Por nueve votos contra dos sufragios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó, el 5 de noviembre 2024, una propuesta de Lenia Batres Guadarrama, para retirar el proyecto de sentencia que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, respecto a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos de oposición, en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y que resolvería las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
Los ministros que sufragaron a favor de no retirar el proyecto fueron Noma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales y Loretta Ortiz Ahlf. Mientras que Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, votaron en contra.
“No es exagerado afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos será retomada por los libros de historia de nuestro país”, dijo Piña Hernández, en un breve discurso, previo al inicio del debate del Pleno de la SCJN.
La ministra presidenta del máximo tribunal constitucional agregó que el caso que se debatiría tenía componentes que serían escrupulosamente analizados por la sociedad, por la comunidad jurídica nacional e internacional, así como por las futuras generaciones.
“Me dirijo a la sociedad para hacerle saber que estamos conscientes del peso histórico que conllevara esta discusión”, enfatizó Piña Hernandez, al garantizar que en las decisiones de ella y sus pares, estaría presente su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución.
El ministro del máximo tribunal constitucional, González Alcántara Carrancá planteó en su proyecto declarar la inconstitucionalidad de la elección por vía voto popular de jueces y magistrados, pero mantendría la de ministros, para poner fin a la “crisis constitucional”.
“Se declina conocer de ese régimen (elección de ministros) en un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los Poderes de la Unión”, explicó González Alcántara Carrancá en su sentencia.
El proyecto del ministro también propuso declarar la invalidez de la figura de los jueces sin rostro, la supresión de los amparos con efectos generales, así como la elección por voto popular de jueces y magistrados.
Sin embargo, la propuesta de González Alcántara Carrancá pidió que se mantuviera la elección de los integrantes de la SCJN, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.
Además de la posible invalidación de la elección de jueces federales y magistrados, el ministro también propuso declarar la inconstitucionalidad de la renovación total de los poderes judiciales locales, esto es, que los jueces estatales no fueron removidos y sustituidos por otros electos por la vía del voto popular.
El ministro aclaró que el análisis de la reforma judicial surgió de que hubo una violación a los principios constitucionales y una “grave afectación a la democracia constitucional” y, haciendo eco del discurso presidencial en contra del PJF, asegurando que los privilegios que se buscaban mantener, eran las garantías de imparcialidad e independencia en el cargo.
En su proyecto, González Alcántara Carrancá afirmó que sus pares del máximo tribunal estaban plenamente facultados para analizar el régimen electoral de ministros, pero propuso sobreseer su discusión por “mesura institucional”.
El ministro afirmó que la SCJN, en su carácter de tribunal constitucional, pudiera revisar las reformas constitucionales que afectaran los principios básicos establecidos en la Carta Magna, lo que se había llamado “cláusulas pétreas”.
Previo a que el Pleno de la SCJN discutiera el proyecto que invalidaba la elección popular judicial, afuera de la sede del máximo tribunal constitucional decenas de ciudadanos, trabajadores, activistas y diputados federales de oposición apoyaron a los ministros.
El mismo día, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reiteró sus críticas a la reforma judicial, a unas horas de que fuera debatida en el Pleno de la SCJN.
“[La reforma judicial mexicana] es extremadamente inusual, es sui generis en el mundo, es algo que no hemos visto antes, ver a todos los jueces removidos de esta manera. Si bien pudiera decirse que es una reforma democrática para hacer a los jueces más cercanos al pueblo, de hecho los hace menos responsables democráticamente, pues a quien deben responder los jueces es a la ley y la Constitución”, afirmó Satterthwaite, quien participó en la conferencia de prensa matutina de jueces y magistrados federales, agrupados en el Colectivo Artículo 41.
“Hay potencial de gran politización del acto de juzgar. Hay nuevas oportunidades de influencia de actores económicos, legales e ilegales, y un daño al imperio de la ley. Juzgar no es un trabajo fácil, se requieren habilidad técnica y aprendizaje sobre la marcha. Cambiar a jueces que tiene muchos años de experiencia va a dañar al sistema mismo, porque se va a reemplazar a jueces experimentados con novatos”, agregó Satterthwaite.
“La @SCJN tomará una decisión histórica respecto a las impugnaciones contra la reforma al poder judicial. Esta resolución representa un momento clave para la democracia, la independencia de los poderes y el Estado de derecho. Estoy convencido que reafirmará su compromiso con la justicia, asegurando que el poder judicial mantenga su autonomía y funcione como pilar de nuestra democracia”, indicó, por su parte, Mako Antonio Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, en su cuenta de la red social X.
