Los tres órdenes de gobierno contribuyeron al colapso del sistema de pensiones, están obligados a rescatarlo, reclaman trabajadores
La crisis económica y de servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) fue publicada en números, en agosto pasado, en el Periódico Oficial del Estado dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2027 (PDI).
Expusieron que la cantidad de dependientes es “desproporcionada” porque hasta el 2023 se contabilizaban 17 mil 665 jubilados, y poco más de 45 mil 900 trabajadores activos, hay 2.6 activos por cada jubilado y se necesitan siete para que sea sustentable. Lo que omitieron exponer fue que esta situación se debe a que los gobiernos decidieron, para “ahorrar”, reducir el número de plazas otorgadas a sindicalizados y contratar eventuales.
Tratándose de pesos refirieron que, en 2023, egresaron 10 mil millones de pesos e ingresaron cuatro mil 988 millones 285 mil 536 pesos, lo que resultó en déficit de -113 por ciento. Y seguirá aumentando cada año.
El sistema de pensiones del Issstecali genera un déficit de mil millones de pesos al año: se requiere una inversión de seis mil millones de pesos, pero sólo mil millones salen de las cuotas; los otros cinco mil millones de pesos anuales salen de las arcas del gobierno y de los impuestos de todos los bajacalifornianos, aseguraron la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el secretario de Hacienda Marco, Antonio Moreno Mexía.
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“…todos debemos contribuir para resolver el problema… el sistema no puede continuar de esta manera…podría comprometer no sólo el sistema de pensiones, sino también recursos… de educación y seguridad”, ha enfatizado el secretario al promover la reforma a la ley del Issstecali que pretenden revisar en diciembre, de la cual existe un “borrador” del que poco se sabe.
Un texto que el gobierno presume haber socializado, pero los afectados aseveran desconocer.
Mientras, esos 45 mil 900 trabajadores activos y 17 mil 600 jubilados temen que ese “todos debemos contribuir” se convierta en sólo ellos, o mayormente ellos. Y aunque se han manifestado conscientes de la necesidad de aumento a las cuotas, están inquietos por los importes; preocupados, porque pretenden cobrarles más por un servicio deficiente. Dado por un instituto muy desmejorado, que se queda sin medicinas, sin tratamientos para el cáncer, que no tiene suficientes especialistas y demás rezagos.
Porque consideran que al final les va a tocar pagar por alcaldes y gobernadores del estado que, durante décadas, desviaron los recursos de las aportaciones que retuvieron a los trabajadores, sin ser castigados o requeridos. A pesar de que líderes sindicales y los medios de comunicación denunciaron a los perpetradores, pero los funcionarios que cometieron el delito fueron solapados.
De esas deudas, el sindicato informó que, en la actualidad, el Ayuntamiento de Ensenada adeuda tres mil 531 millones 380 mil pesos por 12 años de omisiones; el de Tecate, mil 425 millones 060 mil pesos; en tanto que la Comisión del Agua de Ensenada, 742 millones 060 mil pesos; la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi) y el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) de Tijuana, también deben.
Alrededor de 40 dependencias les deben más de cinco mil 524 millones de pesos.
Incluso, directores del Issstecali reclamaron públicamente, y denunciaron que los poderes ejecutivos pretendieran pagarles con terrenos -y en algunos casos, lo hicieron-, como si la institución de salud fuera una agencia inmobiliaria. Luego, en la venta de esos terrenos también hubo irregularidades.
Decir que la reforma implementará auditorias anuales, cuando ya existen y las aprueba el Congreso; proponer profesionalizar la dirección de Issstecali, cuando es el mismo estado quien ha desinado a los directores; y hablar de establecer mecanismos de transparencia, cuando esa obligación ya está legislada, sólo expone las deficiencias de los poderes estatales.
De entrada, los afectados reclaman y el gobierno está obligado a dar ejemplo de transparencia. El estado debe informar a detalle los mecanismos para el financiamiento de pensiones que proponen; y explicar cómo pretenden impactar- sin violentar la Ley- el monto con el que se jubilan los empleados en relación a su último sueldo, que aseguran es “del orden del 150 por ciento” en México, por encima del “65 por ciento de los países miembros de la OCDE”.
Los trabajadores reclamaron una revisión profunda y un informe detallado de las finanzas y un informe detallado, con la posibilidad de identificar responsables y sancionarlos.
Piden que examinen, por ejemplo, por qué en los últimos cinco el Congreso le aprobó al instituto un aumento considerable en gastos administrativos y no en áreas sustantivas. O la justificación para que Gobierno del Estado otorgue millones en “ayudas sociales al Sindicato de Burócratas, y en ese rubro incluyen los premios otorgados en rifas”, como reclamó ObserBC a mediados del presente año.
Porque si los tres órdenes de gobierno contribuyeron al colapso del sistema de pensiones, todos deben tomar su responsabilidad para rescatarlo, no sólo los trabajadores. Empezando por la obligación de hacer pagar a las entidades deudoras.
