La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio trámite de publicidad, el 6 de noviembre de 2024, a tres dictámenes de reformas constitucionales que serían discutidos y eventualmente aprobados la próxima semana.
Entre ellas la de la extinción de siete órganos constitucionales autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación (MEJORADU).
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Las funciones del INAI serían trasladadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) -cuya titular es Raquel Buenrostro Sánchez-, institución que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso transformar en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La COFECE sería integrada a la Secretaria de Economía (SE). El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), pasaría al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Además, la reforma planteaba la extinción de la CNH y la CRE, cuyas funciones serían transferidas a la Secretaría de Energía (SENER), así como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que pasaría a la Secretaria de Educación Pública (SEP).
Asimismo, la Mesa Directiva de San Lázaro también dio publicidad al dictamen que proponía la ampliación del catálogo de delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa, al incluir la extorsión, narcomenudeo, producción y distribución de drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados, así como defraudación fiscal y la expedición o compra de comprobantes fiscales y facturas.
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Un tercer dictamen al que la Mesa Directiva de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, prohibiría el maltrato animal, incluida la crianza y el aprovechamiento de animales para consumo humano, así como la obligación del Estado mexicano de garantizar el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales.
