El Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, confirmó, el 5 de diciembre de 2024, el fallo dictado, el 13 de octubre de 2023, por José Reynoso Castillo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, quien dio sentencia condenatoria de 90 años, contra cinco de los seis militares, por el delito de homicidio calificado, con agravante de ventaja, de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), asesinados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la madrugada del 19 de marzo de 2010.
Según el proyecto de sentencia del magistrado Carlos Fernando Gallegos Santelices -que fue difundido el 12 de diciembre de 2024, avalado por sus homólogos Alfonso Gazca Cossío y Angélica Lucio Rosales-, existieron pruebas suficientes que demostraban la culpabilidad de los militares, mismas que debían calificarse como una “ejecución extrajudicial”, porque agentes del Estado mataron directamente a dos personas civiles, sin justificación alguna. Asimismo, indicaron que el delito constituyó una obstrucción del proyecto de vida de dos estudiantes jóvenes, destacados académicamente y que estudiaban en el Tec de Monterrey.
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“Y no porque la vida de un estudiante de esa institución tenga más valor que otras vidas, sino aquí lo que se destaca es el caso concreto de los occisos, quienes habían dejado a sus familias en otras entidades federativas en donde vivían para venir a estudiar a esta ciudad [Monterrey], sumado a que el orden social esperaba de ellos la aplicación de sus conocimientos dentro de las ramas profesionales en que se desempeñarían, situación que genera que sí deba considerarse en la toma de decisión para graduar la culpabilidad y aumentarla”, indicó el proyecto del magistrado Gallegos Santelices, quien también subrayó que las acciones de estos cinco militares repercutieron de manera negativa en la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“A lo que se le agrega que el hecho fue cometido por militares, lo que evidentemente hace que disminuya la confianza de la sociedad en dicha institución, la cual debe estar fortalecida por actos que reflejen todo lo contrario, como es su protección, de ahí que la magnitud de la afectación del bien jurídico tutelado ocasionado por los elementos castrenses aumente el grado de culpabilidad como lo afirmó el juez, al impactar negativamente en todo el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional”, abundó el magistrado, cuyos homólogos determinaron que el fallo de primera instancia era acertado, luego de que la defensa señaló que la pena era desproporcionada.
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“Sin embargo, como fueron dos personas privadas de la vida, al aplicar el concurso de delitos real, la sanción a imponer era de 90 años de prisión que se obtenía de sumar las penas impuestas por cada una de las víctimas. Penalidad que, al exceder los 60 años que refiere el artículo 25 de la legislación penal federal, es por ello que la fijó en esa cantidad de años, conclusión que se estima correcta”, insistieron los integrantes del Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey.
“Aun cuando actualmente le corresponde al juez de ejecución efectuar el cómputo de la prisión preventiva para los efectos de la compurgación de la pena, al estar ya vigente la Ley Nacional de Ejecución, se considera que no afecta el hecho de que el juez de Distrito lo haya efectuado”, puntualiza la sentencia dictado por los tres magistrados de forma unánime.
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La resolución del Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, también estableció que las víctimas no eran integrantes de algún grupo criminal, ni se encontraban armados al momento en que fueron privados de la vida. La sentencia contra los militares se dictó por el delito de homicidio calificado y por su conducta desplegada tras los hechos, con el propósito de alterar la escena del crimen, ocultar las evidencias, y obstaculizar el acceso a la justicia y a la verdad.
“14 años de lucha por justicia. El 5 de diciembre de 2024, un Tribunal confirmó la condena de cinco militares por las ejecuciones extrajudiciales de Jorge y Javier en 2010. Amnistía Internacional saluda este fallo que reivindica a las víctimas y subraya la necesidad de control civil sobre las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Todos somos #JorgeYJavier”, escribió la organización no gubernamental, en su cuenta de la red social X.
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la confirmación de la condena a cinco militares por la ejecución extrajudicial de los estudiantes del ITESM, campus Monterrey,
En un comunicado, la ONU-DH precisó que el 5 de diciembre de 2024, en una resolución recién hecha pública, el Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, del Poder Judicial de la Federación (PJF), en Nuevo León, confirmó por unanimidad la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, el 13 de octubre de 2023.
La ONU-DH recordó que los estudiantes fueron privados arbitrariamente de la vida en el campus del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la capital de Nuevo León, por elementos del Ejército, quienes además alteraron la escena del crimen, para simular una agresión en su contra y evadir su responsabilidad.
Según destacó la ONU-DH, el Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, concluyó que existían elementos suficientes para confirmar la responsabilidad de los efectivos militares, incluyendo la alteración de la escena del crimen.
“La ONU-DH acoge positivamente esta decisión que reivindica a las víctimas y a sus familiares, reconoce explícitamente que Jorge y Javier fueron víctimas de ejecución extrajudicial y recoge la importancia del Protocolo de Minnesota [modelo para las indagatorias de esta clase], para la investigación de este tipo de casos”, destacó.
“La resolución del Tribunal Colegiado de Apelación también evidencia la importancia, por una parte, de contar con autoridades judiciales independientes y profesionalizadas y, por otra, de establecer mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas de naturaleza civil sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, enfatizó la ONU-DH, que también remarcó la necesidad de establecer que la participación de las Fuerzas Armadas, en tareas de seguridad pública debería ser temporal.
“Finalmente, la ONU-DH reconoce principalmente a las familias de Jorge y Javier, cuyo digno caminar contra la impunidad es fuente de esperanza para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en México, especialmente para aquellas que han sufrido la privación de la vida de un ser querido en circunstancias similares”, concluyó.
Después de más de 13 años del asesinato de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo -dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), asesinados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la madrugada del 19 de marzo de 2010-, José Reynoso Castillo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, dictó sentencia condenatoria de 90 años, el 13 de octubre de 2023, contra cinco de los seis militares, por el delito de homicidio calificado, con agravante de ventaja.
La ejecución extrajudicial de Mercado Alonso y Arredondo Verdugo ocurrió la madrugada del 19 de marzo de 2010, en el exterior de la institución de estudios superiores. Los elementos del Ejército dispararon y luego golpearon los cadáveres de los estudiantes de excelencia, e hicieron parecer que los jóvenes eran sicarios, afirmando que iban armados “hasta los dientes”, después de que les sembraron fusiles de alto calibre.
Mercado Alonso, de 23 años de edad, estudió Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico Regional de Saltillo, junto con Arredondo Verdugo, de 24 años. Ambos estaban becados y realizaban sus estudios de Maestría en Sistemas de Manufactura y de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, respectivamente, en la Escuela de Ingeniería del ITESM.
El 19 de marzo de 2010, a las 00:38 horas, ambos seguían en la biblioteca del ITESM Campus Monterrey, estudiando para los exámenes trimestrales. Luego, a las 00:40, una persecución de militares contra presuntos delincuentes había llegado a las inmediaciones del instituto, en el cruce de la avenida Eugenio Garza Sada y Luis Elizondo. Allí se desató una balacera. Para las 00:45, Mercado Alonso y Arredondo Verdugo salieron de las instalaciones para dirigirse al domicilio particular, donde se alojaban.
Al principio, autoridades locales y federales afirmaron que ambos eran sicarios, pero cuando los familiares de los jóvenes los contradijeron, entonces afirmaron que los estudiantes habían sido víctimas de un fuego cruzado. Siete años después, las investigaciones confirmaron que Mercado Alonso y Arredondo Verdugo habían sido acribillados por militares.
En agosto de 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 45/2010 por dicho caso, en la que afirmaba que aquel 19 de marzo de 2010, los estudiantes fueron golpeados por los militares, mientras agonizaban. Además, les sembraron armas y los responsables alteraron la escena de los hechos. Ante ello, pidió indemnizar a las familias y denunció trabas de la SEDENA, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Nuevo León.
Ante la actuación de los militares, el Gobierno Federal admitió, el 19 de marzo de 2019, que los jóvenes eran inocentes, además de que fueron asesinados y revictimizados, por lo que Olga María Sánchez Cordero Dávila, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ofreció una disculpa pública a los familiares.
“A nombre del Estado mexicanos les ofrezco una disculpa pública por violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos”, dijo Sánchez Cordero Dávila, a las familias de los dos estudiantes.
Cinco de los militares participantes en los sucesos están en prisión, mientras que un sexto se encuentra en calidad de desaparecido y se sospecha que ya murió. Asimismo, existe una carpeta de investigación pendiente, por los delitos de robo de identidad, abuso de autoridad y exceso de fuerza.
“En relación con la información más reciente sobre el caso, nos congratulamos de este paso significativo para traer justicia para Jorge y Javier y sus familiares. En el Tec seguiremos inculcando los valores que hacían de ellos dos estudiantes mexicanos destacados y personas extraordinarias”, informó el ITESM, en un comunicado.
