Son 70 denuncias y 161 observaciones, las que se han presentado ante la Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, en contra de la pasada administración, presidida por Montserrat Caballero Ramírez.
De las denuncias, 42 ya han sido presentadas y procesadas; de ellas, cinco son de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA), seis de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM), siete de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeti), y una de Regidores, realizada directamente contra la alcaldesa por presunto enriquecimiento ilícito, por la construcción de su casa en el fraccionamiento Playas de Tijuana, sección Costa de Oro, cuyo costo fue de 80 mil dólares.
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La Secretaría de Educación presentó cuatro; la Oficialía Mayor tres; la Secretaría de Bienestar seis; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) tres; y la Tesorería siete.
Una de ellas se convirtió de carácter penal por la adquisición del sistema de armonización contable REGER-GRP, a la empresa Management Technology Innovations, S.C. por 92 millones 816 mil pesos, el cual, según la síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, no cumplió con las especificaciones y “no soportó la operatividad del municipio”.
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De las otras 28 denuncias, que se encuentran en investigación, cuatro son del Instituto Municipal de la Juventud, tres del Instituto Municipal de la Mujer, una de la Secretaría de Bienestar, tres del Instituto Municipal de Arte y Cultura, una de Oficialía Mayor, cuatro del Instituto Municipal del Deporte, seis del SDIF Municipal, dos del Instituto Municipal Contra las Adicciones y cuatro de la Secretaría de Gobierno.
En el caso de las observaciones, 22 corresponden a la SDTUA, 10 a la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable, siete a la SSPCM, siete a la Secretaría de Bienestar, siete a la Sedeti, seis a la Secretaría General de Gobierno, seis a la Oficialía Mayor, ocho a la Tesorería Municipal, tres a la Consejería Jurídica, dos a Presidencia y 83 a la Sindicatura Procuradora.
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Respecto a las denuncias y observaciones, la síndica comentó que están relacionadas con irregularidades en contratos adjudicados de manera directa; falta de evidencias en contratos con adquisiciones; falta de inventario y expedientes mal integrados.
Cuestionada sobre si esta serie de denuncias obedecen a una “persecución” política, como acusó la ex alcaldesa, declaró: “Todos los servidores públicos estamos expuestos a este mismo procedimiento, incluso su servidora también a su salida va a tener que someterse a un procedimiento. Es meramente algo técnico, es algo que marca la ley”, señaló Balderas.
Será a partir de la próxima semana que la Sindicatura llame a comparecer a alrededor de 100 servidores públicos de la pasada administración para solventar denuncias y observaciones.
