La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, cedió a la condición del Sindicato de Burócratas de firmar el acuerdo establecido entre ambas partes, con motivo de la tentativa del gobierno de reformar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (Issstecali).
La anuencia de la mandataria a plasmar su rúbrica sobrevino luego que la burocracia cumpliera la advertencia de emprender un paro a partir del 28 de noviembre en instalaciones de Recaudación de Rentas, ante la falta de un documento formal en el que quedaran establecidos los compromisos adquiridos por Ávila Olmeda con los agremiados en el tema de la pretendida enmienda.
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El 27 de noviembre, durante la conferencia matutina de la gobernante, alrededor de 500 burócratas irrumpieron en el Centro de Convenciones de Baja California en Playas de Rosarito, a manera de protesta contra la intención de modificar la Ley, a propósito de la cual se habían manifestado en rechazo a que se incrementara la edad para jubilarse, lo cual motivó a que la ex alcaldesa de Mexicali suspendiera la rueda de prensa y accediera a atender a una comisión sindical integrada por Guillermo Aldrete Casarín; la secretaria general en Rosarito, Nadia Moroyoqui; el representante de la Agrupación Estatal de Jubilados y Pensionados, Francisco Gómez Medina, y demás liderazgos .
De acuerdo con integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California en su carácter de funcionarios, participaron la gobernadora, los secretarios de Hacienda y del Trabajo, Marco Moreno Mexía y Alejandro Arregui Ibarra, así como el director de Relaciones Públicas, Miguel Ángel Badiola.
Habiendo convenido dejar fuera de la mesa de negociación la edad para jubilarse y mantenerla en 60 años, además de acordar que las pensiones no se someterían al sistema de Afores, la interlocución se vino abajo pese a que en un primer momento Aldrete Casarín ponderara la apertura de Ávila Olmeda y afirmara que la gobernadora se había comprometido a firmar sus compromisos, “nos retiramos nosotros del evento con la certeza que teníamos la palabra de la gobernadora que ya habíamos resuelto la situación, sin embargo, a los minutos me habla por teléfono la gobernadora y me dice: ‘No, vamos a hacer nada más un video, vamos haciendo un TikTok donde le digamos a la sociedad que ya estamos de acuerdo tú y yo y que esto y que esto está resuelto y que empeño mi palabra en que les voy a cumplir’”, expuso Aldrete Casarín en entrevista con ZETA.
El miércoles 27, el Gobierno del Estado informó vía comunicado que la mandataria estatal y el líder sindical habían acordado durante la reunión celebrada en Playas de Rosarito, “una agenda coordinada para trabajar en una estructura financiera que brinde viabilidad al ISSSTECALI”.
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Conforme a la información difundida, las partes acordaron llevar a cabo mesas de trabajo a efecto de garantizar el cumplimiento de objetivos favorables a los trabajadores y la ciudadanía; Ávila Olmeda “atendió la solicitud del líder sindical (Aldrete Casarín) de precisar que no existe la intención de modificar la edad de jubilación hasta los 68 años”, igualmente, “dejó en claro que no habrá condonaciones a entidades públicas” con adeudo al Issstecali y que hoy viernes 29 la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana haría “el pago correspondiente de más de 100 millones de pesos”.
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También quedó establecido que “la reforma al ISSSTECALI no se realizará en diciembre”, en aras de dar tiempo suficiente a calendarizar los foros de discusión, y que el plan de pensiones y jubilaciones no se encaminaría “a una administración por las AFORES”.
Además, en su cuenta de Facebook la mandataria emanada de Morena remarcó que la administración estatal había llegado “a una serie de acuerdos para salvaguardar la seguridad social de los beneficiarios del ISSSTECALI para las generaciones actuales y las que están por venir”.
Consultado por este Semanario, el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, sostuvo que hasta donde él se había percatado, no se habló de emitir un oficio firmado en el que quedaran plasmados los acuerdos.
“Estuve en la reunión y lo que escuché es que iba a generarse un comunicado conjunto, del propio Ejecutivo con la burocracia, sobre los puntos de acuerdo que se discutieron, que fueron validados por ambas partes, ya la vedad es que el protocolo de firmas, yo me salí en la parte final de la reunión. Entenderás que estamos ahorita trabajando con la parte final del paquete económico que tenemos que entregar”, indicó.
Ante la falta de la emisión de un acuerdo firmado, el sindicato procedió con el paro programado para el 28 de noviembre en instalaciones de Recaudación de Rentas en los siete municipios de Baja California. De acuerdo con datos proporcionados por trabajadores, al menos en cinco oficinas quedaron suspendidos los servicios y en Tijuana, participaron alrededor de 6 mil 900 burócratas.
“Pudiendo haber resuelto todo el día de hoy (miércoles 27), pudiendo haber nosotros evitado una afectación a la sociedad el día de mañana porque se va a paralizar todo Baja California no le preocupó a la gobernadora eso. Simplemente no quiso empeñar su palabra en un documento a través de una rúbrica. Entonces si es cierto que su palabra vale porque ella se compromete y va a cumplir por qué no firma”, aseveró en la entrevista con este medio el secretario general del sindicato.
“Esos acuerdos sí se tomaron en la mañana. Tengo que reconocerlo. Sí fueron acuerdos que ella aceptó y que al momento de estrecharnos la mano de conformidad y quedamos de que se quedaran nuestros abogados con el licenciado Arregui, el secretario del Trabajo y Previsión Social, fue quien encabezó la estructuración del documento, tristemente al final del día nos dice que no, que no lo va a firmar, que nada más ella emite un comunicado y que así tengo yo que aceptar”, estableció.
“Se asume el compromiso de no encaminar el plan de pensiones y jubilaciones a una administración por AFORES; Se reafirma que no se vulnerarán derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras reconocidos por los criterios y jurisprudenciales, así como en las reformas que en su caso se realicen a la Ley del ISSSTECALI que deriven de las mesas de trabajo; Se buscarán de manera conjunta alternativas para el saneamiento del ISSSTECALI, con el objetivo prioritario de garantizar un servicio médico digno para trabajadores en activos, jubilados y pensionados, a través del suministro de insumos, medicamentos, equipamiento, procedimientos quirúrgicos; Que el diálogo con la Burocracia y el Magisterio se desarrollará considerando en forma exhaustiva las posiciones técnicas, jurídicas, económicas y sociales; Se dará transparencia al resultado de la auditoria externa realizada al ISSSTECALI; Se instrumentarán en coordinación con los Municipios y entidades públicas las acciones necesarias para que se paguen los adeudos históricos al ISSSTECALI. No se condonarán adeudos por ningún motivo; Se reitera que no existe la intención de modificar la edad de jubilación a 68 años, ni establecer algún otro cambio o reforma a la Ley del ISSSTECALI que no se encuentre debidamente consensuada con las representaciones de la burocracia o magisterio, respectivamente”.
Tales son los ejes del acuerdo establecido con la burocracia plasmados en un documento difundido la tarde del jueves y firmado por la mandataria estatal, así como por el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, y el consejero jurídico, Juan José Pon Méndez.
LAS OTRAS VARIABLES
Si bien, el gobierno de Baja California se comprometió a dejar intacto el apartado de la edad para jubilarse, lo que había dado lugar para que el sindicato se mostrara conforme con las negociaciones, hay otras variables que podrían modificarse.
Sobre ese particular se le preguntó al secretario de Hacienda si para efectos de reformar la Ley del Issstecali se contemplaba eliminar la pensión dinámica, hacer que los jubilados paguen por sus servicios médicos o eliminar la deuda del gobierno por concepto de reserva técnica (de la cual, a decir de trabajadores consultados, dispusieron los hoy ex gobernadores Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez).
“Estamos en la postura de que es nuestra obligación técnicamente evaluar todos los escenarios, todas las alternativas y el impacto de cambios en las variables para encontrar una salida, lo que es una salida que sea negociada con los trabajadores. Una reforma a un sistema de pensiones tiene que cruzar por esas variables, no habría manera de pensar en que se va a corregir si no tomas decisiones en cuanto a la modificación de las variables relacionadas con lo que está construyendo precisamente el problema que está haciendo que no se puedan pagar”, antepuso Marco Antonio Moreno Mexía.
De cualquier modo, “nos reservamos en este momento la posibilidad de hablar de escenarios que puedan dar pie a que se interpreten como decisiones tomadas en una reforma que a la fecha, te lo digo con franqueza, no existe”, aclaró.
De la fecha de envío de la iniciativa al Congreso del Estado, sostuvo: “Desde un inicio” Ávila Olmeda instruyó que en el gobierno se trabajara “con sentido de urgencia derivado que el problema real existe”, y abundó: “La gobernadora siempre planteó que la fecha ideal de la reforma era que saliera en este mismo ejercicio para que iniciara sus efectos en 2025, pero no es una condición de tener que sacar la reforma durante el mes de diciembre de manera precisa”.
En cuanto a la tentativa de reformar la Ley recordó que “el sistema de pensiones está colapsado” y que “alrededor del 95% del déficit proviene del sistema de pensiones”.
Detalló el consabido esquema “está generando un déficit anual, para el estado de alrededor de 6 mil millones de pesos” y que si se toma en cuenta “el déficit asociado de municipios y paraestatales, está en rango de 7 mil millones”.
Argumentó que el Gobierno del Estado ya no puede amortiguar el déficit que implica el sistema de pensiones.
“Ya prácticamente no lo puede continuar haciendo, porque la propia Ley de Disciplina Financiera no permite financiar el gasto corriente”, mencionó.
En referencia al paro al que convocó el Sindicato de Burócratas, afirmó que “no hay implicaciones”. Agregó que “800% de la recaudación es electrónica actualmente”. Además, atajó que el Gobierno del Estado contaba con personal de confianza para en dado caso atender en las oficinas seleccionadas como sedes para suspender actividades laborales.
“Vamos a atender el mandato que nos ha instruido la gobernador para trabajar la parte jurídica, financiera y tener al final de cuentas la posibilidad de que esto mejore”, reiteró.
En alusión a la auditoría que los oponentes a la reforma solicitaron se le hiciera al Issstecali, a cargo de una empresa externa, manifestó que ya estaba en curso.
“Es una firma (MAZARS) de auditoría internacional, autorizada por la Secretaría de la Función Pública para dictaminar entes públicos en entidades de gobierno”, informó.
A la par del Sindicato de Burócratas, el grupo Unidos en Defensa del Issstecali se ha manifestado en contra de reformar la Ley en la materia.
Guillermo Rivera Millán, asesor e integrante de la organización, habló de la importancia de “aclararle tanto al personal activo y pensionado de la burocracia y del magisterio qué es un derecho adquirido y el derecho adquirido en el tema de salud o de servicios médicos, específicamente el de pensiones y jubilaciones, la Suprema Corte ha sido ya muy clara en decir que la expectativa de derecho es mientras no cumplan los requisitos”, en alusión a que de manera reiterada la gobernadora ha dicho que con la reforma no se afectará a los trabajadores en sus derechos.
“Si una Ley de seguridad social como es la Ley de Issstecali te dice 30 años de servicio, 30 cotizados, como es la Ley de 1970, mientras tú no cumplas esos requisitos y no presentes tu solicitud termina siendo una expectativa de derecho, hasta que los cumplas y presentes tu solicitud se convierte en un derecho adquirido”, expuso en entrevista.
“No vemos en sí que el gobierno quiera buscar una solución, lo que sí vemos es que el gobierno quiere otra vez responsabilizar a los trabajadores de la burocracia y el magisterio, incluso llevarnos a los jubilados, que ya estamos en otra esfera jurídica, que ya aportamos toda una vida, y llevarnos otra vez a que nos quieran cobrar el servicio médico, como lo ha anunciado del secretario de Hacienda”, reclamó en entrevista Victoria Bentley Duarte, coordinadora del apartado de la burocracia en el Estado.
“Nos quieren hacer responsables tanto a burocracia y magisterio de todo ese gran déficit que existe en el Instituto. Por ejemplo, al decir que el magisterio gana más de 250 mil pesos un maestro al mes, cuando nosotros podemos comprobar que existen maestros que tienen un salario mucho menor, 50 mil pesos, 60 mil pesos, porque obtuvieron los beneficios en programas federales como carrera magisterial, donde se tuvo que realizar exhaustos exámenes”, complementó Mónica Nájera Meza, coordinadora de Magisterio en Tijuana.
Los tres entrevistados advirtieron que producto de la crisis por la que atraviesa el Issstecali, los medicamentos y los servicios médicos a los que tienen derecho los beneficiarios del Instituto son escasos y deficientes. Propusieron que en dado caso, para sacar adelante las finanzas se debería disminuir la contratación de servicios personales o el monto de las compensaciones a trabajadores de confianza.
“La compensación de los trabajadores de confianza está muy por debajo de los niveles de compensación de los trabajadores de base, no sólo en términos de compensación, también de las prestaciones adicionales. El problema no está ahí, francamente”, arguyó Moreno Mexía.
“La elevada carga de servicios personales en el propio Instituto del Issstecali, eso es algo que la gobernadora ya nos pidió atender, que revisáramos y que lógicamente procedamos en consecuencia”, concedió.
“YO HE SIDO UNO DE LOS ALCALDES QUE MÁS HA PAGADO AL ISSSTECALI”: ARMANDO AYALA
Los integrantes de Unidos en Defensa del Issstecali también señalaron que Marina Ávila Olmeda condonó recargos a Ensenada por concepto de deuda al Instituto.
“Condonó a Armando Ayala de Ensenada y yo me opuse y vemos que claramente la gobernadora ya era un doble discurso porque ella en el mes de junio presentó un decreto al Congreso donde condona el 99 por ciento de los recargos, que son 3 mil 800 millones de pesos, de los deudores”, indicó Victoria Bentley.
Consultado al respecto el ex alcalde de Ensenada y hoy senador de la República, Armando Ayala Robles, refirió que cuando el recibió el Ayuntamiento “tenían nueve años que no pagaban nada” y, por lo que a él respecta, pagó “casi 2 mil millones” de pesos.
“Entonces yo he sido uno de los alcaldes que más ha pagado al Issstecali. Hay algunos asuntos que es casi imposible resolverlos de fondo, porque son temas ya muy añejos, después, nueve años no se pagó ni un cinco, entonces sí afectaron severamente las finanzas del Ayuntamiento y de los trabajadores. Entonces nosotros tuvimos toda la voluntad, incluso hasta con terrenos le abonamos a la cuenta y con recursos propios del Ayuntamiento y ahí están los datos”, remató.
