Pedro Fidel Mendoza Vergara era residente en San Antonio del Mar, vivía con su familia en un domicilio del fraccionamiento que compró a nombre de una empresa de la que él era dueño, de acuerdo a sus declaraciones y papeleo, que entregó en las denuncias que presentó, en los años 2016 y 2022, contra los entonces representantes del Comité de Vecinos, Guillermo Anaya y María de los Ángeles Domínguez. Hoy, está muerto.
Mendoza acusó a los denunciados de intento de despojo en su contra y de otros residentes, principalmente ciudadanos americanos, “hizo transmisiones en vivo de algunos de estos intentos de despojo, y lo amenazaron” denunciaron. Este enfrentamiento desencadenó en agresiones, intentos de secuestros y acusaciones mutuas, hasta que el 22 de junio de 2024, Fidel apareció muerto y torturado.
ZETA se comunicó con una secretaria en el Comité de Vecinos, quien aseguró que Anaya y Domínguez ya no coordinaban el organismo desde hacía más de cuatro años, y que no se les podía localizar por esa vía. También se buscó a Anaya en su negocio, Mi Casa Supper Club, en San Antonio del Mar – el 6 de noviembre-. Se le dejó mensaje explicando que se le buscaba para entrevistarlo respecto a 13 denuncias de despojo que se presentaron en su contra, incluida la de Fidel Mendoza. Se llamó al restaurante el 6 y 7 de noviembre, sin tener respuesta.
LAS DENUNCIAS
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“La asociación civil en San Antonio Del Mar tiene poseídas 40 casas. Busca inversionistas para que las remodelen las venden y contratan mafia de la fiscalía para protegerlos, esa asociación civil está dirigida por Guillermo Anaya, el dueño del restaurante Mi Casa” reclamó un afectado.
“Nadie te puede obligar a pertenecer a una asociación, pero ellos lo hacen y, quien no acepta, tiene consecuencias: tratar de deshacerse de los renteros”, se quejaron.
“Los últimos años, han intentado quitarle las casas a la gente que según ellos no son los dueños y las revenden, les mandan gente y les dicen que tiene tres días para desocupar y los asustan (…), llegan en la madrugada a sacar gente y poner sellos, también sacaron a una muchacha que no había arreglado el fideicomiso de herencia de su papá”, relataron los entrevistados.
En el caso de Fidel Mendoza, “la casa era propiedad de su empresa, pero como titular aparecía el antiguo administrador y nunca cambió el predial a su nombre”, discusión que llevaba varios años.
ZETA consultó si hay denuncias contra de la asociación de San Antonio en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), localizando 14 expedientes abiertos, pero el señalamiento no es contra la organización, sino de Guillermo Anaya (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), todas relacionadas con despojos en San Antonio del Mar:
1) 0204-2016-04134, ocupar un inmueble ajeno.
2) 0204-2016-14061, falsedad ante autoridades.
3) 0204-2021-55114, ocupar bien inmueble ajeno.
4) 0204-2021-33762, ocupar bien inmueble ajeno.
5) 0204-2021-10788, ocupar bien inmueble ajeno.
6) 0204-2022-51816, falsedad ante autoridades.
7) 0204-2023-06739, ocupar bien inmueble ajeno.
8) 0204-2023-24213, hacer uso de bien inmueble ajeno.
9) 0204-2023-49002, hacer uso de bien inmueble ajeno
10) 0204-2024-37867, hacer uso de derecho real que no le pertenezca.
11) 0204-2024-38914, ocupar bien inmueble ajeno.
Y las tres presentadas por Fidel Vergara y/o Pedro Fidel Mendoza Vergara:
12) 0204-2016-14061, falsedad ante las autoridades.
13) 0204-2022-51816, falsedad ante las autoridades.
Acusó a la asociación de mentir, de referir otro dueño para quitarle su propiedad y la carpeta:
14) 0204-2021-10788, por despojo.
En la información facilitada no existe numérica de cuántos bienes inmuebles están afectados en estos expedientes, pero son tres capetas de 2016, tres de 2021, dos de 2022, tres de 2023 y dos de 2024. Sean cinco o menos años, absolutamente todas siguen “en integración”.
Pedro Fidel Mendoza Vergara ya no tendrá justicia y, si la autoridad no interviene, en el corto plazo su familia tampoco, debido a que fueron amenazados -según informaron-, viéndose obligados a abandonar el domicilio.
ATAQUES Y SEÑALAMIENTOS
Además de trasmitir algunas de las acciones que le parecían ilegales -como que la asociación construyera una oficina en el parque- y acusar presuntos despojos, Mendoza Vergara organizó su sociedad para hacer reuniones con residentes y aconsejarles que también denunciaran. Sus cercanos aseguran que recibió amenazas y fue difamado.
“Cuando denunció, algunos consejeros vecinales dijeron que era narco, que movía droga en los jet ski en la zona, pero esa actividad ilegal persiste después que el señor fue asesinado”, afirman.
“También acusaron a su mujer de traficar migrantes, y depués que secuestraron y le quitaron la vida a su marido, la amenazaron y por su seguridad se tuvo que ir”, agregaron.
ZETA consultó en las fiscalías estatal (FGE) y General de la República (FGR), obteniendo como respuesta que no se localizó carpeta de investigación contra los Mendoza, o con esos señalamientos.
De acuerdo a las denuncias presentadas ante la FGE, en febrero del año en curso Fidel estuvo en medio de ataques en dos ocasiones, frente a testigos, dentro del fraccionamiento cerca de su casa. La primera vez se acercaron al de la familia, preguntando por un tal Pablo y “si el perro muerde”. Le dispararon a dos vecinos, uno de ellos, de origen estadounidense, resultó herido, y Fidel, ileso; en el segundo caso llegaron a la casa de una vecina amiga de los Mendoza, preguntando por “Pedro, el mecánico”. Fidel estaba en la casa, pero huyó hacia la carretera en busca de una patrulla de la Guardia Nacional, a la que pidió ayuda.
Las dos veces, un sujeto radicado en Ensenada, de nombre Diego Martín Lázaro García (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), iba armado y encabezó al grupo.
En ese segundo acercamiento armado, Diego Martín fue detenido por Guardia Nacional junto con Arturo N y Pablo N, pero fueron liberados por un juez preventivo pese a que Lázaro tenía antecedentes penitenciarios.
SECUESTRO Y HOMICIDIO
Conforme a las declaraciones contenidas en los expedientes del caso, los ataques escalaron el viernes 21 de junio, cuando Fidel y su mujer -acompañados de un tercero de quien no detallan el destino- salían del fraccionamiento San Antonio de Mar y fueron interceptados por un grupo de cinco hombres armados en una camioneta, de nuevo reconocieron a Diego Martín Lázaro García.
Los atacantes bajaron a Fidel del carro y lo golpearon, cuando intentó huir, le dispararon e hirieron. En cuestión de segundos lo subieron a la camioneta, bajaron a la mujer, le quitaron el celular y se llevaron también el auto de la familia, por lo que tardó varios minutos en conseguir un teléfono para pedir ayuda.
La llamada a Emergencias la hizo su nuera y denunció un secuestro armado. En respuesta a la denuncia “llegó un viejito como de 70 años”, y aseguran que no los quisieron ayudar.
“Semanas atrás, Fidel rompió una pluma de la entrada porque no nos dejaban ingresar, y en menos de 20 minutos siete patrullas rodearon su casa”, recordaron.
Después de llevarse a la víctima, la familia denunció y pidió apoyo para localizarlo, pero no supieron nada hasta tres días después. El cadáver torturado de Fidel fue localizado a las seis de la mañana del domingo 23 de junio de 2024 bajo el puente de Punta Bandera, envuelto en una cobija de colores, entre la basura.
Como no estaba lejos de su domicilio, los investigadores presumen que el lugar donde le quitaron la vida está en la misma zona, pero no lo han localizado.
Diego Martín, el presunto responsable señalado, fue detenido el 25 de junio en Ensenada por cometer otro delito, robo de auto y puesto en prisión preventiva. Apenas la primera semana de noviembre, que lo buscaron de nuevo en el sistema, lo encontraron preso, y la FGE solicitó y obtuvo otra orden de aprehensión, que aún no ejecuta .Los elementos a su disposición no le alcanzan a para procesarlo por homicidio, así que lo acusaron por el secuestro de Fidel con tres agravantes:
– Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión.
– Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura.
– Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad.
Respecto al móvil, las denuncias por despojo son una de las líneas de investigación.
La tarde el jueves 7, vía telefónica, empleados de Guillermo Anaya informaron que estaba de vacaciones, que los datos solicitados por este Semanario estaban en posesión de su abogado y darían respuesta el próximo 14 de noviembre.
