Del fraude en la caja de ahorro ASOMA, las víctimas revelan que desde finales de 2013 percibieron que no se reflejaba el pago de rendimientos sobre el dinero guardado en dicha instancia, sin embargo, fue hasta el año siguiente que supieron de los malos manejos del recurso, señalando como presunto responsable a José Manuel Peñuelas Hermosillo, ex líder sindical de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Baja California y director general de ASOMA.
En octubre de 2014, aproximadamente 150 docentes denunciaron en lo que fue la PGJE (Procuraduría General de Justicia del Estado) el fraude realizado tanto por Peñuelas Hermosillo, como por José Manuel y Edgar Peñuelas Espinoza (hijos del primero); la indagación se asentó en el Número Único de Caso (NUC) 02-2014-47766, causa penal 1226/2015.
SEÑALADO CULPA A ISEP
Una década después, el ex director general otorgó una entrevista a ZETA para exponer su lado de la historia. De acuerdo con José Manuel Peñuelas Hermosillo, debido a malos manejos por parte de la Secretaría de Educación Pública de Baja California en 2013 y 2014, ASOMA terminó por quedarse sin recurso, ya que se suspendieron los descuentos que se realizaban a las y los maestros activos que contaban con un préstamo con la propia caja. Argumentó que no existió una explicación como tal por parte de la ISEP sobre el recorte de dichos descuentos, violando así los convenios de colaboración que tenía ASOMA con la propia autoridad estatal, vigentes desde 2003.
“En ese convenio, ese es el principal problema, que ellos violentaron un convenio de colaboración. Ese convenio de colaboración que teníamos con ellos, obviamente nos protegía de tener la garantía de que íbamos a seguir recuperando el dinero que se prestaba”, señaló Peñuelas Hermosillo.
Expuso al contador público Fernando Salazar Tovar -entonces director de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública de Baja California- como uno de los principales culpables del fraude que sufrieron las y los docentes que confiaron en la asociación ya que era el encargado de cumplir con el convenio anteriormente mencionado. Al momento de percatarse que no se estaba respetando la relación entre ASOMA e ISEP, trató de comunicarse con el propio contador, y en sus palabras, “hasta la fecha no nos ha contestado absolutamente nada, no nos han dicho por qué fueron suspendidos”.
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Asimismo, declaró que con la decisión de la autoridad educativa en el Estado no sólo afectaron a las maestras y maestros jubilados que contaban con recurso en la asociación, también a las y los docentes activos, ya que al no tener los descuentos de dichos préstamos, los intereses del mismo han crecido, aumentando así la deuda a solventar.
Como prueba de la acción que realizó Salazar Tovar, compartió a ZETA un correo electrónico que tiene como remitente al propio Fernando Salazar Tovar y como destinatario a María del Refugio, quien ejercía como jefa del Departamento de Pagos de ISEP.
En el cuerpo del correo electrónico, enviado el 1 de julio de 2014, se lee que el convenio que tenía la Secretaría de Educación Pública de Baja California con la Asociación Social Magisterial quedaba cancelado y, a partir de ahí, los descuentos dejaban de presentarse en las y los docentes activos.
“Por este medio le informo que derivado de reunión con la Lic. Lourdes Robles y con el Lic. Miguel Ángel Rodríguez Castro, en relación al convenio de retención y entero de importes celebrado con Asociación Social Magisterial (ASOMA), operado en ISEP con el número C-47. Dicho convenio será cancelado y por lo tanto usted no deberá aplicar los descuentos a partir de la primera quincena de agosto 2014”.
Sobre el documento, Peñuelas Hermosillo comentó que hace algunos meses se le notificó que dicho correo era fidedigno, es decir, realmente fue emitido por ISEP.
“Hace unos meses nos informan ya oficialmente que este documento efectivamente salió de ISEP, donde ordenan que se suspendan los descuentos a la asociación. Después nos informaron que ya estaba terminada esa auditoria por la función pública y el órgano interno de control, y que si habían encontrado trece anomalías y tres responsables y a pesar de tener anomalías y responsables, siguen empeñados en no resolver”, dijo.
Pese a que los descuentos fueron suspendidos en 2014, existen nóminas de 2019 a 2023 en las que aparecen los recortes correspondientes a los préstamos de ASOMA, reflejando inconsistencias en el actuar de la ISEP y que, a pesar de presentar pruebas, no hay una explicación clara por parte de la autoridad sobre dichos descuentos.
De acuerdo con José Manuel Peñuelas, han tenido reuniones con la actual administración de la Secretaría de Educación de Baja California, encabezada por Luis Gallego Cortez; sin embargo, la autoridad señala que no tiene responsabilidad en el problema, ya que de 2014 hacia atrás, cuando existía el convenio, el recurso se entregó a la Asociación.
“Dicen que ISEP no tiene responsabilidad porque de 2014 para atrás, todo lo que descontaron a los maestros se lo dieron a la Asociación, pero ese no es el pleito. Luego dicen que después de 2014 hubo demandas, les descontaron a los trabajadores y todo lo entregaron al Juzgado, pero ese no es el tema; el tema es que ellos suspendieron los descuentos”, argumentó.
Finalmente, el ex dirigente de la Sección 2 del SNTE en Baja California y director general de ASOMA, indicó que tras la suspensión de los descuentos en 2014, hubo docentes con malas intenciones que lo señalaban como culpable de fraude de la propia asociación, realizando audiencias con muchas inconsistencias.
EX DIRECTOR NO AFRONTA SUS ERRORES: VÍCTIMAS
Después de las inconsistencias relacionadas a ASOMA, 159 maestras y maestros defraudados entablaron una demanda contra José Manuel Peñuelas Hermosillo, señalándolo como culpable del fraude que ocurrió en la caja de ahorro, ya que él dirigía la misma.
Juan Vidaurri Padilla, docente jubilado de la Sección 2 del SNTE y afectado por este caso, refirió a ZETA que al inicio de todo, el problema se intentó negociar con el señalado; sin embargo, no accedía las negociaciones, por lo que procedieron con la demanda contra él y sus hijos.
Según Vidaurri, pese a haber logrado el embargo de bienes pertenecientes a Peñuelas Hermosillo, el proceso legal ha sido largo y tedioso, ya que el presunto y su equipo de abogados posponían las audiencias.
“Por dimes y diretes posponían las audiencias seis meses, porque el abogado defensor o el abogado representante de él renunciaba en la audiencia. Seis meses, volvemos a empezar, aparecía uno de oficio, luego decían que no lo defendió bien y ahí vamos en enredos y enredos”, aseguró el profesor Vidaurri.
Al principio confiaron en el profesor Peñuelas, debido a que fue secretario general de la Sección 2 del SNTE y candidato a diputado federal en 2003 por el PRI, haciéndoles creer que era una persona honesta. A pesar de la confianza, mencionó que se percataron que él y su familia contaban con una vida millonaria, gastando en construcciones, viajes, vehículos, entre otros lujos. Debido a ello, fue imputado por una demanda por administración fraudulenta.
El profesor Pedro Monge también es parte de las y los docentes defraudados por ASOMA, asegura que el argumento de Peñuelas Hermosillo es culpar por el mal manejo del recurso de la asociación a ISEP y no afrontar los errores propios y de sus propios hijos, señalados por el desvío de dicho recurso.
“Hay como diez cajas de ahorro y ninguna tuvo ese problema, por qué él se puso en ese problema si todas las cajas están igual y ahora quiere culpar a la ISEP de sus errores y de sus hijos. Él no se dio cuenta de que sus hijos estaban haciendo mal uso del dinero depositado en la caja, ya cuando se dio cuenta, el dinero ya estaba malversado”, sostienen los afectados, quienes confían en que se les devuelva su dinero, estimado en 109 millones de pesos, y con los intereses que se han ido acumulando a lo largo de los 10 años, buscan que el señalado pague aproximadamente 159 millones de pesos.
El profesor Vidaurri informó que lamentablemente, siete maestros que se encontraban en la lucha legal perdieron la vida y no se hizo justicia, no obstante, eso motiva al resto de sus compañeros a seguir adelante con la disputa para recuperar lo que les pertenecía y finalizar con esta pelea.
JUICIO CONTINÚA
Una década no ha bastado para dar solución al fraude cometido a cientos de maestros que confiaron en la Asociación Social Magisterial, ya que se tiene programado el juicio oral para marzo de 2025. Las y los involucrados esperan que sea el inicio del episodio final de este caso.
Arath Castillo Lizarde
