La llamada reforma judicial tendrá un “altísimo costo” para los mexicanos, debido al impacto negativo que tendrá en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre 2024 y 2027, estimó el expresidente del Colegio de Economistas, Enrique Rovirosa Miramontes.
El PIB de 2024 rondará entre 1.3 y 1.5 por ciento, que representa una desaceleración económica que se va a “agravar” por la reforma judicial, independientemente de lo que suceda en la elección presidencial de Estados Unidos.
“La incertidumbre que se genere ante un estado de derecho tan endeble que vamos a tener, producto de las modificaciones a la Constitución y leyes secundarias, así como del propio proceso de impartición de justicia es un panorama muy preocupante”, aseveró.
En declaraciones a ZETA, Rovirosa Miramontes criticó a los legisladores federales y locales aprobaron una iniciativa de reforma judicial sin haberla leído, ni analizado los impactos económicos negativos que traerá. “Es sorprendente cómo se sigue comprometiendo el futuro de las generaciones jóvenes y por venir” y también es “grave” el silencio de los sectores productivos, añadió.
Ya está costando “miles de millones de pesos” a la ciudadanía y a empresas el retraso por cuatro meses de paro de los trabajadores del Poder Judicial. Situación que incluso podría hacer que empresas cierren si sus casos judiciales pendientes de resolución repercuten en su flujo de efectivo.
Haber hecho la reforma judicial de la forma “atropellada” en que se hizo “también va a tener un efecto sobre la productividad de los trabajadores del Poder Judicial que han participado en el paro”, cuyos efectos no se han calculado, pero que será en perjuicio de la ciudadanía.
El próximo año, cuando se realice la elección de una parte de jueces, magistrados y ministros y lleguen a esos cargos personas ajenas a la carrera judicial tendrán una curva de aprendizaje, que también afectará la productividad del Poder Judicial.
A la incertidumbre por la que están “detenidas” inversiones privadas nacionales y extranjeras se sumará el propio costo de las elecciones de jueces, magistrados y ministros, que según cálculos del propio Instituto Nacional Electoral será cercano a los 13 mil millones de pesos.
Con un Poder Judicial “acotado” y “débil” es previsible que la revisión del T-MEC sea más compleja para México frente a Estados Unidos y Canadá, observó el especialista. (Julieta Aragón)
