En sesión ordinaria, la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur decidió no aprobar las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2022 de los Ayuntamientos de Mulegé y Comondú, así como la del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOSAPAS) de Comondú.
De acuerdo con los dictámenes presentados, la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS) reportó que el Ayuntamiento de Comondú, gobernado en ese entonces por la alcaldesa Iliana Talamantes, arrojó 36 observaciones, de las cuales 15 fueron solventadas, 11 quedaron con estatus de “solventación parcial” y 10 como “no atendidas”.
Las irregularidades dieron un monto de 57 millones 135 mil 811.47 pesos sin comprobar, recordando que en 2022 el Ayuntamiento de Comondú ejerció un Presupuesto de Egresos de casi 600 millones de pesos.
Por otra parte, se fincaron 69 observaciones al OOSAPAS Comondú: ocho solventadas, 19 con “solventación parcial” y 42 con “observaciones no atendidas”, que arrojan un monto de 63 millones 949 mil 427.42 pesos.
En este caso en particular, el total de recursos no comprobados corresponde al 66 por ciento del Presupuesto de Egresos de OOSAPAS de ese año.
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En este escenario, se sometió a análisis lo que fue el primer año de ejercicio de Edith Aguilar Villavicencio al frente del Ayuntamiento de Mulegé, dando como resultado un total de 41 observaciones: cuatro solventadas, 18 con “solventación parcial” y nueve como “no atendidas”.
En total son nueve millones 265 mil 395.37 los que quedaron sin comprobar, siendo el Ayuntamiento con el menor monto.
Cabe recordar que Edith Aguilar acaba de iniciar su segundo periodo como alcaldesa, luego de haber sido reelecta en junio de 2024. Ha mencionado anteriormente que trabajan para solventar las observaciones que la Auditoría marcó.
Al igual que en el análisis de las cuentas públicas de otros municipios, la ASEBCS recomendó a los entes implementar medidas correctivas necesarias para evitar la reincidencia y ser objeto de sanciones por acción u omisión en que impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de faltas administrativas.
Mientras que la XVII Legislatura ordenó al órgano técnico especializado que “presente las denuncias penales y administrativas, a efecto de deslindar responsabilidades por los hechos y omisiones relatados y otros que deriven de las investigaciones que se realicen, y procurar la indemnización o reparación de los daños en su caso se haya causado al patrimonio de los entes públicos fiscalizados”.
