ministros.
Durante su culto a la personalidad disfrazado de Informe de Gobierno, Fragozo López aseveró que se están llevando capacitaciones intensas para los Juzgados y las salas, es decir, todo el personal, incluyendo juristas, reciben actualmente una capacitación para el momento en que entre en vigor la reforma.
Pero ¿qué pasará si esos jueces y magistrados que actualmente están recibiendo una capacitación -que le cuesta al erario-, no son avalados por el voto popular?
La inversión y la experiencia se harán a un lado para abrir espacio a un juzgador con poca experiencia no sólo en impartir justicia, sino en el nuevo código que prioriza la oralidad y que modifica todos los procesos del sistema de justicia.
A esto se suma que -de manera escalonada- se implementará en el resto de los municipios durante 2025 y 2026, pese a que no se ha invertido el dinero suficiente en infraestructura, pues -a diferencia de la implementación del sistema acusatorio penal- en esta ocasión no hubo dinero del Gobierno de México ni de organismos internacionales.
La única solución que le queda en las manos al magistrado presidente sea cabildear con la gobernadora que la mayoría de los juzgadores en materia civil y familiar recientemente capacitados, sean favorecidos con el respaldo popular mediante acciones de movilización, pero también de plasmar requisitos específicos para los aspirantes a juzgadores, con el objetivo de perpetuarlos en el cargo, lo cual trastocaría el origen de la reforma judicial emprendida por el ex Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y materializada por su flamante sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, para “limpiar” la corrupción del último poder.
